Cuando los focos deportivos están puestos en el acaso más importante de todos los partidos de la fase de grupos de la Champions League ante el Porto en Portugal, la reciente decisión de la Justicia de imputar al Fútbol Club Barcelona de cohecho en el Caso Negreira -por el que se le habría pagado, desde el club, 7.3 millones de euros al ex vicepresidente de los árbitros españoles entre 2001 y 2018- puede generar estragos en la entidad catalana, como una mancha venenosa.
De a poco van aumentando las polémicas entre los protagonistas -en estas horas rompió un largo silencio uno de los involucrados, el expresidente del Barcelona Sandro Rosell, quien estuvo encarcelado por casi dos años- y el actual mandatario azulgrana, Joan Laporta, quien parecía a salvo en la causa por prescripción de lo ocurrido en su primer mandato entre 2003 y 2010, ahora podría sumarse al propio Rosell, y a su antecesor en el cargo, Josep María Bartomeu.
Esta decisión de la Justicia, tomada el pasado 28 de septiembre, también abrió otro frente con la UEFA, que había decidido no tomar ninguna medida para la presente Champions hasta aguardar el fallo de la Justicia española -especialmente para cuidar sus espaldas porque anticiparse en una sanción, y que luego el club resultara exonerado, podía implicar una fuertísima indemnización- pero que ahora comienza a estudiar la posibilidad de suspender a los catalanes para la competencia europea de 2024/25, justo cuando cambiará de formato.
Al mismo tiempo, la imputación de cohecho al Barcelona, a los expresidentes Rosell y Bartomeu, al exárbitro Enriquez Negreira y a su hijo -que presentó varias facturas para los cobros- Javier Enriquez Romero, conlleva otra polémica al considerar al ex juez del fútbol y entonces vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) como “funcionario público”, algo que podría generar que el club apelara ante una instancia superior.
Con la figura de “cohecho”, - a diferencia de la “corrupción entre particulares”- tomada por el juez Joaquín Aguirre, ya no se necesita la demostración de la adulteración de un partido concreto -algo que se solía utilizar como defensa por el Barcelona- y el delito es considerado mucho más grave.
El magistrado recordó en su escrito que el delito de cohecho se consuma “cuando se efectúa un pago indebido a un funcionario se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos” y remarca que Enríquez Negreira “tenía el concepto legal de funcionario” debido a su cargo en la CTA.
Enríquez Negreira “participaba del ejercicio de funciones públicas durante el período en el que el Barcelona le pagó. Precisamente, dejó de pagarle cuando cesó en su cargo de vicepresidente de Comité Técnico de Árbitros en 2018. De aquí se deriva, al menos con carácter indiciario, que los pagos se hicieron en atención al cargo que desempeñaba como vicepresidente del CTA”, explica el auto. Aguirre atribuye el delito continuado de “cohecho pasivo” a Martínez Negreira (por recibir pagos) y a su hijo, Enríquez Romero, como “cooperador necesario”.
El pasado 10 de marzo, la Fiscalía había presentado una denuncia contra exdirectivos del Barcelona, entre ellos los expresidentes Rosell y Bartomeu. Como contra Enríquez Negreira y su hijo, en aquel momento, por el supuesto delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental, pero pocos días después, ya en abril, el Consejo Superior de Deportes (CSD) estatal presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona para apersonarse en forma oficial en el Caso, sumándose a La Liga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Real Madrid.
Esto generó que, en mayo, el Barcelona intentara contraatacar presentándose como acusación particular en el Caso Negreira, con lo cual tendría la doble condición de acusador e investigado, pero esto fue denegado por la Fiscalía, que argumentó la incompatibilidad de la situación.
Hace tres semanas, ya el doctor Aguirre, juez de la causa, había aceptado que el Real Madrid “y cualquier otro equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona” durante los años objeto de la investigación “puede sentirse perjudicado” por la supuesta trama, y ordenó que la Guardia Civil recabara pruebas sobre las funciones que desempeñó Negreira en el CTA durante los 24 años de actividad en esa institución.
