El escándalo del avión privado con 60 atletas argentinos y las consecuencias de las presiones políticas y la manipulación

Al escándalo del avión privado con atletas argentinos le llegó su capítulo final. Y lo que se vivía en el mundo del deporte amateur en la noche del lunes era tristeza y dolor. Había algo de desazón entre deportistas, referentes y dirigentes que conocían los resultados finales de los enviados al campeonato sudamericano de atletismo, en Guayaquil, Ecuador. Lo interpretaban como la consecuencia inevitable de haber impuesto la lógica política y la conveniencia personal antes que los criterios y objetivos deportivos.

Más allá del reconocido esfuerzo personal y de los sueños de los atletas que viajaron para competir en un torneo decisivo para sus metas de lograr un lugar en Juegos Olímpicos o en competencias mundiales, Argentina terminó relegada al sexto lugar en el medallero de la competencia regional que terminó ayer, detrás de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y de Chile.

“Apuraron a chicos con mucho potencial que todavía no estaban maduros o necesitaban más entrenamiento. Los empujaron a competencias para las que requerían más preparación”, era la reflexión que, como una letanía, expresaba un protagonista de la tumultuosa previa que rodeó la participación de los atletas argentinos.

El viaje de los deportistas estuvo rodeado de escándalo por las abiertas presiones políticas que plantearon la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, su segundo, el profesor marplatense Daniel Carlos Díaz, y el hombre fuerte de la Confederación Argentina de Atletismo, Juan Scarpín, para obligar al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) a que pagara de su presupuesto más de 100 mil dólares para enviar por vuelo privado a 60 personas para participar del campeonato.

Ante eso, el ENARD había propuesto una comitiva de 19 representantes y rechazó la pretensión que promovía la CADA con un aliado clave en el Gobierno, Daniel Carlos Díaz, de larga y probada vinculación profesional con la Confederación. Este desacuerdo se planteó por dos motivos: nunca los deportistas viajaron a ninguna competencia internacional con avión privado, menos aún cuando ahora los recursos provienen del Estado y son fondos públicos; y no había antecedentes del envío de una delegación tan numerosa al exterior para un certamen regional, ya que desde 2013 al 2019, en Colombia, Lima y Asunción la representación nunca superó los 35 atletas. Y todo esto se producía en medio de una pandemia que castiga con especial fuerza en América Latina, dejando tras de sí contagios, muertes y pobreza.

Semejante despliegue de recursos económicos -los más de 100 mil dólares del avión privado- implicaba también privilegiar al atletismo por sobre el resto de 49 disciplinas que sostiene con su presupuesto el ENARD. Y además, significaba invertir en deportistas reconocidos y valiosos pero que no estaban todavía en condiciones de sumar puntos para torneos hemisféricos, mundiales o, incluso, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/21. En la gestión de fondos limitados, el objetivo que planteó la dirigencia fue priorizar a los atletas con chances para que todos tuvieran su oportunidad.

Y aquí irrumpe en su dimensión la tristeza, impotencia y frustración. Es que, del total de 47 deportistas que viajaron finalmente a Guayaquil -vía vuelos regulares o con el charter que finalmente se contrató por una acción solidaria privada y no con recursos públicos-, casi el 80 por ciento de los enviados no llegaron a hacer podio, el 50 por ciento quedaron detrás del puesto sexto en sus competencias y se obtuvieron 11 medallas, ninguna de las cuales fueron obtenidas por nombres distintos de los que había propuesto el ENARD.

La única medalla de oro que logró Argentina la obtuvo el reconocido garrochista Germán Chiaraviglio; mientras que la presea de plata la lograron Nazareno Sasia, por lanzamiento de bala; y Federico Bruno y Florencia Borelli, por semifondo, mientras que una última distinción se consiguió por una posta mixta 4x400 metros que se corrió por primera vez.

En el caso de las medallas de bronce, las ganaron Juan Ignacio Carballo, en bala; Carlos Layoy en salto en alto; Mariana Borelli, en 1500 metros; Joaquín Gómez, lanzamiento de martillo; Belén Casetta, 3.000 metros en obstáculos; y Juan Cano, en 20 mil metros marcha. Todos estos nombres integraban la lista de 19 postulantes que había entregado el ENARD para viajar por vuelos regulares y con pasajes que habían podido adquirirse, pese a las limitaciones que rigen por la pandemia.

La dirigencia del deporte amateur insistía anoche en que todos los atletas que fueron hasta Guayaquil participaron con compromiso y destacada vocación por superarse. Las críticas apuntaban a sectores de la dirigencia deportiva que “manipularon” a los deportistas por sus objetivos personales y políticos.

En ese sentido, las miradas apuntaban contra el profesor de atletismo Daniel Carlos Díaz, quien quedó complicado por sus vínculos con la CADA, con la cual tuvo una extensa relación profesional. Detrás de su posición salió en respaldo la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, quien públicamente exigió que el ENARD pagara los gastos de contratar un avión privado.

La interpretación es que el presidente de la Confederación, Daniel M. Sotto, y el verdadero hombre fuerte de la entidad, Juan Scarpín, les prometieron a todos los atletas que habían entrenado en Buenos Aires que iban a participar del campeonato allí donde se hiciera. Es que la Ciudad Autonóma -hasta abril- iba a ser la sede y organizadora de la competencia regional pero, debido a la falta de recursos que alegó primero la Secretaría de Deportes y, luego, por el agravamiento de la situación sanitaria, Argentina declinó ser la anfitriona.

De allí fue que se mudó a Guayaquil y que se generó la pelea por quiénes viajarían y quién se haría cargo de financiar los pasajes. El ENARD planteó que, como se hizo siempre que se debió enviar deportistas, fueran los que más chances tuvieran de hacer podio o sumar puntos en cada disciplina, mientras que la Confederación de Atletismo de Argentina, con el aval de Daniel Carlos Díaz, empezó a presionar para que todos viajaran, independientemente de si estaban preparados o no para enfrentar una competencia que podría, incluso, afectar su reválida para las becas deportivas.

Una pelea que se hizo política y pública

En medio de los tironeos, Arrondo afirmó en una entrevista periodística: “La postura nuestra es que tiene que viajar la delegación que se está preparando para la instancia sudamericana y tiene la calificación para competir. Esa es nuestra posición, la posición de la línea del Estado, de la Secretaría de Deportes”.

Esas declaraciones fueron cuestionadas por una gloria del deporte argentino, Juan Curuchet, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, quien no dudó en definir el conflicto: “Acá el primer responsable de lo que pasó es la Confederación de Atletismo, que les dijo a todos que iban a viajar, cuando esa no es la forma de actuar, y después está la Secretaría de Deportes que se pone a criticar al Comité Olímpico y al ENARD”, aseguró en diálogo con Infobae.

Esas declaraciones, como otras en línea similar que pronunciaron Walter Pérez y Federico Molinari, provocaron la reacción de Arrondo, con recriminaciones realizadas vía llamados telefónicos, mensajes por WhatsApp y descalificaciones en las redes sociales. Esa actitud le valió a la jefa de Daniel Carlos Díaz un repudio del Comité Olímpico Argentino por pretender “descalificar, silenciar y amedrentar” las críticas.

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