Ahora sí, parece que Pablo Moyano no tiene más chances de eludir la declaración indagatoria en la causa por la asociación ilícita del club Independiente: la Sala II de la Cámara falló esta tarde en favor del fiscal Sebastián Scalera y en contra del titular del gremio Camioneros y declaró inadmisible el recurso presentado por su abogado Daniel Llermanos para que no se lleve adelante la audiencia. De esta manera, el fiscal quedó habilitado para volverlo a citar a la brevedad, en una declaración que se realizará en forma presencial y muy probablemente en los primeros días de la próxima semana. Así, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora le puso punto final a un juego de chicanas y contra chicanas que llevó a postergar el trámite cinco veces, algo pocas veces visto en la historia judicial argentina.
En el fallo, los camaristas Pablo Litte y Alejandro Rojas opinaron sobre el proceso aún cuando al rechazar el recurso por inadmisible ni siquiera estaban obligados a hacerlo. Allí se puede leer que ratifican que el fiscal natural de la causa es el titular de la Unidad de Delitos Complejos, a quien Llermanos había recusado por presunta parcialidad, y además expresan que los tiempos no están prescriptos como pretendía la defensa. Sobre el final, además, le piden sutilmente a la jueza de la causa, Brenda Madrid, que no dilate los términos de la investigación enviando cada vez que hay que definir algo todo el voluminoso expediente, sino sólo la parte que debe ser resolutiva.
La decisión de la Sala no puede tomarse como sorpresiva, ya que tres meses atrás había ratificado todo lo actuado por la fiscalía cuando confirmó la elevación a juicio por este mismo proceso a Pablo Bebote Alvarez, jefe de la barra de Independiente; a sus más conspicuos secuaces; al ex vicepresidente del club, Noray Nakis; y al secretario general de la institución, Héctor Yoyo Maldonado, quién a su vez fue tesorero histórico de Camioneros y hoy se encarga de la estratégica sección de Turismo del gremio. Es verdad con que algunos especulaban que Moyano podría tener más suerte dado su cercanía al gobierno y la foto de su padre Hugo en familia, días atrás, con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Pero eso no ocurrió.
A partir de ahora se achica el margen de maniobra del gremialista. Porque Scalera deberá indagarlo como presunto jefe de una asociación ilícita y entre las pruebas que tiene en su poder son declaraciones como arrepentidos de los barras; declaraciones testimoniales de los dueños de la empresa que confeccionaba los tickets para ingresar a la cancha y los carnets para los socios, quienes admitieron que entregaban por un circuito no tradicional y por orden del club un paquete importante a la barra; la contratación de viajes al Interior y exterior para los violentos con empresas ligadas a Camioneros; la utilización de éstos para voltear al ex presidente Javier Cantero, a cambio presuntamente del pago del paquete para cinco de ellos al Mundial de Brasil 2014; y también la guarda del material de Los Diablos Rojos en un estacionamiento del gremio.
A eso se suman denuncias por fraude económico en pases de jugadores que se investiga por separado en la justicia federal. Es cierto que en todo el voluminoso expediente no existe ninguna prueba directa que relacione a Pablo Moyano con la barra, más allá de que Roberto Petrov, alias el Polaco, miembro de Camioneros y quien fuera custodio de Hugo Moyano, se subía al paravalancha al lado de Pablo Alvarez y tiene innumerables conversaciones con Bebote refiriéndose a que determinados pedidos tenía que charlarlo con el Salvaje, que era al parecer quién definía todo. Ese apodo aparece en otras escuchas de barras y dirigentes y según los violentos, así ellos lo llamaban a Moyano hijo, actual vicepresidente del club. El siempre lo ha negado en los medios. Veremos si después de cinco audiencias frustradas hace lo mismo ante el fiscal Scalera y si lo convence, o si después del trámite la justicia decide, como al resto de los involucrados, mandarlo a juicio oral y público por un delito que admite pena de hasta diez años de prisión.
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