Rosario narco: entre muertes y drogas, viaje al interior de la ciudad asediada por la violencia

ENVIADO ESPECIAL- Rosario es una ciudad hermosa. Y rota, partida. Es próspera y pobre. Es de Ñúbel y de Central. Es una en el centro, macrocentro y Puerto Norte y otra en lo que llaman “los barrios”. Por las noches en la costanera se reúne cientos de personas a aprovechar la brisa que apaga apenas el calor del verano. En los barrios por las noches no hay mucho movimiento. “Barrios” es el modo en que en Rosario se denomina a los lugares atravesados por la precariedad de la vivienda y la infraestructura donde falta mucho más de lo que se tiene. Los barrios son los barrios pobres, marginales. Los que alguna vez se llamaron “villa miseria”.

Rosario es en cuanto al contraste entre pobreza, prosperidad y venta de estupefacientes muy parecida a la ciudad de Buenos Aires pero en una escala más pequeña por su menor población. La venta de cocaína de buena calidad y cortada con cualquier sustancia para estirar la materia prima, optimizar ganancias y destruir al consumidor se puede parecer a la que se realiza en el Gran Buenos Aires. La comercialización de marihuana –flores o paraguaya- es similar a la que existe por ejemplo, en Mar del Plata. La cercanía con Córdoba, capital de la provincia vecina a Santa Fe, hace que sean semejantes ciertas situaciones económicas, sociales y delictivas. Incluso, Rosario puede ser equiparable a la capital provincial, la ciudad de Santa Fe.

En todos esos lugares hay -sin lugar a dudas- delincuencia, violencia y muertes. Pero hay una singularidad que hace que el departamento Rosario -que contiene a la ciudad del monumento a la Bandera y sus alrededores- sea diferente al resto del país. En 2022 hubo allí 287 homicidios, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Pública. Es el lugar de toda la Argentina donde más gente fue asesinada.

Los capos detrás de este fenómeno criminal -“Guille” Cantero, jefe de Los Monos y su padre, Máximo Ariel, “El Viejo”, fundador del clan, René Ungaro, Esteban Lindor Alvarado, o Brandon Bay, de apenas 24 años-, cuyos nombres resuenan detrás de la ola de vendettas, se encuentran presos con fuertes condenas o imputaciones en su contra. Sin embargo, la cárcel no los amedrenta.

El departamento Rosario que contiene a la ciudad y sus alrededores tiene una población de 1.342.619 habitantes. La Matanza es el departamento judicial de la Provincia de Buenos Aires_ allí viven 1.837.244 de personas, es la jurisdicción en la que más homicidios se registraron. Según los datos relevados por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires en 2021-ulitmas cifras disponibles- se iniciaron en La Matanza 120 causas por homicidios dolosos con 127 víctimas y otras 109 por tentativa homicidio. En 2021, en el departamento judicial de Rosario hubo 244 homicidios y 287 en 2022. Dentro de la ciudad de Rosario específicamente, hubo 250 homicidios el año pasado.

De esos 287 asesinatos, solo cuatro se produjeron supuestamente por balas policiales. Es decir que casi no hubo muertos en enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas de seguridad. Según los datos oficiales, 70% de esos homicidios se produjo por disputas territoriales de organizaciones que se dedican a vender droga y por la industria del sicariato.

En la extensión de esa ciudad conviven los barrios más humildes -Ludueña, Larrea, Empalme Graneros, Villa Banana , Triángulo, Vía Honda, Industrial o Tablada- con los barrios cerrados como San Sebastián o Kentucky, donde pasó las Fiestas Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo. Se puede ver desde lejos las torres construidas en el llamado Puerto Norte que muestran la abundancia de una zona productiva por excelencia. Y en los márgenes están los barrios. Los homicidios se producen, generalmente, allí.