La Guardia Civil requisó durante horas la sede de la Federación Española en la ciudad de Las Rozas (a pocos kilómetros de Madrid) para buscar actas del CTA en las que se puntuaban las actuaciones de los árbitros de Primera y Segunda. Se cree que el CTA designaba a los observadores que elaboraban informes sobre los árbitros, promocionaban a los colegiados que pitaban encuentros internacionales, elegían a los jueces de partidos especialmente trascendentes para FC Barcelona y acordaban los ascensos y descensos de categoría de los colegiados entre 2001 y 2018.
Si bien en junio pasado la Fiscalía Anticorrupción se había negado a investigar a Joan Gaspart y Laporta porque los hechos ya prescribieron y porque en aquel entonces no existían los delitos de corrupción deportiva ni de administración desleal (2001 a 2010), por lo que la investigación se centraría entre 2010 y 2018, el diario El Español adelantó que Laporta sí podría ser imputado en las próximas horas por esos pagos, pero entre 2003 y 2008, al agregar las imputaciones por cohecho y corrupción deportiva, que son delitos que conllevan penas de prisión de tres a seis años.
Si en España el Barcelona no puede ser sancionado deportivamente por prescripción -distinta es la causa en la Justicia- en el ámbito internacional, el Caso Negreira es tomado de distinta manera. La FIFA considera que se trata de un tema local y no tiene entonces capacidad sancionadora, y en cambio la UEFA sigue no sólo con el FC Barcelona en la mira, sino a la RFEF (además de la sanción de la FIFA, Rubiales fue despojado de la vicepresidencia). La UEFA podría expulsar al Barça de la Champions 2024/25 desde la imputación de la Justicia.
Antes de la decisión judicial de “cohecho”, el optimismo en el seno dirigencial del FC Barcelona sobre la relación con la UEFA era grande y de hecho, el actual presidente Joan Laporta se había desplazado a Nyon, en Suiza, para explicarle al titular del organismo futbolístico europeo, el esloveno Aleksander Ceferin -que había manifestado horas atrás que el Caso Negreira era “el mayor escándalo” que había visto “en el mundo del fútbol”-, que el club no estaba involucrado en los hechos y no hubo oposición para que disputara la actual Champions League 2023/24.
Pero los problemas del FC Barcelona no terminaron allí. Una de las consecuencias de la decisión de la Justicia por el Caso Negreira pudo registrarse al día siguiente, el pasado viernes 29 de septiembre, en ocasión del partido ante el Sevilla por la Liga Española, cuando el presidente de los andaluces, José “Pepe” Castro, le comunicó a los dirigentes locales que su Junta Directiva no asistiría ni a la tradicional comida entre los representantes de los dos clubes, ni tampoco al Palco de Honor del Estadio Olímpico de Montjuic como “repulsa por las prácticas de los dirigentes del FCB” en el caso.
“El Sevilla muestra su total indignación y repulsa por las prácticas realizadas por exdirigentes del FC Barcelona imputados por el caso Negreira. Prácticas que, supuestamente, constituyen un crimen -sostuvo el Sevilla en un comunicado oficial-. Rechazamos el comportamiento del club azulgrana durante los períodos en los que supuestamente se consumaron esos crímenes” y en otra parte del documento, afirma que tiene “un profundo respeto por los socios, hinchas, actuales empleados y dirigentes” del Barcelona.
De nada sirvió que Laporta, el presidente del Barcelona, le dijera telefónicamente a su par Castro, que la decisión de la dirigencia del Sevilla era “profundamente injusta” porque no había aún una sentencia firme de la Justicia y que entonces, estaban prejuzgando. Hasta José Del Nido -exmandatario del Sevilla y aún accionista- llegó a criticar duramente a su dirigente por apresurarse con sus acciones. “Si están imputados, es por algo”, insistió Castro, quien recordó que Laporta “fue a la sede de La Liga y no dio ninguna explicación” a los dirigentes de los demás clubes, sobre el Caso Negreira.
