El 23 de junio de 2012, River se jugaba el ascenso a Primera División contra Almirante Brown en el Monumental. Guillermo F., socio y abonado a la platea San Martín media, fue al estadio soñando con dar la vuelta olímpica junto a su hijo y su pareja, también abonados. Pero se encontró con que uno de los asientos que le pertenecía estaba ocupado. Cuando reclamó, el hincha que estaba en dicha butaca sacó su entrada de protocolo, comprada en la reventa. Tenía misma fila, mismo asiento. Todo podría haber quedado en una simple anécdota, pero cuando Guillermo F. reclamó a las autoridades, lo ningunearon y lo patotearon. Entonces, dos días después decidió hacer la denuncia judicial por estafa. Quizás él no lo sabía, pero estaba dando comienzo a la mayor causa por defraudaciones por reventa de entradas y otros negocios turbios que engloba a barrabravas, dirigentes y policías, causa que casi ocho años después, llegará a juicio: el fiscal José María Campagnoli dio por cerrada la instrucción y le pidió al juez Fernando Caunedo que eleve el proceso para que Daniel Alberto Passarella, sus directivos más allegados, dos policías presuntamente infieles y los jefes de Los Borrachos del Tablón respondan por el delito de administración fraudulenta y formación de grupos violentos, delitos que sumados pueden llegar hasta los 12 años de prisión.
Las constancias de la causa tiene pruebas sorprendentes sobre la movida de la reventa y de dinero que se extraía de pases de jugadores. En el caso de las entradas se pudo establecer por escuchas telefónicas, seguimientos personalizados y policías infiltrados en la barra, que River tenía agendados los datos de 10.000 socios que habitualmente no concurrían al estadio y se usaban sus datos en forma rotativa para imprimir 1500 tickets por partido que iban para la barra y entre martes y jueves, los capos de Los Borrachos del Tablón pasaban a buscarlos por una oficina del club: cuando allí la cuestión se ponía complicada, se reunían en un lavadero de autos de la avenida Libertador llamado Manotas o en una estación de servicio de Juan B. Justo y Nicaragua donde se hacía la entrega. A partir de eso, los barras las comercializaban por dos vías: Mercado Libre, por Internet y por una oficina vip ubicada en un edificio de la calle Carlos Pellegrini 27, pleno microcentro. Además, los días de partido, en las cercanías del Monumental, había un ejército de 57 revendedores todos ya identificados que recibían los tickets en los quinchos del club y tenían una oficina sui generis en la calle Ricchieri, a tres cuadras del Monumental, pegada a la iglesia del lugar, para reportar las ganancias. Ah, las entradas que manejaban los barras eran para las tribunas San Martín, Centenario, Sívori y Belgrano alta. Y aunque parezca insólito, también tenían dos palcos bajo la fachada de una empresa trucha de turismo. Y se vendían a razón de 300 dólares por partido. La plata que se movía era tanta que para blanquearla después en el circuito legal, los barras, según la denuncia, compraban propiedades a refaccionar por medio de una sociedad anónima de testaferros para venderlas después ya recicladas. En el medio, se sobrefacturaban los trabajos para justificar el dinero. Increíble.
Pero como si esto fuera poco, la dirigencia, además, según el requerimiento fiscal, también defraudaba al club en pases de jugadores y hasta cobro de sueldos. Por ejemplo, el fiscal Campagnoli da por probado que se libraron 26 cheques a nombre de futbolistas como Carlos Sánchez, Mariano Pavone, Agustín Alayes y Leandro Vella, entre otros, quienes jamás vieron un peso porque se les falsificaba la firma, se los endosaban a nombre de un tercero y después se cobraban por ventanilla. También aparece en la causa un pago duplicado de comisiones por el pase del jugador Jonathan Fabbro. Uno fue a manos del representante del ex futbolista, hoy preso por violación. El otro habría ido a repartir entre la dirigencia, según la fiscalía.
Además los recitales en River eran otra fuente de ingreso ilegal, según la causa judicial. Además de la reventa de tickets para conciertos como los de Madonna, la institución pagaba millones de pesos a una empresa por adicionales de seguridad privada. Claro que según el contrato con los organizadores de los recitales, esos efectivos debían pagarlos quienes montaban el show y no River. Y como para hacer la maniobra más grotesca, el club emitía las facturas a nombre de la empresa Radiollamada S.A., que estaba registrada como servicio de remises y nada parecía tener con seguridad privada. En la causa también aparecen refacciones inexistentes en el estadio, sobreprecios, licitaciones fraguadas y hasta contratos extraños por servicios de limpieza. En la época de Passarella, River se fue a la B. La culpa, claro, venía arrastrándose desde la gestión de José María Aguilar, quien tuvo más suerte en Tribunales: después de estar al borde del juicio, el juez Luis Rodríguez, actual magistrado federal, lo salvó del cadalso. Passarella no tuvo esa virtud y ahora deberá responder en el banquillo junto a otros directivos y a los capos de la barra por el daño que presuntamente le hicieron al club.
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