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Para tratar de entender y luego explicar el fenómeno de la violencia en Rosario, Infobae entrevistó a distintos actores de la vida pública y recorrió -durante cinco días-, los lugares en los que se producen con frecuencia hechos de sangre. Al momento en que esta nota comenzó a producirse, la cifra de muertos en el año 2023 era de 21. Cuando se termine de escribir esa cifra será otra, porque se habrán sumado varios asesinatos. Y eso implica -en definitiva- que la espiral de violencia y muerte que agobia a Rosario desde hace años, no se habrá detenido. En el medio, y ante la crisis, el ministro de Seguridad de la provincia presentó su renuncia.

La investigación judicial en Santa Fe está en manos de los fiscales porque allí rige el sistema acusatorio: rápido, basado en audiencias orales. En las audiencias, los fiscales que integran el Ministerio Público de la Acusación (MPA) exhiben sus pruebas las defensas las rebaten y un juez penal decide si es correcta o no la imputación o si debe quedar detenida una persona. El sistema provincial, que tiene 69 fiscales para investigar diversos delitos en Rosario, convive con el federal que se encarga de los casos de narcotráfico. Rosario tiene tres fiscales federales. Dos de ellos son subrogantes porque los cargos están vacantes. El sistema judicial federal es más lento y más pequeño.

El MPA tiene un Agencia de Crimen Organizado y Delitos Complejos en la que se investigan las bandas de narcos pero a partir de otros delitos. En los últimos tiempos, comenzó el espíritu colaborativo entre los fiscales provinciales, los federales y la PROCUNAR, el área de la Procuración General de la Nación que se dedica a investigar el narcotráfico. En Rosario se vende droga al menudeo y eso produce dinero, que se lava en Rosario y se enjuaga con la plata negra de una economía pujante impulsada por la agricultura, la ganadería y los negocios asociados. Y además tiene una enorme zona portuaria, en la que se sospecha, se dan situaciones vinculadas a diferentes delitos, relacionados al ingreso y egreso de productos no siempre legales.

Solo la colaboración entre la justicia provincial y federal puede contribuir a que los culpables sean hallados y castigados. Sin embargo, el castigo no disminuye el delito.

Ya fueron condenados por su relación con el crimen organizado un ex jefe de la Policía santafesina, un jefe de Narcotráfico de la Policía provincial, un ex jefe de la delegación de la Policía Federal en la capital de la provincia y un fiscal regional. La mayoría de los cabecillas de los clanes que venden droga en Rosario están presos. Pero la situación de violencia y muerte no decrece nunca.

Daniel Erbetta es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Tiene un diagnóstico de la situación: “En Rosario hay varios problemas: la violencia asociada al mercado ilegal de drogas, el consumo minorista dentro de la ciudad y la existencia de una economía informal en la que se facilita el lavado de dinero. El consumo interno y el tráfico existe en todo el país, pero en otras partes se regula”. Obviamente el juez de la Corte se refiere a lo que todos marcan en Rosario: la falta de “regulación” del delito por parte de la policía, hecho que sucede en otras grandes ciudades del país y del mundo.

Erbetta agrega: “Primero hubo una autonomización de la policía. Luego hubo una atomización dentro de la policía y esto llevó a una suerte de desregulación del mercado y a una pérdida de control territorial por parte de la fuerza estatal, de alguna manera al mercado lo manejan distintas bandas y esas bandas tienen el control del territorio”.

El juez explica los tres andariveles que el Estado para combatir esta situación: “La policía que está en la trinchera, los fiscales que investigan y la cárcel. Aumentó la tasa de encierros en los últimos años y a pesar del alto nivel de encarcelamiento el problema subsiste y crece. Tenemos problemas con la policía y con los presos: desde la cárcel se ordenan balaceras y extorsiones, no es especulación sino información de las causas. La política de Santa Fe no discute una reforma policial necesaria. La policía no es efectiva. La política sin distinción de color partidario no se interpela para que sea tratada una reforma policial seria”.

