Alarma en Pilar y Escobar: temor de los vecinos por los daños a la salud y la contaminación que pueden ocasionar dos plantas termoeléctricas

Hace 18 años Patricia De Witte decidió cambiar de vida. Se mudó a un lugar con aire limpio, rodeada de verde y en el que podía oír el silbido del viento. Ese sueño, que para ella era su hogar en el barrio Los Pilares, amenaza con transformarse en una pesadilla.

La sensación es compartida por miles de vecinos de Pilar, que se sienten invadidos por la instalación de dos centrales termoeléctricas a metros de sus casas. "En lugar de tener una vista de campo tenemos a estos monstruos. La contaminación visual y auditiva es muy molesta. No es lo que uno quería cuando vino a vivir acá", le cuenta a Infobae mientras señala las turbinas que se ven desde la calle Alborada, el límite que separa las usinas del partido de Escobar.

Esta historia comenzó hace dos años cuando el gobierno nacional licitó y adjudicó, en dos tandas, 27 centrales térmicas en distintas ciudades del país para enfrentar la emergencia eléctrica.

Dos de ellas –Matheu II y Matheu III- están ubicadas en un predio delimitado entre la ruta provincial 25 y la calle Alborada, una lindera con la otra. Operadas por las empresas APR Energy y Araucaria Energy, son fuertemente resistidas por un sector importante de  los vecinos de Pilar y Escobar.

Infografía: Marcelo Regalado

La Justicia suspendió su entrada en funcionamiento en diciembre del 2017, a partir de un amparo presentado por un grupo de vecinos y la Asociación Civil JUVEVIR ante los posibles daños al medio ambiente y la salud. Pero en mayo último, la cautelar fue levantada por la Cámara Federal de San Martín.

Los vecinos denunciaron que las empresas no respetaron el freno impuesto por la Justicia durante casi seis meses, y continuaron con las pruebas técnicas. "Nunca cumplieron las cautelares, especialmente Araucaria. Estuvieron funcionando sin acatarlas", asegura Rául Regis, vecino del barrio La Lomada.

Según le informaron a Infobae desde el Ministerio de Energía de la Nación, las dos centrales ya están operativas. En junio, APR Energy y Araucaria Energy cobraron de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) el canon fijo mensual establecido en el contrato por estar disponibles, así como el pago correspondiente a los 6.767 MW generados. En total, entre las dos, ya embolsaron USD 7 millones. 

Pero desde el Municipio de Pilar aseguran que todavía falta la habitación para empezar a funcionar. El intendente, Nicolás Ducoté, defiende la instalación de las centrales en la zona ante la creciente demanda energética en la zona.

La amenaza para la salud y el medioambiente

Entre las dos termoeléctricas podrán generar una potencia de 470 MW (megavatios), y están catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental.

Los habitantes de los barrios linderos están alarmados por el posible impacto sobre su salud: "Recurrimos a médicos, y lo que arrojan los informes es que se agravan las alergias crónicas, el impacto en la parte pulmonar e irritación en las vías respiratorias. Hay otras cuestiones, aunque no tan comprobables hoy, relacionadas con el cáncer. Sí que potencian las alergias, los problemas cardíacos, pulmonares y las enfermedades oculares", sostiene Romina Amengual, que vive en el barrio Los Pilares, a 400 metros de las centrales.

Andrés Nápoli, abogado ambientalista y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica los principales riesgos: "El impacto de las termoeléctricas depende del tamaño. Las que están en Pilar son grandes y el primer impacto que hay que evaluar es el de las emisiones de material particulado, de dióxido de azufre y de todos los gases de efecto invernadero".

Sin embargo, especialistas en energía relativizan esa posibilidad. "Los riesgos son muy bajos, ya que la emisión gaseosa está controlada, y si excede los límites, las multas son altas", sostiene Vicente Serra Marchese, ex funcionario de la Secretaría de Energía y director de Intelligence Energy Solutions.

Las dos centrales linderas operan con máquinas distintas. Araucaria Energy trabaja con turbinas Siemens que funcionan a gas natural y, eventualmente, cuando no lo hay, a gasoil. "La central no contamina, y su impacto ambiental es mínimo, para ello se compró equipamiento de última generación (turbinas Siemens-Rolls Royce Alemania) de mínimo impacto ambiental. En el mundo hay más de 7000, y ciudades como Dusseldorf, Nueva York o Santiago de Chile han instalado estas turbinas dentro de su tejido urbano recientemente", resaltaron fuentes de la empresa.

En tanto, APR Energy utiliza turbinas Mobilepac FT8 a gas usadas. "Tienen un rendimiento menor y son más contaminantes al ser tecnología más vieja, cuyo filtros no son de la misma calidad", advierte Serra Marchese. Sin embargo aclara que "de todas maneras, no pueden pasar los límites permitidos de emisiones gaseosas, ya que las multan son altas".

Ante la consulta de Infobae vía correo electrónico a la empresa en Estados Unidos, esta fue su respuesta: "Al operar, APR Energy cumple acabadamente todas las regulaciones establecidas por el gobierno local y el nacional. La inversión de APR en la comunidad local permanece fuerte y estamos comprometidos a proveerle energía a los argentinos que la necesiten".

La posible contaminación del aire no es el único riesgo. Los vecinos también están preocupados por las consecuencias sobre el agua. Para funcionar, las centrales requieren unos 5 millones de litros diarios de agua del acuífero Puelche. ¿Por qué? Se utiliza para el enfriamiento y, en algunos casos, para mitigar el material particulado que va a la atmósfera. Luego de ese proceso, el agua se vuelve a verter con mayor temperatura. "Es como el agua del radiador de un vehículo, enfría y no vuelve de la misma forma. Entonces, se necesita un tratamiento especial", explica Nápoli.

De zona residencial a industrial

La ubicación de las termoeléctricas en una zona rodeada de barrios residenciales es otro de los puntos cuestionados. "Están situadas en lugares que no son aptos para esta situación. No se trata de zonas industriales o aisladas, sino que son áreas residenciales que han tenido que modificar su zonificación. Esos cambios de usos no han venido precedidos por los mejores estudios de impacto ambiental. Hay falencias importantes en los informes que se han presentado, según los dictámenes técnicos de las autoridades que tienen que ver con la temática, y son los que han generado esta litigiosidad que atraviesa el proceso", sostiene el director ejecutivo de FARN.

A partir de la denuncia judicial de los vecinos, se abrió una investigación paralela respecto del proceso de rezonificación votado en el Concejo Deliberante, que transformó esa zona residencial en industrial. En esta causa, paralela a la de la cautelar por posibles daños ambientales, ya fueron indagados funcionarios municipales y concejales.

"Acá se hizo una rezonificación puntual de estas hectáreas y eso no es posible. Sólo lo hicieron para poder instalar las centrales. Ahora, durante el verano, se armó un proyecto desde el municipio para rezonificar el borde de la ruta 25 y así habilitar todo tipo de industria", señala Amengual. Y destaca que sólo las pruebas de las centrales ya hicieron temblar las paredes de las casas de su barrio por el nivel de ruido.

Según Serra Marchese, "para amortiguar el ruido, deberían estar rodeadas de un cerco de vegetación o de material. El volumen no puede ser superior a 45 decibeles, medidos a un metro del cerco perimetral".

Desde la Araucaria Energy aseguraron que tienen un compromiso para colocar "una abundante cobertura vegetal que permita la absoluta insonorización de la planta" y que suministrarán "información permanente sobre el funcionamiento".

Por ahora, las termoeléctricas no tienen ninguna barrera aislante, y desde la ruta se pueden ver sus instalaciones.

Desde el Municipio de Pilar defienden el proceso de rezonificación. "Se hizo abierto a la comunidad, aún en las disidencias. Hay una enorme parte de la comunidad que quiere la energía. La mayoría de los vecinos no están en contra de las termoeléctricas, están en contra de que estén instaladas en ese lugar", asegura el intendente Ducoté en una entrevista con Infobae.

Por qué en Pilar

Los Pilares no es el único barrio privado afectado. Desde las termoeléctricas al pueblo de Matheu hay apenas 250 metros; a Campo Chico, 750; a Campo Grande, 950; a La Pradera unos 1.000; al Barrio Saint Matthews, 1680; y al Colegio Saint Matthews, 2230. En el radio de 1.500 a 2.500 metros de las centrales se ubica Lagartos, y en el radio de 2.500 a 4.000 metros se encuentra otros barrios privados tradicionales de la zona como La Lomada, Ayres, Highland y Farm Club.

