El exclusivo country donde cumplen la prisión los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual y los chats con los que buscan revertir su situación

Para la mayoría de los habitantes del country La Arboleda, ese lugar ubicado a 17 kilómetros del centro de Tucumán, es literalmente el paraíso. Refugio de la clase adinerada norteña, las casas son mansiones con todos los elementos de confort que alguien pueda soñar. Pero en una de esas propiedades hay tres personas presas, esperando una decisión de la Justicia que puede llevarlos tras las rejas por más de diez años. Ahí, en uno de los lotes más alejados del complejo, en un lugar que tiene cinco ambientes, pileta, parque y parrilla, están Abiel Osorio, Brian Cufré y José Florentín, los tres ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual agravado. En la puerta, lo único que los diferencia de las otras casas es la presencia de una consigna policial que garantiza que ninguno pueda moverse de la propiedad, por la que pagan tres mil dólares mensuales de alquiler, más IVA. Y hasta ayer confiaban en lo que les decían sus abogados, que la causa tenía material suficiente para pelear una absolución. Pero tras la aparición televisiva de la presunta víctima, a quien su abogada presenta como Luli, la estrategia entró en crisis y el temor se apoderó de ellos.

Pero por fuera de la nota que la periodista denunciante del abuso dio en TN, la causa judicial tuvo movimientos en los últimos tiempos que los puso contra las cuerdas. El principal fue la denegatoria de excarcelación que dio la jueza Eliana Gómez Moreira ante el pedido de los tres acusados de seguir el proceso en libertad. Sus abogados habían planteado que, como ya se habían terminado todas las pericias preliminares, esto es la extracción de los teléfonos celulares, el cotejo de las imágenes de las cámaras del hotel, el ADN en las prendas y sábanas y las declaraciones de los testigos (ocho jugadores de Vélez, personal del establecimiento y dos amigas de Luli), solicitaban que Cufré, Osorio y Florentín pasaran a tener el mismo régimen que Sebastián Sosa, considerado partícipe secundario del delito y en libertad hasta que termine el proceso tras pagar una caución de 50 millones de pesos. Pero la decisión de la jueza no sólo fue negativa, sino que sus argumentos implican casi una sentencia anticipada: no los deja ir porque, según afirmó, “todas las pruebas robustecen la hipótesis y le otorga verosimilitud aumentada al delito denunciado”. Y además aseguró que existe el riesgo de fuga porque, ahora que Vélez les rescindió el contrato, no tienen trabajo.

Ante semejante situación los abogados defensores apelaron la medida, que la Cámara debatirá el próximo lunes, pero también hicieron su jugada: pidieron la pericia del teléfono de una amiga de Luli, de la cual este sitio resguarda su nombre, ya que hay un chat apenas después de lo sucedido en la habitación 407 en el que sus dichos no serían compatibles con el terror vivido dentro del hotel. Infobae lo publica porque está en la causa y en acuerdo con ambas partes. Sobre esto, Camilo Atim, letrado de Florentín, afirma: “Esta es una prueba contundente de que no hubo abuso. El chat inicial es momentos antes de entrar, en el que cuenta que está en el hotel con los jugadores y cuando vuelve a conectarse al salir de allí, se ríe y le dice a la amiga que después le cuenta bien. Nosotros estamos pidiendo que la testigo entregue el teléfono para peritar todos los chats que tiene con la denunciante porque es clave y por algo voluntariamente no lo quisieron dar y la fiscal solicitó la medida y como se opuso la querella, ahora define la instancia superior. Además, el chat con la amiga tiene un tono similar al que usó con el arquero Sosa también apenas se fue del hotel. En ambos se verifica que la situación es diametralmente opuesta a lo que después denunció”.