“Otro problema-describe Erbetta- es el de la justicia federal porque tiene una ingeniería institucional que es una pirámide invertida. Tiene tres tribunales orales de juicio con tres jueces cada uno. Hay nueve jueces. Hay solo tres fiscales y dos jueces que delegan en los fiscales, dos son subrogantes. La fiscalía general de Rosario está vacante y la Procuración no cubre ese cargo. Hay que impulsar un cambio urgente”, afirma.

Además de los crímenes por disputas narco, se registraron homicidios en ocasión de robo, en los que las víctimas no tienen relación con las bandas de narcomenudeo. Pero, como si esto fuera poco, además hay delitos que parecen ser específicos de la ciudad: balaceras y extorsiones.

Luis Schiappa Pietra es uno de los fiscales a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, uno de los hombres que logró las condenas a la cúpula de Los Monos. Señala que “las economías criminales en Rosario tienen distintas variantes. Una es el narcotráfico, pero estamos advirtiendo que esas organizaciones se diversifican y por ejemplo realizan extorsiones a comercios para dejarlos trabajar. Allí aparecen las estructuras criminales del narcomenudeo y con ellas se relacionan buena parte de los homicidios. Una gran porción de estos delitos se planifican desde la cárcel y tienen la lógica del beneficio económico”. Schiappa Pietra es de los fiscales con más alto perfil y fue amenazado debido a que en sus investigaciones se revelan los contactos de las bandas con sectores del poder local, o con financieras que asisten a los narcos en las tarea de lavar el dinero que acumulan de a millones. Pero también investiga causas por contrabando de cereales, en las que hay en juego grandes intereses.

Unos metros más allá de la oficina de Schiappa Pietra se encuentra la Unidad Especial de Extorsiones, Amenazas y Balaceras. Estas modalidades de delito crecieron mucho en los últimos dos años. La escena es frecuente: pasa gente en moto y balea un comercio o una casa como advertencia. Pablo Socca es uno de los fiscales a cargo de estas investigaciones. “La fiscalía de Balaceras se creó en 2020 para investigar las balaceras entre las bandas de narcotraficantes pero en 2021 aparecieron las balaceras a comercios para que paguen protección. Dejan carteles en los comercios con la frase ‘plata o plomo’. A cambio de ofrecer tranquilidad piden dinero. La mayoría de estas extorsiones se hacen desde la cárcel”.

Las extorsiones a comerciantes son, según los investigadores, una ramificación de los “negocios” de los narcos, que hallaron una manera de obtener dinero sin poner mucho en riesgo. A veces los extorsionados denuncian, a veces no y pagan. Las extorsiones se dan dentro de los barrios pobres contra pequeños comerciantes. Pero la modalidad delictiva se fue extendiendo en otras zonas. }

En las últimas semanas cayeron extorsionadores que no eran muy sofisticados en su accionar. Invocaban formar parte de la temible banda de Los Monos, pero daban un CBU perfectamente rastreable para que se pagaran las extorsiones. Están detenidos: el que extorsionaba estaba preso en el penal de Piñero, una de principales las cárceles de Santa Fe, en donde ocurrió una histórica fuga en 2021, con un enfrentamiento con ametralladoras.

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Los fiscales de Homicidios tienen mucho trabajo. Son ocho y cada uno tiene apenas dos empleados. Trabajan con una brigada de la policía santafesina y con eso se arreglan. Patricio Saldutti es un uno de estos fiscales. Saldutti explica: “Una importante cantidad de los homicidios está relacionada con criminalidad previa. No solo venta de drogas, pero tiene un contexto previo de violencia. Nosotros investigamos en conjunto con otras fiscalías para evitar quedarnos cerrados en un caso. Cuando relacionamos las causas conseguimos datos que nos pueden ayudar a resolver otros casos. A veces se hace difícil conseguir testigos porque tienen miedo, no quieren declarar”. Las investigaciones que comienzan por un homicidio suelen terminar en una organización delictiva.

La contracara de la acusación que representan los fiscales es la de la defensa. Casi un 80 por ciento de las personas que llegan como imputadas en casos penales en Rosario tiene defensa oficial: son, en general, pobres. El resto paga abogados particulares. Son entonces, los defensores oficiales, los que tienen trato cotidiano con los acusados de cometer delitos.

