La fiscalía solicitó la elevación a juicio de la causa por abusos en Independiente: quiénes son los acusados y la trama completa de la investigación

El 12 de marzo de 2018 un chico de 14 años que jugaba en las Inferiores de Independiente y vivía en la pensión del club se quebró. Pidió hablar con el jefe del departamento de psicólogos del club, Ariel Ruiz, y le contó que él y otros chicos eran abusados sexualmente por al menos seis personas que nada tenían que ver con la institución. La mecánica era la siguiente: los chicos salían diciendo que iban al colegio o a realizar algún trabajo, siempre con autorización de los padres, pero en realidad se dirigían a departamentos privados de los abusadores para tener sexo por dinero. El profesional escuchó atentamente sin salir de su asombro. Se tomó unos días para indagar sobre todas estas cuestiones, hablar con los futbolistas presuntamente involucrados, con tres psicólogos especialistas en temas de abusos, con un abogado y, cuando tuvo todo el escenario completo, se reunió con el coordinador de la pensión, Fernando Langenauer.

Independiente comenzaba a vivir el mayor de los calvarios, saber que el delito más aberrante se estaba cometiendo contra sus propios chicos. Langenauer habló con Fernando Berón, coordinador de las Inferiores, y un día después se hizo una reunión con todos los chicos que vivían en la pensión. Nadie podía creer lo que escuchaba: tras la denuncia inicial se pasó a que varios más, sintiéndose liberados, contaran con angustia su situación personal. Eran 15 los chicos que habían sido abusados. La situación era extrema y los responsables de las Inferiores decidieron hablar con los encargados de seguridad y miembros de comisión directiva. Hubo un llamado a Pablo Moyano, vicepresidente del club, para ponerlo al tanto de la situación.

Y el club decidió ir a fondo: el 21 de marzo por la tarde presentó la denuncia formal por abuso sexual contra sus futbolistas. La causa recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción Número 4 de Avellaneda y hoy, a dos años y ocho meses de aquella confesión que desató el nudo, llegó el final de la instrucción: la fiscal Soledad Garibaldi solicitó la elevación a juicio contra el árbitro Martín Bustos, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el dueño de emprendimientos futbolísticos Alejandro Dal Cin, el representante de jugadores Alberto Ponte, el empresario Juan Manuel Díaz Vallone y el empleado Silvio Fleytas por los delitos de promoción de la prostitución agravado por ser las víctimas menores de edad y vulnerables en concurso real con corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal y explotación sexual que tiene una pena que va de 10 a 15 años de prisión y en el caso del árbitro Bustos, por tener conocimiento de padecer una enfermedad de transmisión sexual, de hasta 20 años. Así, la trama lacerante comienza a desandar su etapa final.

Para llegar a esta resolución la fiscal se basó en los innumerables testimonios tomados a los chicos en Cámara Gesell, en las declaraciones de sus familiares que viajaron desde el Interior o que fueron entrevistados por la propia funcionaria en sus provincias de origen, en los dictámenes de los expertos psicológicos y en los informes victimológicos y criminológicos de los equipos especializados de la Justicia. En todo momento quedó establecido que los jugadores abusados fueron los más vulnerables socio y económicamente, y que los seis acusados se acercaban primero a ellos en función de una actitud de contención, generando seguridad y confianza, casi como protectores para después, una vez que tenían su ascendencia de autoridad, terminar convenciéndolos de tener sexo por dinero a partir de las necesidades económicas que padecían los chicos, algunos de los cuales no tenían plata siquiera para ir al cine o para ir una vez cada tanto a visitar a sus familiares.

Cierto, la causa pareció tener un retroceso en septiembre de 2018, cuando la Sala Uno de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora decidió cambiar la carátula y sólo sostener la corrupción de menores, delito que arranca en los tres años y por tener un mínimo excarcelable, permitió que los imputados recuperaran su libertad. Para ello, los jueces se basaron en que la relación sexual estaba consentida puesto que los jugadores recibían dinero y que muchos de ellos en sus declaraciones habían manifestado que eso lo hacían para poder comprarse ropa o tener efectivo para ir a bailar.

Pero la fiscal demuele en su requerimiento este argumento apelando a distintos pronunciamientos de Unicef y de la Convención Universal por los derechos del niño y escribe: “Entiendo que se encuentra probado en autos que los imputados tenían conocimiento acabado de las necesidades de las víctimas, tanto así que el modo de ganarse su confianza en todos los casos era ofreciéndoles aquellos bienes que para ellos eran inalcanzables y en definitiva a través de los mismos, acceder al ámbito con el que anhelaron desde su primera infancia. No creo que exista la prostitución feliz, porque se parte de la desigualdad de condiciones y en caso que como la excelentísima cámara de apelaciones se entienda que el consentimiento no estaba viciado, no importa ese consentimiento, porque en estas condiciones, para estos chicos, el hecho de haber sido explotados sexualmente constituyó una actividad degradante desde el punto de vista de la libertad sexual, la dignidad y su psiquis. Donde hay explotación y por tanto desigualdad no hay consentimiento posible”.

De acuerdo al pedido de elevación a juicio, a Cohen Arazi se le imputan siete hechos de abuso, lo mismo que a Dal Cin, mientras que al árbitro Martín Bustos tres, y a Díaz Vallone, Alberto Ponte y Silvio Fleytas dos a cada uno. Y si bien en la causa la fecha del primer abuso data de 2013, la fiscal cree que esto viene desde mucho tiempo atrás y que no se circunscribe únicamente al club Independiente. De hecho se anexa una causa de 2018 por denuncia del apoderado de All Boys contra Cohen Arazi por presuntos hechos que podrían haberse cometido entre 2008 y 2010 y además por la propia declaración de las víctimas se amplió la investigación a muchos otros clubes en un proceso paralelo que está aún en etapa preliminar.

Hay también otros dos puntos clave en la investigación que acaba de concluir. La primera tiene que ver con las manifestaciones de los psicólogos, quienes plantean cómo los chicos meses después de la denuncia comenzaron a mejorar sus rendimientos deportivos y escolares, al sentirse liberados de la presión y la angustia que sentían por la situación de abuso que habían atravesado. La segunda es el objetivo que se propuso la fiscal Garibaldi cuando empezó a trabajar el caso: que se genere un cambio en las Inferiores donde los chicos dejen de ser vistos como ganancia a futuro y sean tratados como lo que son, niños y adolescentes en plena etapa formativa. Ojalá haya justicia y el objetivo de la fiscal se concrete para que el semillero del fútbol del mundo crezca sano y lejos de las aberrantes prácticas que un día, un chico de 14 años, decidió contar.