La incógnita del “Salvaje”: la justicia va por Pablo Moyano en la causa de Independiente

Cuando el pasado 28 de julio la Sala 2 de la Cámara Penal de Lomas de Zamora confirmó todo lo actuado entre la fiscalía y la jueza Brenda Madrid y ratificó la elevación a juicio de la causa por asociación ilícita en el club Independiente, era cuestión de días para que los fiscales a cargo fueran una vez más por Pablo Moyano. Porque en su decisorio la Cámara dijo que había semiplena prueba de la comisión de varios delitos no sólo por parte de la barra brava del club, liderada por Pablo Bebote Alvarez, sino también por la dirigencia y entre ellos, en esa primera etapa, Héctor Yoyo Maldonado secretario general de la institución y tesorero del gremio de Camioneros.

En todo el desarrollo del caso, la Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía de Lomas de Zamora que dirige Sebastián Scalera había trabajado sobre la base de que Maldonado ejecutaba lo que desde arriba le ordenaban. Y que esas órdenes provenían de Moyano hijo. Pero como la investigación sobre el gremialista estaba dividida del cuerpo principal del proceso, no ingresó en aquel pedido de elevación a juicio. Y su causa estaba paralizada desde diciembre del año pasado, a la espera de la resolución de la Cámara. Porque si ésta nulificaba todo lo actuado, Moyano podría sonreír definitivamente. Pero aquel 28 de julio, la sonrisa se transformó en una mueca de rabia. Y ahora esa sensación quedó confirmada: este viernes, a las 11,30 de la mañana y por la plataforma Teams, deberá contestar las preguntas que los fiscales Elvio Laborde y Solange Cáceres de la UFI 3 de Avellaneda tienen para él.

Según fuentes de la investigación, salvo que tenga una explicación concreta y muy diferente a las que ofreció hasta el momento sobre su presunta relación con la barra, tras la indagatoria se producirá el pedido de elevación a juicio en su carácter de jefe de asociación ilícita, que contempla pena de cinco hasta diez años de prisión.

Cabe recordar que Moyano fue citado a indagatoria el 1 de noviembre de 2018 en esta causa, pero en aquel momento presentó un escrito negando las imputaciones, no aceptó preguntas y recusó al fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Complejos, Sebastián Scalera, acusándolo de imparcialidad y de armar una causa por pedido del gobierno nacional, por entonces en manos de Mauricio Macri. 

En principio, esta vez la estrategia parecería ser similar: su abogado Daniel Llermanos denunció ayer ante la UFI 11 de Lomas de Zamora otra vez al fiscal por integrar una supuesta mesa judicial junto al Procurador Conte Grand para armar causas ilegales. Se verá si esta UFI rechaza de plano el caso o interviene y eso lleva a la postergación de la audiencia del viernes.

En caso de realizarse, la fiscalía se va a centrar en la relación Moyano-Barrabrava bajo varios ejes. Por un lado, para los funcionarios judiciales está probado que el club pagaba la cuota social de al menos 400 integrantes de Los Diablos Rojos y además les daban miles de entradas de protocolo que después iban al circuito de la reventa.

Esta hipótesis quedó robustecida tras las declaraciones testimoniales de los dueños de la empresa Integradores SA, que manejaban la confección de carnets y tickets para el club: ambos aseguraron que el barra Damián Langaronne iba con un pendrive hasta las oficinas frente a Plaza de Mayo y que el listado de entradas y cuotas sociales que se llevaba coincidía con los que el club enviaba. Además, en la final de la Copa Sudamericana contra el Flamengo se probó que en la cancha había 54000 personas pero sólo habían pagado tickets 36.000. Las 18.000 restantes, según lo que explicó Maldonado en su indagatoria, se habrían “colado” por el aglomeramiento de gente. Sí, así como lee. Para la fiscalía, esas entradas fueron todas al circuito de reventa en un pacto espurio entre el club y la barra.

Hay además constancias que los funcionarios judiciales consideran probadas como que la barra guardaba sus pertenencias en un garaje propiedad del Sindicato de Camioneros, que los viajes a los partidos del exterior o interior para Copa Argentina los pagaba el club y que el acuerdo Bebote Alvarez-Pablo Moyano se remontaría a los tiempos en que la institución era dirigida por Javier Cantero, quién en su declaración aseguró que se reunió varias veces con los Moyano y que entendió que éstos querían voltearlo y que para eso le mandaron la barra al club y a la casa. Y también está la declaración de un ex jefe de la barra brava de All Boys, Gastón Marone, quién aseguró que participó de esas negociaciones y que en abril de 2014 Bebote cobró 400.000 pesos de Pablo Moyano por ese servicio prestado. “Lo acompañé a un club de Floresta donde se reunió con Moyano y al salir me mostró una bolsa con mucho dinero y me dijo ‘ya está la plata para viajar al Mundial de Brasil”.  

Lo cierto es que en la causa y en todas las escuchas judiciales Pablo Moyano no aparece nombrado como tal. Sí existe un misterioso “El Salvaje” al que se refieren los violentos y hasta algunos dirigentes. Los barras aseguran que se trata de él. El titular de Camioneros niega que ese apodo le corresponda. Se verá si este viernes la Justicia puede probar que Salvaje y Pablo Moyano son la misma persona.

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