Todo se hizo a sus espaldas. No es que no hubo delito, sino que la persona en autos no tuvo la menor idea de lo que ocurría. Esa es en definitiva la traducción correcta del fallo de 17 páginas por el cual la jueza Brenda Madrid sobreseyó a Pablo Moyano como jefe de una asociación ilícita vinculada a la barra brava de Independiente. Todo lo que el fiscal Sebastián Scalera dijo que pasó, según la Justicia pasó, pero el vicepresidente del club, titular del Sindicato de Camioneros y hombre clave en el gremialismo argentino, no sabía nada. No importa que estuvieran involucrados en la asociación y vayan a ir a juicio oral y público otro vicepresidente del club por entonces, Noray Nakis, y el secretario general del club, Héctor Yoyo Maldonado, que a la vez era tesorero de Camioneros y ahora se encarga de la estratégica sección de turismo del sindicato. Ellos dos actuaron por su cuenta en las relaciones con la barra, sin tener que pedir aprobación hacia arriba. Así se desprende del fallo que desvinculó a Moyano de la asociación ilícita y será apelado por el fiscal Scalera, con lo cual la Cámara, la misma que ratificó los procesamientos de Maldonado, Nakis, Bebote Alvarez y el resto de la barra, deberá ratificar o revocar. Pero Papá Noel está claro que llegó con el mejor regalo para Moyano.
La causa iniciada en 2017 tenía por base que había una organización delictiva entre los violentos y la dirigencia para defraudar al club Independiente mediante la impresión oculta y reventa de entradas, extorsionar a los jugadores y directores técnicos a cambio de dinero, intimidar mediante el uso de la fuerza física y hasta armas de fuego a la oposición política, manejar todo lo que tiene que ver con el merchandising ilegal, los puestos de comida ambulante y los trapitos alrededor del estadio, ser fuerza de choque para distintos actores de la vida pública y que además de un rédito económico se generaba un rédito político para mantenerse firmes dentro del club. A cambio de los servicios prestados por la barra, la dirigencia le otorgaba los tickets, pagaba los viajes al exterior y demás beneficios atenientes al espectáculo deportivo.
Toda esta situación la jueza Madrid la dio por probada en todos los integrantes de la asociación ilícita, a quienes envió a juicio oral en diciembre de 2019, lo que fue ratificado por la Sala 2 de la Cámara de Lomas de Zamora en agosto pasado. Pero con respecto a Moyano, obró diferente. En la página 13 de su decisorio escribe: “Si bien a mi entender se encuentra acreditado (NdR: las conductas delictivas) tal como decidí en su momento, debo señalar que de ninguno de los testimonios en autos surge que ello haya sido autorizado y avalado por Pablo Moyano”. Para la jueza, todo lo que tiene Scalera son los dichos de Bebote Alvarez, de su pareja y de su secuaz en la barra, Damián Langaronne. Y nada de lo que ellos dijeron, que sí sirvió para procesar a Nakys y Maldonado, sirve para hacer lo mismo con Moyano. Estos dirigentes decidían autónomamente sin tener que consultar con las máximas autoridades del club. Así por ejemplo entraron en la final de la Sudamericana 12.000 personas sin pagar tickets, por ejemplo. Y deja en claro una hoja después esta convicción de que la línea dirigencial se cortaba abajo cuando agrega: “No surge de los elementos reunidos que exista participación criminal del nocente (Moyano) en los hechos y conductas descriptas”.
El fallo es un golpe para el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora que persiguió hasta el cansancio la posibilidad de indagar a Moyano, lo que consiguió tras varias audiencias fallidas. Y un triunfo para el titular de Camioneros, que queda fortalecido de cara a un año electoral en la Argentina y en el club Independiente.
“Es el fallo que esperaba. Scalera no tenía nada y quedó probado. Ahora van a tener que pagar él y Conte Grand (Julio, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires) por la persecución que le hicieron a Pablo. Este es el primer caso de lawfare que se da vuelta y los voy a denunciar a ambos por lesa humanidad, porque persiguieron a mi defendido para concretar judicialmente una orden que venía del mismísimo Mauricio Macri. Había un intento de quebrar a Moyano, de quebrar al sindicalismo y esta causa era la punta de lanza. Perdieron y ahora tendrán nuestra respuesta judicial”, le dijo Daniel Llermanos, abogado de Moyano, a Infobae.
El partido, claro, aún no ha terminado. Porque al mismo tiempo que Llermanos anuncia que irá contra el fiscal, éste se prepara para apelar el fallo ante la Cámara, que ahora deberá decidir si ratifica o revoca lo actuado por la jueza Madrid un 21 de diciembre, a nada de la Navidad, cuando el deseo de nochebuena de Pablo Moyano se convirtió en realidad.
SEGUÍ LEYENDO: