El 12 de marzo de 2018 la sociedad argentina asistía azorada a una noticia impactante: una serie de abusos sexuales que se estaba cometiendo en el mundo de las Inferiores de los clubes de fútbol, con núcleo en varios jugadores de Independiente. Ese aberrante delito salió a la luz porque uno de los chicos, de apenas 14 años, se quebró ante el jefe del departamento de psicólogos del club, Ariel Ruiz, y le contó lo que estaba sucediendo: que él y varios compañeros más de distintas divisiones habían tenido relaciones sexuales con mayores a cambio de pagos de dinero en efectivo y artículos deportivos.
El club inmediatamente reaccionó llevando el caso a la Justicia y abriendo las puertas de la institución para que la fiscal Soledad Garibaldi fuera a fondo con la investigación. Y la funcionaria determinó tiempo después que eran al menos 15 los chicos afectados y seis los participantes del abuso sexual agravado, explotación sexual, promoción de la prostitución y corrupción de menores, con penas de hasta 15 años de prisión.
La sociedad no salía de su estupor aunque al tiempo la Justicia comenzó a virar el caso. Primero la Sala Uno de la Cámara de Apelaciones cambió la carátula y sólo dejó en pie el delito de corrupción de menores, cuya pena arranca en los tres años de prisión y al tener un mínimo excarcelable permitió que de a poco los imputados Martín Bustos (árbitro de fútbol), Leandro Cohen Arazi (relacionista público), Alberto Ponte (representante de jugadores), Alejandro Dal Cin (dueño de emprendimientos futbolísticos), Juan Díaz Vallone (empresario) y Silvio Fleytas (empleado de comercio) recuperaran su libertad.
Pero el proceso siguió y en noviembre del año pasado finalmente la causa fue elevada a juicio con un nuevo cambio de calificación que ahora dictaba promoción de la prostitución agravada, con pena mínima de diez años de prisión, pero con la decisión de que los imputados pudieran llegar libres al juicio oral que debía realizarse este año. Pero esto último finalmente tampoco ocurrirá: en otro fallo polémico el Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora junto a la fiscal del juicio llegaron ahora a la conclusión de que los casos de abusos fueron independientes, que no existía una red de corrupción o trata y dictaron la incompetencia para llevar adelante el debate y decidieron desmembrar toda la causa mandando a cada uno de los acusados a la justicia de los distritos donde se cometieron los delitos. Para sintetizar: no habrá un juicio con los seis acusados en el banquillo sino múltiples juicios individuales, cada uno a su tiempo y en distintos lugares. Y esto no solo hace perder fuerza a toda la base acusatoria sino que además alarga muchísimo los tiempos, un clásico del sistema penal argentino.
¿Cómo se llegó a este punto tan distinto a lo que se estuvo trabajando en los últimos cuatro años? Porque el Tribunal Oral 3 entendió que no había conexión entre los imputados y que si bien las víctimas eran las mismas, no se pudo probar que los acusados montaran una organización para corromperlos.
De esta forma, por ejemplo, a Cohen Arazi por los cinco hechos que se lo acusan deberá juzgarlo la Justicia porteña, dado que se materializaron en su departamento de Palermo. En el caso de Bustos en San Isidro, a Dal Cin le corresponde la justicia de La Plata y así con cada imputado. Por lo que deberá intervenir un tribunal oral distinto para cada uno que primero tiene que aceptar el caso, porque en caso que no concuerde con el fallo del Tribunal de Lomas de Zamora y decline la competencia todo deberá ser resuelto por la Cámara, lo que obvio posterga los plazos meses y a veces hasta años.
Pero además cada fiscal nuevo ahora deberá estudiar desde cero la causa teniendo que ver todo lo que se hizo en estos años, recortar la prueba a su propio acusado y hasta pedir una instrucción suplementaria, algo que también seguro harán los defensores quienes además según le confirmaron a Infobae intentarán nulificar todo lo actuado previamente porque, aducen, está viciado y ahí cada nuevo juez deberá imponer su criterio. Con lo cual, lo que parecía allá hace cuatro años el inicio de un proceso que podía deshilvanar una madeja de una matriz delictiva insospechada en su tamaño y aberrante en su accionar, languidece de a poco mientras las víctimas siguen esperando justicia.
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