La guerra más insólita: el gobierno de Santa Fe y la Nación se enfrentaron por el clásico rosarino

Un partido de fútbol, una rivalidad histórica, una grieta insólita y una pelea política al más alto nivel. Todo eso rodea al clásico rosarino, el match que paraliza a la ciudad santafesina y que puso al rojo vivo la relación entre el gobierno nacional y el provincial. Porque la pelota, al revés de lo que alguna vez expresó Maradona, sí se mancha.

La historia comenzó a tejerse diez días atrás, después de que el calendario marcó que en cuartos de final de la Copa Argentina debían enfrentarse nada menos que Newell's y Central. Se sabe, el partido entre ambos ha traído muchos dolores de cabeza no sólo por la violencia de los barrabravas, sino también de los hinchas comunes, que han convertido a ese encuentro en el más peligroso de todos los que se juegan en la Argentina, con un nivel de agresión mayor a cualquier otro clásico de nuestro territorio. Dónde y cómo jugarlo pasó a ser una prioridad no sólo en el mundo fútbol, sino también más arriba, donde se cocina el guiso electoral para el próximo año.

Por eso, el gobernador santafesino tenía una prioridad: jugar el partido con ambas hinchadas. Para eso, hubo comunicaciones con el gobierno de Córdoba. La idea era que fuera en el estadio Mario Kempes, con 20.000 hinchas de cada lado. Los de Central irían por la autopista. Los de Newell's por la ruta 19. Y al regreso se invertirían los trayectos. Todo con acompañamiento de las respectivas policías provinciales. Lo que parecía arreglado, de pronto se cayó. Córdoba decidió no comprarse un problema ajeno. Y Santa Fe, que empezó a verle mal aspecto al asunto, decidió hacer una reunión con los clubes y jugarlo en territorio propio. Pero desde ese mismo momento, los organizadores de la Copa Argentina dejaron trascender que lo más conveniente era jugar a puertas cerradas en Buenos Aires. Un despropósito, teniendo en cuenta la expectativa de los rosarinos por el partido y la chance de que la Provincia se hiciera responsable de todo. Hubo una reunión entre el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con los directivos de ambos clubes. Ahí se barajó la chance de hacer el clásico en el estadio de Colón o sortear la localía y jugarlo en Rosario.

Quedaron en seguir hablando y se fijó una reunión con la organización de la Copa para pulir detalles. Pero no se produjo: se adujo que fue por un problema de comunicación, que unos entendían que esa reunión era en Buenos Aires y otros en Rosario. En la era del 4G, esa excusa sonaba inconsistente. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, decía públicamente que sabía de la importancia del partido y que si nadie se quería hacer cargo, lo haría Nación porque no le tenía miedo a los barras. Desde el Aprevide dejaron trascender que fueron ellos quienes se llevaron detenidos al intocable Andrés Bracamonte, alias el "Pillín", jefe de la barra de Central y acusado de todos los males de la violencia en el fútbol de la Provincia.

Santa Fe vio en la coincidencia de ambos episodios un trasfondo político y el gobernador Lifschitz salió por radio a asegurar que Santa Fe garantizaba la seguridad para jugar el clásico y que esperaba la confirmación de la organización. Eso fue ayer al mediodía. Dos horas después, desde la AFA en off se aseguraba que el partido iría sin público en el estadio de Lanús, lo que fue replicado por algunos medios y generó la repulsa total de los rosarinos contra sus propias autoridades. Es que desde 1989 que el clásico no se juega fuera del territorio. Pero no había nada oficial. Y el comunicado llegó esta tarde: la Copa Argentina informaba que "por decisión del gobernador Miguel Lifschitz, el clásico no se jugará en la provincia ya que no existe garantías para que el encuentro se dispute con ambas parcialidades. Esto fue comunicado desde la Gobernación y aunque se plantearon distintas opciones como limitar la venta de entradas y hacerla nominadas, todas fueron rechazadas".

Apenas leyó el comunicado, el gobierno socialista estalló. Porque según creen ven detrás la mano del Gobierno nacional, que pelea palmo a palmo por quedarse con un distrito clave en las próximas elecciones. "Si no pueden organizar un partido, cómo van a hacer para terminar con los narcos que les coparon la provincia", es el argumento que leyeron por detrás. Y entonces, llegó la respuesta. Y fue feroz: "El Gobierno de la Provincia de Santa Fe rechaza totalmente las expresiones vertidas por los organizadores del torneo Copa Argentina para justificar la decisión de jugar el clásico fuera de la provincia y sin público. El gobernador Miguel Lifschitz jamás tomó una decisión como la que sostienen ni indicó que se fijara tal postura. Por tal motivo sorprende la expresión falaz y exigimos una retractación pública por medios oficiales".

"No es un problema de Nación este partido y si Santa Fe quiere jugarlo en su provincia prestaremos la colaboración necesaria. Pero tampoco hay que ser demagógicos. Dada la conflictividad de ese partido no parece desacertado jugarlo en Buenos Aires a puertas cerradas", advirtieron a este medio fuentes del ministerio de seguridad de la Nación.

La guerra, declarada, va más allá del fútbol. Todos dicen algo pero también ocultan mucho. La AFA está en un juego de pinzas con el gobierno nacional, que tiene una espada de Damocles sobre los clubes: cambiar el régimen especial por el cual las instituciones deportivas sólo tributan el 7% a la AFIP en vez del 29% que tributaban en 2003 bajo el gobierno de Duhalde. Santa Fe sabe que un clásico que termine mal en la provincia es un costo político altísimo pero tampoco quiere hacerse cargo de quedar como quién no puede organizarlo. En el medio, una ciudad que exige ver su partido más importante en casa, con público, fuera de toda mezquindad política. La historia, claro, continuará.

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