A 72 horas de la realización de las elecciones en Boca Juniors, la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri realizó una nueva presentación en la Justicia, esta vez, para que los 13.364 socios objetados voten por separado y las urnas se abran sólo si la diferencia con el oficialismo, que propone a Juan Román Riquelme como presidente, es menos menor a esa cifra. El pedido de cautelar cayó en el Juzgado N° 36 a cargo del magistrado Sebastián Font, y la definición respecto la solicitud llegará este viernes. Más allá del planteo, los comicios pautados para este domingo 17 de diciembre en La Bombonera no corren riesgo.
Lo más probable es que Font se declare incompetente, dado que hay una jueza actuando en la causa que en su momento suspendió la realización de las elecciones, que es Alejandra Abrevaya. El punto es que la Cámara Civil, el lunes pasado, ya había dado de baja con duros argumentos la cautelar que había puesto en pausa los comicios por el affaire de estos 13.000 socios, bajo la lupa por el procedimiento discrecional en el pasaje del listado de adherentes a activos. De hecho, la Sala E subrayó que estaban en condiciones de sufragar. En ese caso, ¿Abrevaya podría habilitar una nueva cautelar con estas características?
De prosperar la presentación, esos votos serían contados si la diferencia entre una y otra lista es menor a los 13.364 votos en pugna desde hace semanas. Si la proporción en esa porción difiere notoriamente respecto a lo que ocurra en el resto de las mesas (en total están habilitados más de 90.000 socios), la oposición objetará en la Justicia esos sufragios al entender que tiene razón respecto a la sospecha de su irregularidad.
Vale recordar que el acto eleccionario estaba previsto para el domingo 3 de diciembre, pero la presentación de la oposición sembró la incertidumbre. En el medio, el oficialismo recusó a la jueza Abrevaya, a la que luego la Cámara ratificó en su rol, aunque habilitó las elecciones a pesar del reclamo de Ibarra, Macri y compañía. En su decisión, estableció que los socios objetados ya tienen su derecho adquirido hace más de un año y que su autenticidad no fue discutido en su momento. Además, en la presentación del caso, no se pidió que se los devuelva al status anterior, el de adherentes. Por otro lado, manifiesta que tampoco estos socios fueron oídos por la jueza antes de tomar una determinación.
También la Sala E señaló que, para suspender un acto de esta naturaleza, la magistrada tiene que tener algún grado de certeza importante y no mera sospecha de que puede estar ante una situación irregular. En su decisorio, la Cámara no pide prueba contundente, pero sí una hipótesis sólida que, en principio, dijeron sus integrantes (los jueces Ricardo Rosi, José Fajre y Marisa Sorini ) no fue encontrada.
En la audiencia de conciliación que intentó rescatar las elecciones truncas del 3/12, el oficialismo había ofrecido un procedimiento similar al que ahora reclama la oposición, aunque con un número menor de socios (3.368 y no más de 13.000). La nueva presentación, de ser aceptada, no impide la votación, pero le puede añadir un suspenso extra a la definición de quiénes serán las autoridades que conducirán los destinos de Boca hasta 2027.