El crimen de Joaquín Coronel, el hincha de Luján de apenas 18 años asesinado en el marco del clásico ante Leandro N. Alem en el estadio Municipal de la ciudad de la basílica, tiene un nuevo detenido: se trata de Facundo Serrano, quien en las imágenes, tal como muestra Infobae, aparece con una campera azul junto al resto del grupo de barras imputados por el hecho. Y como la mayoría de los hasta ahora cuatro detenidos, es dirigente de la institución Lechera, en este caso vocal titular. Lo que demuestra lo que se viene señalando hace tiempo: es el mismísimo club el que apaña y fomenta a los barras, a punto tal que quien está señalado como jefe de la misma es Ariel González, hijo del presidente, Carlos, y de la directora de la Casa de la Justicia de General Rodríguez. Y él mismo era funcionario, ya que al momento del suceso se desempeñaba como director de Transporte del municipio, cargo del que fue cesado el jueves pasado cuando se conoció su imputación.
Serrano, de 29 años, fue detenido en Mercedes y está alojado en la DDI de Luján y será indagado mañana por la fiscal María Laura Cordiviola, quien está a cargo de la causa que pasó de la UFI 10 de Luján a la Fiscalía de Delitos Complejos de Mercedes. La acusación es la de homicidio simple agravado, lesiones leves y graves por siete heridos de bala y resistencia a la autoridad agravada, lo que en caso de ser hallado culpable de todos estos delitos tendría una pena de hasta 25 años de prisión.
Hasta ahora los únicos dos detenidos que declararon, César Ramírez y Mauricio Pare, admitieron que estaban en el lugar pero que ellos no tuvieron participación, sólo manejaban los autos que llevaron a los hinchas al estadio y después también los trasladaron al regreso a Rodríguez. Ambos son dirigentes de Alem e intentan con esta estrategia ser considerados mero encubridores, lo que tiene pena de hasta tres años de prisión, por lo cual es excarcelable. Claro que hasta ahora la fiscal no parece creer en sus versiones porque los mantuvo detenidos. También está tras las rejas Hugo Prezzo, otro de los participantes del hecho cuyo auto es visible en las imágenes (un Audi negro), que se negó a declarar.
En el proceso aún quedan cuatro prófugos: los hermanos Ariel (33) y Mariano González (40), Carlos David Ceppelani (38) y Diego Armando Barrientos (33), apodado Chimi y considerado mano derecha de Mariano, el mayor de los González. Hubo allanamientos en la zona del Delta para dar con ellos pero los resultados no fueron los esperados. Tal como informó Infobae, la otra pista para encontrarlos los sitúa en el litoral, más precisamente en la provincia de Corrientes, y si esta hipótesis de escape resultara finalmente correcta, hay mucho temor de que, dado que ya pasaron 11 días, hayan logrado por algún paso ilegal cruzar hacia Brasil o Uruguay. Más teniendo en cuenta los vínculos sobre todo de los González, quienes según testigos del propio municipio tienen muchos contactos políticos, judiciales, sindicales y policiales, debido a que están señalados como jugadores pesados en el negocio de la noche en toda la zona Oeste.
Anoche en Luján hubo una nueva marcha de la familia de Joaquín pidiendo Justicia y poniendo el foco también sobre la actuación policial, dado que la gente sospecha de una zona liberada que permitió el ataque de los barras de Alem, haciendo foco en que el jefe de la DDI, Rubén Giménez, había asumido su cargo dos semanas antes del partido y que venía de ser jefe de brigada en General Rodríguez. Pero el funcionario judicial no está en la mira de la Justicia.
Al mismo tiempo se conoció que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) sancionó con tres meses de clausura el estadio Municipal donde se llevaba a cabo el clásico que fue suspendido a los 14 minutos. Esto generó una ola de repudio entre los hinchas locales, dado que no fueron los iniciadores de los incidentes y que fueron víctimas del ataque. Pero para la Aprevide también participaron de varios sucesos violentos dentro y fuera del estadio, lo que motivó la medida. En el caso de Alem, se recuerda, la agencia gubernamental le pidió a la AFA que todos sus partidos por el término de un año sean en un estadio a 100 kilómetros de General Rodríguez, a puertas cerradas y con la presencia solamente de ocho dirigentes. En el clásico habían sido autorizados a ingresar 53 de ellos.
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