Uno de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa es Mariano Bufarini, quien señala: “Trabajamos con personas en un estado de vulnerabilidad, económico, social, cultural. Ese es un elemento a tener en cuenta para tratar de comprender por qué se cometen delitos. Defendemos gente con enormes carencias, que provienen de sectores determinados de la ciudad claramente desfavorecidos por políticas públicas. A veces comenzamos defendiendo a un hombre, luego a su hermano, o a su tío. Saber de dónde provienen los defendidos nos sirve para ejercer la defensa. Nos ha pasado de enterarnos, por ejemplo, que nuestros defendidos en un caso por robo terminan muertos”. La cuestión es simple: los imputados ingresan al sistema penal y pueden terminar asesinados debido a disputas dentro de las organizaciones a las que pertenecen.

Al sistema acusatorio que se inició en 2014 se le critica, por ejemplo, el aumento de detenidos con prisión preventiva y cierta selectividad a la hora del encierro.

Los fiscales piden las detenciones y los jueces, sin conocer el caso, solo por lo que se dice en las audiencias, resuelven si, por ejemplo, es correcta la imputación o liberan o encarcelan a una persona mientras dure el proceso. También son los jueces los que dictan las sentencias. Si las penas pedidas por los fiscales es menor a 12 años, resuelve un solo juez, si la pena supera esa cifra el caso será resuelto por un tribunal.

Román Lanzón es juez penal en Rosario, trabaja en su despacho, solo. No tiene personal y resuelve en virtud de lo que sucede en las audiencias. En Rosario, durante 2022, se hicieron 120 juicios orales, hubo 1473 juicios abreviados -donde se pacta una condena- y se concedieron 504 probations, de acuerdo a números oficiales.

“En los últimos años se aumentaron las penas por los crímenes, subieron las detenciones y así y todo no bajó el delito. Falta prevención en la calle que está a cargo de la policía y falta control de las cárceles y faltan recursos tecnológicos -como el allanamiento virtual- que podrían contribuir a mejores investigaciones. Pero queda claro que la cárcel y las condenas no paran el delito: condenamos a gente que está en prisión porque siguen cometiendo crímenes desde allí”, afirma.

La justicia federal es la encargada de investigar los casos de narcotráfico. Ya hubo varias condenas, pero siempre se critica a ese fuero por cierta lentitud en el manejo de los expedientes. Aníbal Pineda es el presidente de la Cámara Federal de Rosario y acepta la crítica. Sin embargo, responde: “El principal problema es estructural. Debería haberse implementado el sistema acusatorio, hay un 35 por ciento de vacantes en la justicia federal, hace décadas que no se crea un juzgado o una fiscalía federal en Rosario. En la Cámara cada juez firma 22 sentencias por días, 5000 al año porque tenemos competencia múltiple: Civil, Comercial, Penal, Contencioso Administrativo, Tributario, Previsional y amparos de salud. Trabajamos al límite. Así y todo se investigó y condenó a jefes policiales provinciales y de la Federal por narcotráfico. Sin embargo reconozco que muchas bandas narco terminaron cayendo por investigaciones de los fiscales provinciales. Además de que son muy buenos como fiscales tienen más herramientas tecnológicas que no tienen los federales”.

Pineda pide modificar la lógica que se viene aplicando para combatir el narcotráfico: “Rosario cuadruplica la media nacional en homicidios, 75 % de los homicidios violentos se da por disputas territoriales por el narcotráfico y el crimen organizado. Hay que encarcelar al que vende droga, al que distribuye, al que le da cobertura policial, al penitenciario, o al cómplice de la política y la justicia o al que le lava el dinero, pero debemos tener una mirada más amplia. Vamos a encarcelar a todos y no vamos a solucionar nada. Lo que motiva el conflicto es un mercado ilícito de drogas y hay que romper la inercia del abordaje realizado hasta ahora. Hay una demanda de estupefacientes y si nosotros no reducimos el mercado no solucionaremos nada. Hay que desalentar el consumo con campañas de salud, educación y publicidad. Hay que apuntar a reducir la demanda para reducir el ingreso del narco. Con menos dinero pueden corromper menos a la policía, el penitenciario, la política o la justicia.

