Un único condenado y muchas dudas: archivaron la causa por la agresión al micro de Boca en la Superfinal de la Copa Libertadores 2018

Matías Nicolás Sebastián Firpo. Este es según la Justicia argentina el único culpable de la final frustrada de la Copa Libertadores 2018, aquel bochorno que impidió que el histórico Superclásico entre River y Boca se disfrutara en la Argentina y tuviera que trasladarse a Madrid.

No habrá políticos, policías, barras ni dirigentes con responsabilidad penal en lo que fue el mayor escándalo del fútbol argentino en toda su historia. Un año y medio después, la causa quedó definitivamente archivada y si te he visto no me acuerdo: Firpo, un hincha del Millonario de 31 años, con nula relación con los Borrachos del Tablón y condenado a dos años y cuatro meses de prisión condicional en un juicio abreviado, es el único culpable.

Y que siga el show.

La causa fue mandada al cajón de los recuerdos por la fiscal Adriana Bellavigna a fin del año pasado, antes de su traslado a la Unidad Sur del Ministerio Público Porteño. Su reemplazante, el doctor Adrián Grassi, tampoco la reactivó: según averiguó Infobae el archivo de la causa se produjo cuando todavía restaba un informe del Cuerpo de Investigadores de Delitos Complejos que intentaba acreditar responsabilidades de todos los protagonistas.

Cierto, el caso terminó con la carrera de Martín Ocampo, íntimo amigo de Daniel Angelici, como ministro de Seguridad Porteño (hoy es legislador por la ciudad) y con el traslado desde el departamento de Seguridad Deportiva a Asuntos Judiciales de la Policía de la Ciudad del comisario mayor Horacio Marot, organizador de aquel operativo. Pero la investigación nada dijo sobre la hipótesis de una zona liberada y sus autores cuando había sugestivas pruebas de una actuación policial como mínimo negligente, tal como reflejó Infobae el 3 de enero del año pasado revelando comunicaciones internas del propio comando unificado que tenía la misión de garantizar la seguridad. Una decisión política de no agitar más las aguas y el paso del tiempo hicieron su trabajo para que el proceso languideciera sin más.

Lo más llamativo es que analizando las tres horas de comunicaciones de la frecuencia policial y las cámaras de video queda en evidencia que hubo decisiones difíciles de entender. El hecho más sorprendente ocurrió 15 minutos antes de que el micro pasara por la ya célebre esquina de Lidoro Quinteros y Libertador, donde se produjo la agresión de los hinchas de River hacia el plantel de Boca. Porque hasta ese momento había cuatro grupos de combate en la zona, acompañando a la gente de Prefectura que estaba formando dos hileras para contener a la gente. Pero extrañamente hubo una orden desde la Superintendencia de Operaciones para que esos grupos se desplazaran hacia Figueroa Alcorta dejando la zona más conflictiva vacía de los elementos disuasivos más importantes y los únicos en condiciones de abortar un intento de agresión al micro. ¿Negligencia o zona liberada en medio de una interna feroz entre las fuerzas de la ciudad y las fuerzas federales involucradas en el operativo? La respuesta ya no estará en la Justicia.

Por entonces, la versión oficial fue que el traslado de esos grupos de combate se ordenaron porque se estaban produciendo incidentes en el portón de acceso por donde ingresa el micro visitante, pero no hay constancias de que esas corridas fueran de magnitud y bien podrían haber sido reprimidas con fuerzas ya apostadas sobre Figueroa Alcorta. Es más, el lío grande en esa zona se produjo a las 16:20, cuando la barra de River forzó y logró traspasar una columna policial. El micro había arribado más de una hora antes.

¿Qué chance hay de que la barra haya realizado el ataque al micro y después trasladado a esa zona para ingresar al estadio sin entradas, ya que las propias les habían sido secuestradas el día anterior a su jefe, Guillermo Caverna Godoy? Ninguna: según la investigación de Infobae corroborada por cámaras de video y testigos, Los Borrachos del Tablón estaban divididos en dos grupos lejos de donde ocurrió el lío con el micro. Uno en la zona del local de comidas rápidas que está sobre Libertador y Manuela Pedraza, robándole a los hinchas comunes, y otro sobre Figueroa Alcorta intentando forzar el ingreso al estadio por la calle Saenz Valiente.

El tema, además, es que casi al mismo tiempo de esa retirada de los grupos de combate, vino la orden desde el comando policial a las fuerzas de Prefectura para que no dejaran pasar más gente por Lidoro Quinteros, porque se acercaba el micro de Boca. Pero la zona ya estaba desbordada, como demuestran los audios de Prefectura donde se deja constancia de que no tienen con qué hacer retroceder a la gente. E insólitamente no hay órdenes de enviar hasta allí otra vez a los grupos de combate ni de desviar al ómnibus que llevaba al equipo de Guillermo Barros Schelotto.

La investigación posterior le dio a la fiscal Bellavigna un único nombre de todos los que agredieron al micro: el de Firpo. Ni siquiera el de sus cuatro amigos con los que ingresó al Monumental un ratito después. Una muestra más de una ineficacia sugestiva.

La otra causa derivada de aquel súper fallido, la responsabilidad de parte de River por la entrega de los tickets a la barra, también está en un punto muerto, aunque por lo menos aún no fue archivada. El fiscal Norberto Brotto había elevado a juicio a Caverna Godoy, José “Bolsa de Papas” Uequín y tres gerentes del club entre otros por formar y organizar a la barra, delito penado con hasta seis años de prisión. Pero la jueza Patricia Larocca nulificó en noviembre pasado ese requerimiento diciendo que el fiscal no había logrado determinar qué actividad realizó cada uno en los hechos ilícitos presuntamente cometidos. El fiscal insistió, pero a más de ocho meses de la nueva presentación tampoco hay una decisión.

En Tribunales dicen que la jueza está esperando que la Cámara resuelva un recurso del abogado defensor de los gerentes de River, Jorge Sandro, quien planteó que nadie promovió la formación de la barra porque Los Borrachos ya están formados desde tiempo inmemoriales, y pide que todo sea considerado una contravención de reventa de entradas, que tiene apenas multa y 30 días de arresto y que a esta altura ya podría estar prescripta. Y la Cámara, amparada en la pandemia, la cuarentena y la mar en coche, aún no resolvió. Porque el tiempo, ya está dicho, parece cicatrizar todas las heridas aunque en el medio lo que quede herido de muerte sea el sentido de Justicia.

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