La explicación oficial para la ubicación actual de las termoeléctricas se sintetiza en un argumento: en la zona ya estaban los denominados nodos o estaciones transformadoras. De hecho, en el mismo predio elegido para las centrales térmicas Matheu II y III, hace siete años opera Matheu I, a cargo de Genneia.SA, con una potencia de 41 MW.

"La decisión del Ministerio de Energía fue poner esto en funcionamiento lo antes posible. Se avanzó por los lugares donde se podía inyectar fácilmente la red. Esa es la única justificación de Matheu. Entiendo que generó la inquietud de muchos de los vecinos de la zona. Trato de explicarles que está el caso de Central Costanera, que son 1.500 MW, a menos de tres kilómetros de la Casa Rosada, y el caso de Campana, que tiene 850 MW", advierte el intendente de Pilar.

Desde el Ministerio de Energía de la Nación explican que se trata de un nodo en un área que demanda mucha energía y que su ubicación ahorra costos de transporte. Aclaran que estas centrales funcionarán como back up, es decir que se prenderán para generar energía ante los picos de demanda según la época del año.

Malos vecinos

A las demandas por el impacto ambiental y el proceso de rezonificación, se suma otra causa judicial, la que encabeza el municipio vecino que, además, es de signo político contrario. "Escobar y la gran mayoría de su población está en contra de la ubicación de las termoeléctricas. Si bien están en el límite de Pilar, afectan calle por medio a los vecinos de Matheu", sostiene Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar (FPV), en una entrevista con Infobae.

"Nosotros nos manifestamos en todas las instancias: ante la municipalidad de Pilar, pidiendo reubicaciones; después lo hicimos a través del Consorcio de Región Norte II, que lo integramos seis municipios; y finalmente ante las escasas respuestas, le pedimos a los integrantes de las empresas que nos permitan acceder y les solicitamos informes. Con todo esto, interpusimos una demanda ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. La Corte respondió diciendo que la demanda era seria y razonable, y la derivó al juzgado Contencioso Administrativo para que resuelva", se explaya el intendente de Escobar.

Y agrega respecto de los posibles riesgos para la población y el ambiente en una zona poblada como esa: "No estamos en contra de la generación de energía, todo lo contrario. Pero hay que determinar los problemas biológicos, si el funcionamiento va a contaminar o no el río. Segundo, si va a contaminar el suelo. Tercero, la contaminación sonora. La tierra no tenía permitido un uso industrial. Lo que se aprobó en tiempo récord es una industria de categoría 3. Todo esto demuestra una vocación expresa de poner las termoeléctricas en un lugar donde no debieran estar. Creemos que del lado de Pilar hay lugares despoblados donde se podrían llegar a colocar".

El trámite de la licitación en la mira

Durante el proceso licitatorio lanzado por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, un ex ejecutivo de Stoneway Capital -la firma controlante de Araucaria Energy- denunció en un e-mail enviado a las autoridades de CAMMESA, que la garantía presentada por esa empresa no cumplía con el capital requerido para hacer frente a la inversión comprometida en la central Matheu III.

Sin embargo, CAMMESA – que funciona con participación estatal bajo la órbita del Ministerio de Energía- no le rescindió el contrato y le extendió el plazo para que Stoneway buscara un nuevo aval que cumpliera con los requisitos para garantizar las obras.

A partir de la adjudicación, Stoneway Capital colocó en febrero del año pasado un bono internacional por USD 500 millones. En la operación fue representada por el estudio de abogados Holland & Knight. Así lo difundió el propio estudio, uno de los más importantes de Nueva York, en un comunicado de prensa publicado en su sitio web.

Impacto inmobiliario

El efecto ambiental de las termoeléctricas, sumado al posible deterioro en la calidad de vida de los pobladores de la zona, ya tiene un correlato en la depreciación inmobiliaria de los terrenos y propiedades de los barrios aledaños.

Laura Chacar Buj, que vive en el barrio La Lomada, a 2 kilómetros de las termoeléctricas, apunta a un aspecto que no es menor: "Nunca se presentó un estudio de impacto ambiental combinado. Ya hay gente que está pensando en irse, aunque no todo el mundo puede y tampoco es la idea".

Pese a los reclamos, las termoeléctricas están operativas para funcionar. El conflicto y la polémica continúan.

El equipo de investigación de Infobae estuvo integrado para este trabajo por Mariel Fitz Patrick, Nicolás Pizzi, Fabio Ferrer y Laura Rocha. 

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