“En Rosario entre el 30 y el 35 % de los ingresos del narco proviene de la venta de marihuana. Entonces habría que pensar cuánto menos poderosa sería una organización sin esos ingresos, para eso hay que desfinanciar al narco. Y ahora hay que pensar cómo se para el Estado frente a la marihuana. Hoy el monopolio de la venta de marihuana lo tiene el narco y hay tener una mirada más amplia para evitar mantener las condiciones que le permiten al narco tener millones. No quiero decir que hay que legalizar la marihuana sin más. Hay que hacer muchas cosas más y en principio repensar lo que se hace con la marihuana”, sigue Pineda.

Los heridos de bala que hay en Rosario y sus alrededores, en la mayoría de los casos, son derivados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez -conocido como el HECA- que es uno de los mejores en tratamiento de heridas de la región. El hospital depende de la Municipalidad de Rosario y recibe, por ejemplo, a los lesionados graves por accidentes de tránsito de la zona, a los que padecen un stroke y por supuesto a los baleados, que en Rosario y sus alrededores son muchos.

Andrea Becherucci es la subdirectora del HECA. Trabaja allí como terapista desde 1999. Y ha visto casi todo lo que puede suceder en una guardia de emergencias: “Cuando entré acá los heridos tenían dos balazos. Uno en el tórax y otro en una pierna: ahora llegan con seis, ocho, diez balazos”, dice sorprendida por el aumento en la cantidad de tiros. El hospital recibe a razón de 40 baleados por mes. Las intervenciones para intentar salvar a una persona que llega al HECA con muchos balazos supone la utilización de varios especialistas de acuerdo a los lugares donde fueron las heridas y eso implica una enorme asignación de recursos. En el HECA siempre recuerdan el trabajo que realizaron para sanar al policía provincial Gabriel Sanabria, quien en mayo de 2022 entró a la guardia con 12 disparos en su cuerpo. Simplemente había parado un auto en un control de tránsito.

Los cadáveres producto de los homicidios en Rosario son llevados al Instituto Médico Legal que depende de la Corte Suprema de la Provincia. Allí hay diez médicos forenses, los encargados de realizar las autopsias. Son ellos los que deben recuperar “los plomos”, las postas de las balas que quedan dentro de los cadáveres, para que los fiscales puedan intentar encontrar a los autores por medio de comparaciones balísticas. Mariela Badaró es una de las forenses que trabaja hace años en esta morgue judicial. Cuando comenzó su tarea en Rosario, los cadáveres llegaban -igual que al hospital- con uno o dos disparos. Ahora llegan con muchos más.

“Las autopsias de los multibaleados son complicadas. Si al muerto le disparó una sola persona es más simple. Pero si le dispararon varias personas a la vez es más complejo. A veces es dificultoso hallar los proyectiles. En algunos casos hemos estado cuatro o cinco horas intentando recuperar las balas”, relata.

El fenómeno de los multibaleados tiene una explicación para un viejo policía que conoce Rosario. Para este investigador, es una cuestión semántica: ”No son sicarios, por lo tanto ‘profesionales’. Son tiratiros. Antes en las organizaciones delictivas no se llegaba a portar un arma el primer día, había que pasar tiempo en la banda. Ahora las armas las tienen pibitos que no saben tirar y por eso vacían los cargadores. A esos los llaman sicarios”.

La proliferación de armas de fuego es otro problema en la ciudad. Circulan sin control y las discusiones menores que antes se saldaban a golpes o a lo sumo a palazos, ahora se dirimen tiros. Nueve de cada diez homicidios de los sucedidos en 2022 en el departamento Rosario fueron cometidos con armas de fuego. El año pasado el MPA incautó 3000 armas y 58.700 elementos de cartuchería (municiones intactas, balas, vainas) producto de allanamientos, detenciones y requisas callejeras.

