En medio de la ola de calor, la sensación térmica en el deporte argentino es de unos cuantos grados más: el presidente Mauricio Macri firmó el martes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para terminar con lo que que muchos en su administración definen como un "poder paralelo kirchnerista".
La primera consecuencia es la extinción de la Secretaría de Deportes de la Nación, un organismo que deja de existir para ser sustituido por la Agencia de Deporte Nacional (ADN). La idea central es que Diógenes de Urquiza, hasta ahora secretario de Deportes, gane poder y tranquilidad. De Urquiza fue durante tres meses un secretario de Deportes acorralado, con el mismo temor a las denuncias penales que, aseguran en su entorno, recibió su antecesor, Carlos Mac Allister.
Tras varios meses en los que recorrió una y otra vez las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia, las de Legal y Técnica y las de la Jefatura de Gabinete, el DNU 92/2019 da forma a un ente, la ADN, que asume las funciones de la Secretaría y de al menos otras cuatro organizaciones creadas o reforzadas en los estertores del gobierno de Cristina Kirchner.
Esas organizaciones, aseguran en el gobierno, eran importantes palos en la rueda de la gestión diaria. "Son un verdadero poder paralelo kirchnerista en el deporte", graficaron a Infobae. "O, para ser más amplios, una unidad básica".
¿A qué se refieren en el gobierno con eso de "poder paralelo"? Tres días después de las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015, con Macri y Daniel Scioli instalados ya en la segunda vuelta, el Congreso Nacional aprobó las leyes 27.201 y 27.202 para crear el Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física. En el artículo sexto de esa ley, que está vigente, se dice con claridad que el Instituto es el sucesor de la Secretaría de Deportes como máxima autoridad deportiva del país. También se crearon el Ente Nacional del Deporte (Enaded) y, un año y medio antes, el Observatorio Nacional del Deporte. Complementados con una organización que en 2021 cumplirá 100 años, la Confederación Argentina de Deportes (CAD), los tres entes dejaron a la Secretaría de Deportes a expensas de múltiples demandas legales y poder de fuego condicionado. Víctor Santa María, jefe del sindicato de los porteros (SUTERH) y del grupo periodístico que incluye a Página/12 y AM 750, entre otros medios, presidió la CAD entre 2013 y 2017.
En octubre, De Urquiza puso como condición para asumir el cargo que el gobierno desarmara ese "poder paralelo". El DNU se demoró meses porque el gobierno quiso evitar cualquier resquicio legal que convirtiera en inviable el nuevo esquema y generase una situación aún peor que la existente. Una de las vías que se buscó fue incluir, perdido en el mamut que es la ley de Presupuesto Nacional 2019, un artículo, el 124, que derogaba la ley 27.201. El intento no progresó, porque el panperonismo y representantes de la izquierda se aliaron para borrar ese artículo de la ley.
Así, la realidad es que el gobierno de Cambiemos ignoró durante tres años una ley vigente, lo que vuelve el problema más complejo aún. Al frente del Instituto Nacional del Deporte está Rodolfo Paverini, un dirigente de Tierra del Fuego de estrechos lazos con el kirchnerismo. En la Secretaría de Deportes definen a los entes nucleados en torno a Paverini como "meros sellos de goma sin funciones reales", pero lo cierto es que esos "sellos de goma", si lo fueran, le generan desde hace tres años un gran dolor de cabeza a los responsables deportivos de Cambiemos.
Paverini es un hombre temido en la Secretaría de Deportes, porque le reconocen capacidad para acorralarlos políticamente, como ya demostró durante las negociaciones por la Ley de Presupuesto. Infobae pidió al Enaded la opinión de su presidente, pero no obtuvo respuesta hasta el momento. La cuenta de Twitter del Enaded tampoco aporta mayores precisiones, más allá de las celebraciones por el freno a la derogación de la ley 27.201.
El Enaded emitió 53 tuits en sus 39 meses de vida, y sigue a solo ocho cuentas, entre ellas la de la Asociación Argentina de Dardos.
La CAD, que preside también Paverini, está en juicio con algunos integrantes del Comité Olímpico Argentino (COA) que preside Gerardo Werthein, aunque no con la institución. Hasta hace diez años ambas organizaciones compartían un mismo edificio como sede. La dirección de contacto de la CAD rebota cuando se intenta enviar un mail a ella: "No se ha encontrado la dirección".
Funcione o no su dirección de mail, la CAD asegura englobar a 137 federaciones deportivas. Los Juegos Olímpicos, para tener una referencia, se mueven en torno a las 30 disciplinas. En la CAD hay de todo. Federaciones de minigolf, batalla medieval, capoeira, paintball, tejo o disco volador. Y la Asociación Argentina de Scrabble también es miembro. Nadie podrá acusar a Paverini de discriminatorio, eso está claro.
Bien al tanto del DNU que preparaba el gobierno, Paverini habló para una radio de La Pampa esta semana. Descalificó la gestión de Mac Allister ("su gestión fue patética") y fue más lejos aún: "Estamos ante un gobierno casi totalitario".
Más allá de la tensión y las chicanas políticas, si tan irregular era la situación, ¿por qué esperó el gobierno hasta el año final de su mandato para intentar solucionarla? Mac Allister, en plena campaña para ser gobernador de La Pampa, explicó su posición a Infobae: "En el inicio de mi gestión, los abogados (del gobierno) nos dijeron que la creación del Ministerio de Educación y Deportes estaba por encima de la creación del Enaded".
La realidad marca que aquella afirmación estaba errada. Cambiemos entró en la recta final de su gobierno con una situación complicada en el deporte. O más que eso: complicadísima. Aquellas leyes de 2015 establecieron una Asignación Universal por Hijo en el deporte, una AUH deportiva. La vía de financiamiento prevista es la ANSES, y el beneficio debía alcanzar a 3,6 millones de niños y adolescentes que deseen practicar deportes. El monto es de un 40 por ciento de la AUH, actualmente en 1.577 pesos (2.052 para la Patagonia).
En la Secretaría de Deportes reconocen que es una buena política promover económicamente desde el Estado a niños y adolescentes a practicar deportes, un impulso que además beneficiaría a la vasta red de clubes en el país. El problema, dicen, es que es una política sin financiamiento: calculan un costo de más de 20.000 millones de pesos al año. El presupuesto de la Secretaría apenas roza los mil.
Lo que lleva el debate nuevamente al corazón del DNU: en la creación de la ADN hay rastros de (precisamente) adn macrista. La agencia contará con más autonomía que la actual Secretaría para ejecutar su presupuesto, pero tendrá, sobre todo, la posibilidad de sumar el aporte de privados y de aprovechar las instalaciones propias con más amplitud. Hay ahí puntos de contacto con el proyecto de ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que Macri impulsa como alternativa para los clubes de fútbol.
Que empresas privadas se involucren junto al Estado en la promoción del alto rendimiento deportivo no es una novedad ni algo a priori negativo. Sucedió, y con éxito, en los últimos 30 años en España, donde grandes compañías aportaron al plan ADO (Asociación Deportes Olímpicos), clave para el gran salto que dio su deporte. También existe desde hace años una agencia en Córdoba.
Las dudas, en todo caso, pasan por otro lado: el gobierno se metió a fondo (y por decreto) con un sistema de décadas y un campo minado legal que le dejó el kirchnerismo. Así, 2019 se convierte en todo un desafío para De Urquiza: ya tiene el DNU que necesitaba, pero todo sucede en un año en el que la atención de las principales figuras del gobierno no estará puesta precisamente en el deporte.