La mirada de Patricia Neme, la abogada de Luli, es completamente diferente. “Si esto es todo lo que tienen, están condenados de antemano. Primero y principal, ese chat lo aportamos nosotros. Segundo, que así como quedó claro que no se iba a peritar el celular de Luli para no revictimizarla, si autorizan abrir el de la amiga es exactamente igual. Y tercero, no hay tiempos para que una víctima caiga y comprenda la situación que vivió. Cada una tiene sus momentos. Y más cuando sabemos que le dieron un narcótico para que quede sin defensas y poder abusarla”.

Este tema es otro eje de discusión. Porque el examen toxicológico no encontró ninguna droga en el cuerpo de la denunciante, pero el mismo recién se realizó cuatro días después de lo ocurrido. La querella aduce que la inmovilizaron con alguna sustancia y para eso se basa en la declaración judicial de Thiago Vecino. El delantero de Vélez admitió que tras los partidos a quien quisiera les suministraban una pastilla para dormir llamada Sommit y la hipótesis de los abogados de Luli es que los futbolistas se la picaron y mezclaron con el fernet para adormecerla. “Los únicos que tomamos de ese termo fuimos Sosa y yo, y qué casualidad que somos los que nos quedamos atontados”, declaró la presunta víctima. Y su abogada ratifica la expresión agregando: “Ella dice que estaba consciente, pero no podía moverse ni expresarse porque se sentía mareada, sin fuerzas. Y el efecto de esa droga dura entre cuatro y seis horas. Por eso recién se puede levantar e irse del hotel al rato, cuando los abusadores ya no estaban. Y también esa situación no le hace ver de inmediato que fue violada. Todas las pruebas son a nuestro favor. Sin contar la cantidad de manchas hemáticas que hay por la habitación, que ratifican que el sangrado es producto de las lesiones que le produjeron, sumado a los moretones que tiene en el muslo y la cadera y que quedaron certificados en la pericia oficial”.

Para los abogados defensores, la declaración de Vecino y la sangre esparcida no prueban nada. “Que a Vecino le hayan provisto un somnífero no significa que se lo hayan dado al resto. Y si hablamos de pericias médicas hay una de una médica de guardia que la atiende al día posterior que no le aplica el protocolo de abuso, sino que refiere al sangrado como producto de una infección previa. Esto favorece a nuestros clientes”, dice Atim.

Pero además de las pruebas fácticas que se están discutiendo, la causa también entró en un farragoso punto legal a raíz del cambio de fiscal. La primera que tomó la causa, Eugenia Posse, fue contundente en pedir la prisión para los futbolistas y en tener una estrategia en común con la querella. Pero el proceso pasó después a la doctora Adriana Reinoso Cuello y para la abogada Neme, a partir de entonces hubo un cambio de mirada fiscal que, asegura, no tiene perspectiva de género. Y ella supone que esta modificación tiene que ver con que una auxiliar de la fiscal es pariente de Camilo Atim, abogado del futbolista Florentín. “La recusamos porque no es imparcial”, le dice Neme a Infobae. “Es pariente mía, es cierto, pero no trabaja en la causa, se apartó desde el primer momento, con lo cual no hay ningún conflicto”, contesta Atim.

Lo cierto es que exactamente en un mes se vence el plazo dado por la Justicia para que se eleve la causa a juicio o se sobresea a los futbolistas. Todos los caminos parecen conducir a la primera opción, pero el próximo lunes habrá una audiencia en el tribunal superior en la que se deberán validar o no todas las medidas adoptadas hasta ahora. Allí se decidirá si les dan la libertad a los jugadores, si se abre el teléfono de la testigo o si todo sigue como hasta ahora. Mientras, Luli, como pidió que se la llame, no pudo volver a su vida normal y dice estar viviendo el infierno más temido. Por su parte en una mansión del barrio privado La Arboleda, los tres jugadores reciben amigos y familiares y aunque tratan de distraerse mirando partidos, saben que en el horizonte las nubes están más cargadas que nunca y la condena, si llega, será contundente: recibirán de ocho a 25 años de prisión.

LAS IMÁGENES DE LAS PERICIAS EN LA HABITACIÓN DEL HOTEL