Hoy, todas las miradas están puestas en la Policía de Santa Fe. Hay una gran cantidad de investigaciones en las que queda en evidencia la relación –en algunos casos como empleados y otras como socios- entre las bandas de narcotraficantes y policías de alto o bajo rango. Se acusa en público y en privado a varios de sus integrantes de haberse aliado con los narcos y a partir de esa alianza haber liberado el territorio.

“La policía santafesina perdió la capacidad de poder gestionar la ilegalidad”, dijo un funcionario judicial para quien Rosario no tiene secretos. “No manejan el territorio, no hay jefaturas fuertes, no hay autoridad policial, la política decidió desentenderse del asunto, sin importar el partido que gobierne”, concluye.

La policía santafesina depende del ministerio de Seguridad de la Provincia, con su nuevo ministro asumido esta semana, Claudio Brilloni. Es comandante General retirado de Gendarmería y fue el jefe de esa fuerza en la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Mauricio Macri.

En 2021m lo convocó como secretario de Seguridad el gobierno peronista de Santa Fe que encabeza Omar Perotti. Desde que asumió Perotti en Santa Fe en 2019 hubo 10 jefes policiales de la Regional II que es la que corresponde a Rosario. Brilloni asumió el miércoles por la noche -luego de varios crímenes y balaceras- y se convirtió en el cuarto ministro de Seguridad de la gestión actual. Lo rodea un consenso favorable entre los fiscales encargados de investigar la violencia rosarina.

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La entrevista de Infobae con Brilloni -cuando todavia era secretario- se desarrolla en la calle. “Me aburren los escritorios, si quiere ver qué pasa en los barrios, vamos a los barrios”, propone. La tarde en Rosario es soleada y calurosa. Brilloni sube a un Toyota Corolla del ministerio y maneja durante casi dos horas por algunas zonas conflictivas. Conduce lento por los barrios de Ludueña, Larrea y Empalme Graneros, barrios que son una constante en las crónicas policiales. Luego se dirige a Tablada. Mientras, hace de guía. Identifica un bunker, señala una familia tomando mate, unos pibes jugando al fútbol y se detiene para mostrar una casa y la Comisaría 12ª que habían sido baleadas poco antes.

Dos noches más tarde, incendiaron dos autos que estaban en la puerta de esa comisaría.

Esos barrios con enormes carencias aparecen apacibles durante la recorrida. Es allí donde los clanes disputan a tiros una porción de territorio, donde casas de familias muy humildes son usurpadas para armar búnkers de venta de droga, donde los pequeños comerciantes sufren balaceras extorsivas y donde se dan las peleas por tomar la conducción de organizaciones cada vez más independientes de un gran jefe narco.

Del ministerio de Seguridad dependen los 4700 policías que, según cifras oficiales, están destinados en Rosario. A ese número hay que dividirlo en turnos de seis horas y quitar de la cuenta los administrativos.

En toda la recorrida de Infobae junto a Brilloni por algunos sectores conflictivos de Rosario, no apareció ningún policía provincial dentro de los barrios. Una camioneta con dos agentes provinciales fue detectada en una avenida cercana a Ludueña. Sí se divisó un retén de la Policía Federal en otra avenida y dos grupos de gendarmes que andaban a pie por Larrea y Tablada respectivamente.

Del ministerio de Seguridad también dependen las cárceles provinciales de Coronda y Piñero desde donde se siguen ordenando la comisión de delitos en las calles. A la cárcel entran celulares, por las buenas o por las malas, por coima o por amenazas. Los penitenciarios son del lugar y las bandas de narcos han “marcado” a los familiares para conseguir lo que buscan.

