Las cuatro pruebas de ADN que incriminan a Dani Alves en la investigación por una agresión sexual

Los exámenes médicos arrojaron otros resultados que complicaron la situación procesal del jugador, quien permanece detenido desde el 20 de enero

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La abogada de la denunciante
La abogada de la denunciante presentó un recurso para frenar la liberación de Dani Alves

Dani Alves continúa preso en una dependencia española después de ser el principal sospechoso de una presunta agresión sexual ocurrida el 30 de diciembre pasado en una discoteca de Barcelona, pero el proceso que llevan adelante contra el brasileño arrojó otro alarmante dato que complicó su expediente judicial y favorece la versión volcada por la denunciante en la Justicia.

El futbolista, detenido desde el 20 de enero, dejó durante esa misma jornada una prueba de ADN utilizada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para contrastar con las cuatro pruebas de semen halladas en la víctima y en el lugar de los hechos. Según las fuentes conseguidas por El Periodico de Catalunya, todos los estudios coincidieron con el perfil genético de Alves.

La mujer, derivada la misma madrugada del hecho al Hospital Clinic, se sometió a distintas muestras biológicas intravaginales. Allí, aparecieron restos de esos fluidos, que se sumaron al líquido espermático hallado en su ropa interior. También se hallaron más restos en el vestido entregado en la comisaría al momento de formalizar la denuncia. La cuarta prueba fue tomada por la policía científica de los Mossos d’Esquadra en la Ciudad Condal porque practicaron una inspección ocular técnico policial en el baño de Sutton, la disco donde habría ocurrido este delito alrededor de las cuatro de la mañana. Esta presencia arrojó la localización de distintos rastros de este contenido en el piso. Los exámenes concluyeron en que pertenecen al jugador sudamericano.

De hecho, este último dato habría precipitado la última versión de Dani Alves ante el juzgado de instrucción número 15. En su primera versión, ofrecida el día de su aprehensión, indicó que nunca había visto a esta persona. Más adelante, cambió su relato para admitir que se la había cruzado dentro del baño, aunque no había sucedido nada. Esta narración resultó inverosímil para la Fiscalía porque ambos permanecieron dentro de un lugar estrecho por 15 minutos.

El hallazgo de semen en el piso del lugar alteró su historia nuevamente porque responsabilizó a la denunciante de que se le tiró encima y que hubo un acto sexual ligado a una felación. Alegó que las mentiras ofrecidas en sus primeros dos testimonios tuvieron que ver con la necesidad de ocultar la infidelidad a su esposa, la modelo Joana Sanz. Sin embargo, este miércoles se ofreció una nueva modificación, ya que según el periodista del canal español Antena 3, Carlos Quílez, hubo penetración: “Dani Alves ha confirmado que efectivamente se consumó el acto sexual”.

A diferencia de sus contramarchas, la víctima siempre ofreció una única historia de lo sucedido. El encargado de difundir estos detalles escabrosos fue el portal español: “Ha denunciado que Alves se sentó en el váter, le subió el vestido, le pidió que dijera que era su ‘putita’, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Después, le dijo que esperara a salir a que lo hiciera él en primer lugar”. Su informe médico sostiene que sufrió lesiones de poca gravedad compatibles con el forcejeo mantenido presuntamente con el futbolista.

Su abogada, Ester García, presentó un escrito este jueves ante la Audiencia de Barcelona para rebatir el recurso presentado por Cristóbal Martell, quien había pedido la liberación del futbolista con una pulsera telemática que garantice su localización. Sin embargo, la letrada contrarió esta solicitud al asegurar en su presentación que existe peligro de fuga por sus recursos económicos, ya que cuenta con varias empresas en España y Brasil. El jugador de 39 años se enfrenta a una posible pena de 4 a 12 años de cárcel.

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