Quiénes son los cinco apuntados por la Justicia en la causa por abuso sexual en Independiente

Uno vive en Palermo. Otro en Sarandí. Un tercero en La Plata y, el que está más complicado, en San Isidro. Cuatro son las personas en la mira por participar de la presunta red de corrupción de menores que estalló en las Inferiores de Independiente. Y que, según la Justicia, podría tener ramificaciones que van bastante más allá del club de Avellaneda en una causa que desnuda los más aberrantes delitos que enfrenta el fútbol argentino.

Sus nombres de pila son Martín, Leonardo, Juan y Alejandro. Y por estas horas, la fiscal María Soledad Garibaldi está decidiendo librar sus órdenes de captura, algo que se esperaba a media mañana y hasta el momento, insólitamente para muchos, aún no se había dictado. Porque después de la ratificación judicial de lo adelantado ayer por este medio, y teniendo en cuenta el monto de la pena en expectativa (la causa está caratulada como abuso sexual y facilitación de la prostitución, agravada por ser las víctimas menores de edad, cuyas penas conjuntas pueden llegar a los 30 años de prisión) se estima que los involucrados pueden intentar fugarse.

¿Quiénes son estas personas? Algunas están vinculadas al mundo del fútbol y de hecho una de ellas habría sido vista el fin de semana pasado en un partido de inferiores de Séptima División. Otra de ellas es conocida de Joaquín V., el jugador de 19 años de Cuarta División de Independiente que fue mencionado como presunto facilitador del delito, algo que su familia niega y que la Justicia deberá comprobar. Lo cierto es que este futbolista vivía hasta ayer en la pensión del club a pesar de ser mayor, porque el año pasado sufrió una grave lesión en su rodilla derecha que obligó a Independiente a extenderle el contrato mientras dura su recuperación.

Delantero por derecha, los técnicos que lo tuvieron en Inferiores dicen que era bastante extrovertido y que jamás imaginaron que pudiera estar involucrado en algo de estas características. Y que era titular y se evaluaba, hasta su lesión, que podría tener alguna oportunidad de subir a entrenar a Primera.

El otro nombre que circuló es el del juez de línea asistente Martín Bustos, cuya situación es complicada porque su número de teléfono está incorporado en la causa como uno de los que se deben investigar. Y tendría domicilio en San Isidro, uno de los lugares a donde habría concurrido uno de los chicos abusados, según se desprende de su propio relato.

Bustos debía este fin de semana ser parte de la terna arbitral que dirigiría el partido entre San Martín de Tucumán e Instituto, el sábado a las 19 horas por televisión. Pero este mediodía, dada su situación, la AFA lo dio de baja. Bustos había llegado a ser juez asistente en seis partidos de Primera División, el último de ellos el pasado 12 de marzo, cuando fue asistente dos en la victoria de Newell's sobre San Martín de San Juan por 2 a 0.

Y tuvo mucha exposición un año atrás, cuando fue agredido con un objeto contundente en medio del partido Atlético Paraná contra All Boys, jugado en Entre Ríos. El árbitro, nacido en Trenque Lauquen, tiene, además, otra conexión con el caso: es amigo de Joaquín V. desde hace al menos tres años, según lo que él mismo reconoció hoy a la gente que dirige el sindicato de Árbitros al que está afiliado.

El caso en Independiente está cerca de ir cerrando el círculo porque los coordinadores de Inferiores y de la Pensión del club, Fernando Berón y Fernando Langenauer, ya ratificaron sus testimonios, donde contaron lo que dos chicos les narraron tanto al psicólogo del club como a ellos mismos.

Ahora falta que esos mismos menores declaren en cámara Gesell, un procedimiento ineludible aun cuando todos los que han hablado con las víctimas aseguran que sus relatos son completamente verosímiles, sin rastros de fabulación. Pero la Justicia supone que esto es solo la punta del iceberg y que existe una red que intenta captar menores vulnerables de las instituciones. Chicos que vienen de hogares humildes del Interior y que no tienen ningún tipo de contención familiar en la gran ciudad y quedan expuestos a esta situación.

De hecho, y según consta en la propia denuncia judicial, los chicos obtenían por la explotación sexual 1.000 pesos por cada encuentro, 800 de ellos en efectivo y 200 en carga de la tarjeta de movilidad Sube. Mientras que se cree que la red cobraba 5.000 pesos a cada potencial cliente.

Independiente quedó fuera de la responsabilidad penal y obró con celeridad apenas tuvo conocimiento de los hechos, pero según especialistas en derecho familiar podría ser pasible de demandas civiles por parte de los padres de los chicos abusados, ya que si bien la situación no se produjo en las instalaciones del club, sí tendrían la guarda y tutoría de los cerca de 60 menores alojados en la pensión.

Más allá de eso, el caso interpela a todo el fútbol en la forma en que se contiene a los chicos que sueñan con ser grandes estrellas, pero están inmersos en un ambiente que varias veces transforma ese sueño en pesadilla.

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