“A la provincia de Santa Fe se puede entrar por rutas, por el río y mediante avionetas. Rosario es un lugar elegido por el crimen organizado por ubicación geográfica y por sus puertos”, dice Brilloni. “Los problemas que tenemos en Rosario son estructurales. Hay disputas de distintas bandas cuyos jefes están presos pero hay comunicación entre la cárcel y el territorio. Debemos neutralizar estas comunicaciones y ejercer un mayor control de las armas que circulan por la calle”, explica el ahora ministro de Seguridad.

Brilloni asegura que la corrupción policial, que no niega, se combate “con mejores sueldos, mejores prestaciones de la obra social para que los agentes puedan tener un mayor sentido de pertenencia” y con “mejoras del entrenamiento, equipamiento, móviles y chalecos; con mejorar las condiciones de las comisarías, y las condiciones de trabajo”. Al gobierno nacional le piden más presencia de personal federal en las calles y más logística.

A Santa Fe, la cocaína llega por ruta desde Bolivia y también desde Buenos Aires. La marihuana proviene de Paraguay y la extensa frontera fluvial favorece su llegada. También se detectaron aterrizajes de avionetas narco. En una provincia de una superficie de 133.000 kilómetros cuadrados a la que la droga entra por tierra, agua y aire, la policía santafesina cuenta con algunos recursos escasos: posee tan solo dos perros entrenados para detectar estupefacientes.

Si bien la mayor parte de los homicidios sucede por disputas territoriales, la situación de inseguridad no se circunscribe solo a eso. Hay balaceras que cada tanto se cobran víctimas que estaban en el lugar equivocado en el momento menos indicado. O también asesinados en ocasión de robo. No todos los muertos son de los barrios donde manda el narco. Por eso, la preocupación por la inseguridad se extiende por toda la ciudad.

Melisa Herrero, tiene dos hijos que asisten a la escuela primaria y vive en Luis Agote, un barrio cercano al centro de Rosario, en la zona de la Terminal de Ómnibus. Cuenta cómo es el día a día en la ciudad: “No se vive tranquilo en Rosario. Los chicos no pueden ir en bici al club o a la casa de un amigo, los adolescentes se mueven en grupo. A cierta hora del día hay que meterse a la casa. En los barrios más de clase media ya no se puede tomar mate en la puerta. Nos organizamos para crear alarmas comunitarias, tratamos de ayudarnos para recuperar el espacio público que hemos ido dejando abandonado”.

Desde hace dos años, Melisa integra un espacio creado por vecinos de distintas zonas de la ciudad para reclamar por seguridad. Cuarenta asociaciones se congregaron en el colectivo llamado Vecinales Rosarinas Unidas. “Lo nuestro es bastante simple: les solicitamos a todos los partidos que hagan un acuerdo sobre seguridad. Las balas no preguntan a quién votaste. Nos reunimos con todo el mundo desde hace dos años y nada ha cambiado, eso produce mucho desgaste. Pedimos un plan integral para que la seguridad sea una política de Estado sin diferencias partidarias, gobierne quien gobierne. Un plan que contemple la educación, la presencia estatal en los barrios más pobres, que la policía tenga recursos, nada se resuelve con parches”, dice.

Herrero reclama: ”Necesitamos que nos escuchen pero no solo en el municipio y en la provincia, queremos que no escuchen a nivel nacional para que resolver el grave problema de inseguridad de Rosario sea una prioridad. No debe ser tan difícil que todos los partidos se pongan de acuerdo para conseguir la paz en Rosario”.

Otra cara de la grave situación que vive la ciudad es la de las víctimas de adicciones. Abundan los consumidores de paco. Los llaman “las luciérnagas”, porque por las noches se los puede ver “pipando” juntos en una esquina y generan una imagen similar a los de los bichitos de luz.

