Unos meses después de haber asumido, la Comisión Directiva de Boca Juniors presidida por Jorge Amor Ameal hizo una presentación judicial contra la anterior gestión que estaba en cabeza de Daniel Angelici, que se sumó a otra denuncia que realizó un socio, impulsada por declaraciones de Jorge Bermúdez, hombre fuerte del Consejo de Fútbol del club. Los acusados en Tribunales resultaron ser Angelici como presidente, Christian Gribaudo y Carlos Aguas en sus respectivas funciones de secretario y pro secretario generales de la institución y también Rodolfo Ferarri, como vice.
Se los acusaba de haber defraudado al club en varios millones de dólares por distintas operaciones presuntamente fraudulentas: el pago de una comisión indebida al representante Christian Bragarnik por el pase de Benedetto al Olympique de Marsella, abonar una plusvalía anticipada de 2,5 millones de dólares a Talleres por un pase a futuro de Cristian Pavón que finalmente no se concretó, haber realizado honorarios duplicados por casi cien millones de pesos en la remodelación de Casa Amarilla y una obra nueva en las oficinas de La Bombonera, y también porque, según había declarado el Patrón Bermúdez, sólo se habían encontrado en tesorería cinco millones de dólares cuando el club había vendido jugadores en la era Angelici por casi 90. Pues bien, ayer con algunos argumentos sólidos y otros llamativos, el juez Hugo Decaría, titular del juzgado criminal y correccional número 20, sobreseyó a los cuatro ex directivos de Boca declarándolos inocentes de todos los hechos. El fallo fue aún superior al pedido del fiscal Marcelo Martínez Burgo, quien había dictaminado archivar las actuaciones a la espera de que hubiese alguna prueba nueva que permita inferir si podría haberse producido algún delito.
El fallo consta de 16 páginas y ahí se encuentran las claves del proceso. Por un lado, tanto el fiscal como el juez encontraron una contradicción evidente entre la denuncia de la nueva Comisión Directiva y la aprobación del balance general de la era Angelici realizada el 5/1/21 por la Asamblea de Representantes ya con la nueva conformación de autoridades. “Esa medida y la liberación de las garantías constituidas por los directivos del club entre los años 2015 y 2019, evidentemente no habría acontecido si realmente hubieran tenido lugar las irregularidades denunciadas”, expresó el fiscal en su dictamen e hizo suyo el juez. El razonamiento parece desde este punto impecable, pero a partir de allí hay una disidencia: el fiscal decía que cada punto en particular podía presentar nueva prueba en el futuro y entonces solicitaba sólo archivar la causa y el juez postuló con algunas cuestiones hasta futboleras discutibles que eso no era así y cerró el caso.
Para ello se metió en el análisis punto por punto. En el caso de las declaraciones de Bermúdez que tuvieron mucho eco en su momento determinó que el club no acompañó ninguna prueba de esos dichos, que fueron absolutamente genéricos, que no presentó una auditoría sobre la gestión anterior y repitió que el balance fue aprobado. Y determinó según su mirada que la postura de Bermudez y compañía en este caso tuvo más que ver con una cuestión política que con una voluntad de arribar a la verdad. Después evaluó la denuncia sobre los honorarios duplicados de las obras en Casa Amarilla y La Bombonera y determinó que eso no existió, que sólo se cambió un contratista por otro y que si bien la CD actual denunció que todo se hizo sin licitación, el magistrado afirmó que el estatuto del club no exige esa circunstancia.
Para el final dejó los dos casos más polémicos y que sí parecía que podían traerle dolores de cabeza a los denunciados: el pago de un 10 por ciento extra a Bragarnik por el pase de Benedetto a Francia y el abono de 2,5 millones de dólares a Talleres por Pavón como plusvalía de una presunta venta al exterior cuando éste no había sido transferido a ningún lugar, en una movida que Angelici explicó que era anticiparse a lo que era un negocio fabuloso para el club si, como se creía en ese momento, el delantero valía más de 20 millones de euros.
Sobre el tema del Pipa el juez admite que hubo un diez por ciento que el representante cobró sin haber intervenido directamente en el pase, pero se apoya para saldar la cuestión en favor de la comisión directiva anterior que así estaba establecido como cláusula contractual cuando se le dio un poder a Bragarnik para que lo colocara en Europa. Alguien debería preguntarse por qué se hizo esa cláusula y más sabiendo de la relación de amistad y más entre Angelici y Bragarnik, pero eso no fue lo denunciado, por lo que el juez no se metió en ese asunto. Sí, en cambio, en un párrafo extraño dice que las relaciones en el fútbol son de un entramado complejo, como validando ciertas cuestiones que nunca quedan claras en las transferencias.
En el caso del pago adelantado de Pavón, también se mete en terreno extrajudicial: según el juez fue un negocio que salió mal y que él no puede evaluar como ilícito sino como una estrategia económica-futbolística equivocada. Y para sustentar su posición hace un párrafo sorprendente en un fallo judicial: “Así juzgo con fines ilustrativos en punto a la temática, echar mano a una frase que no es ajena al “Mundo Boca”, acuñada por un exitoso técnico de la institución, Miguel Ángel Russo, (evocada frecuentemente en el ámbito del fútbol) que describe cabalmente el conflicto denunciado en punto al negocio vinculado con Pavón: ‘Son momentos, son decisiones’”. Y le achaca la desvalorización de Pavón a la actual comisión directiva, que terminó dejándolo libre. Insólito pero real.
Claro que después se apoya otra vez en la lógica más judicial: remarca que todo está legalmente asentado en el balance del club y que éste fue aprobado sin objeciones por la nueva comisión directiva que informó además un superavit de 1.500.000 de pesos. Así las cosas, la causa judicial contra la ex comisión directiva quedó terminada salvo que el fiscal o la querella, es decir el club, apele y la Cámara les dé la razón y la reabra.
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