El FC Barcelona consideró la medida de la dirigencia del Sevilla como “una ofensa inaceptable”, rompió relaciones con los andaluces, y emitió otro duro comunicado: “El Barcelona desea mostrar públicamente su condena al ataque injustificado e inapropiado del Sevilla y lo considera un ataque contra la institución catalana” y advirtió que las acciones legales en el Caso Negreira “están en una fase inicial”.
El caso, entonces, volvió a las primeras planas y a calentar las pantallas televisivas, unos a favor del Barcelona y otros en contra. Entre sus más acérrimos defensores está siempre Josep Guardiola, quien aprovechó una conferencia de prensa que daba como entrenador del Manchester City para afirmar que los títulos que obtuvo el equipo entre 2008 y 2012, cuando él lo dirigía, fueron “por mérito, porque fuimos muy superiores a los rivales” y se mostró partidario de esperar el fallo de la Justicia antes que emitir una opinión, aunque dijo no conocer de ningún pago del club para ser favorecido en el campo de juego.
A su vez, el ex presidente del Barcelona entre 2010 y 2014 (hasta que fue preso por el Caso Neymar), Sandro Rosell, también salió a defenderse hoy al citar que no conoce de irregularidades durante su gestión y que en el campo de juego, el Barcelona tenía a muchos de los mejores jugadores del mundo. “Teníamos un tal Messi, un tal Busquets, un Jordi Alba, un tal Iniesta, un tal Pep Guardiola o Tito Vilanova en el banco y decir que ganábamos los partidos por Negreira es muy injusto. Fuimos acusados de asesinato sin que se sepa dónde está el cuerpo de la persona asesinada”, en declaraciones a Catalunya Radio y RAC-1.
“Sólo faltaría que no se hiciesen informes -se justificó-. El tema arbitral es una pieza importantísima del juego. Hay que saber las mañas de cada árbitro. Hemos perdido ligas por un árbitro (en referencia a la 2013/14 perdida cuando el entrenador era Gerardo Martino, en la última fecha, ante Atlético Madrid) pero se ha hecho una enorme bola con esto, como pasa cada cinco años con el Barça”, y por primera vez un ex presidente admitió estar informado sobre esto. “Yo estaba informado de que había una persona que hacía los informes. De los pagos no sabía. Me he enterado ahora, porque lo que se pagaba al mes estaba por debajo de lo que validaba la junta, que era de unos cien mil euros cuando los pagos eran de cuarenta mil al mes. Al ser un pago inferior a lo que la Junta validaba, el pago iba por otro circuito”.
“Este señor (Negreira) nos hacía unos 100 informes por temporada, 50 del primer equipo y 50 del segundo -siguió relatando Rosell-. Son unos 4000 euros por un informe que te puede salvar de un penal o de una tarjeta roja. Porque hay que saber que hay quien es más riguroso en el área y quién no. Podemos discutir el precio. En el fútbol, los precios son muy altos. Si les digo lo que cobra la persona que limpia los botines de los jugadores… Pero es por un tema de confidencialidad, de secreto. Si Negreira nos decía algo de un árbitro tenía que quedar en secreto. Decir (como sostuvo la Justicia) que Negreira es un funcionario público es muy bestia. El Barcelona es una institución privada, privada”, y recordó que la RFEF “dijo que no había ningún tipo de influencia ni de incompatibilidad del señor Negreira y que él no influía en las decisiones arbitrales.
Finalmente, comentó que él y Bartomeu -su sucesor en el cargo- están de acuerdo en una estrategia conjunta con Laporta “`pero no ha pasado porque alguien no ha querido. Yo sí quería”. Luego dijo que no tiene comunicación con Laporta desde hace tiempo.