Betina Zubeldía era productora de seguros y su familia tiene una agencia de motos en Pérez, una ciudad vecina a Rosario. Su hijo se hizo adicto al crack y al paco. Desde que vivió aquello se dedica a hacer público algo que, según ella, se oculta en Rosario: “Sigue siendo tabú hablar de adicciones, los graves problemas de los consumidores no tienen respuesta”. Encabeza una ONG llamada Madres Territoriales contra las Adicciones y desde allí ayudan a las familias que tienen hijos en situación complicada por el consumo. “Intentamos dar una mano para que otros adictos no terminen presos, muertos o en un siquiátrico. Si no se los saca del consumo pueden ser un vegetal toda la vida. Los problemas de consumo no tuvieron nunca respuesta”. Zubeldía agrega: “En Rosario estiran tanto la cocaína que la convierten en veneno”. Asegura que el perfil de vendedores de droga cambió y que no están solo los bunkers: “Por la situación económica de la Argentina hay familias enteras que venden en los barrios”. No ciñe la cuestión del narco a los minoristas de los barrios marginales, también apunta a los narcos de “guante blanco, como las inmobiliarias o financieras que lavan dinero y andan de traje y corbata”.

Así como las Madres Territoriales intentan ayudar con los adictos, hay otras personas que dan una mano en todo lo que pueden en los barrios más desposeídos. Uno de tantos es el cura salesiano Marcelo Ciavatti quien después de años como misionero en Angola, África, recaló en Santa Lucía uno de los barrios pobres de Rosario. Allí, apoyado por Cáritas, el sacerdote armó tejido barrial de contención para que chicos y chicas del lugar tengan ocupaciones que los saquen de la calle. En una casa donada en las que por la tarde oficia misa, instaló un taller de cocina donde los vecinos, además de enseñar/aprender, producen alimentos. Entrelaza su red con la de los programas estatales que llegan a la zona no sin dificultades y logra sumar a los beneficiarios a su modesta pero robusta organización.

“Santa Lucia es un barrio hermoso, donde vive gente humilde, aunque lamentablemente a veces solo salimos en policiales. Hemos perdido muchos jóvenes por derramamiento de sangre, por división entre barrios y por luchas territoriales. Pero hace un tiempo comenzamos a construir lugares de cuidado, crecimos en la solidaridad, recuperamos espacios públicos y eso le ha dado esperanza a nuestra gente”, dice. En Santa Lucía, Ciavatti organiza también seis comedores comunitarios donde los vecinos cocinan para otros vecinos igual de pobres. Tendió un entramado solidario, interactúa con sectores estatales que tienen presencia en Santa Lucía y con mucho esfuerzo logró recuperar las ganas de algunas personas de vivir en una zona de donde, hasta hace poco, buscaban irse.

En Rosario hay gente que culpa a la política de lo que sucede. Es que en los años en los que recrudeció la violencia gobernaron partidos diferentes tanto a nivel nacional como provincial. Nadie le pudo encontrar la vuelta.

En todas las conversaciones sobre el problema del narcotráfico y su relación con la política surge el nombre del senador provincial que consiguió que la Corte Suprema de la Provincia no permitiera que una fiscalía lo imputara por connivencia con el administrador general del juego clandestino -otro estilo de crimen organizado con vasos comunicantes con el narco- de Rosario y sus alrededores. También se nombran a diferentes ex ministros de Seguridad que hicieron o no hicieron esto o aquello. Y además aparecen los apellidos de los narcos que manejaron la ciudad y la condujeron a un nivel de muerte inusitado: Cantero, Ungaro, Alvarado y otros. Se los nombra por los crímenes de ahora pero también porque en algún momento, con conducciones policiales fuertes, garantizaron el statu quo del negocio pero sin la violencia de los últimos años.

En la última semana hubo balaceras contra comisarías, un centro municipal, un banco, una cárcel, la Agencia de Investigación Criminal y además varios muertos. Uno de los asesinatos conmocionó a la ciudad por encima del resto: eligieron a un hombre al azar por la calle, lo mataron frente a la cancha de Ñúbel y dejaron un mensaje mafioso entre sus ropas. Jimi, así se llamaba el músico asesinado, se sumó a los 287 asesinados de 2022 y es uno de los 35 asesinados en el departamento Rosario desde que comenzó el año hasta que esta nota se terminó de escribir el 11 de febrero.

Foto y video: Leonardo Galletto

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