Con su firma, el presidente de EE. UU., Donald Trump, sancionó la ley para la mejor utilización de inversiones para el desarrollo (conocida como "BUILD Act"), impulsada por legisladores demócratas y republicanos, que establece la creación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USIDFC, por su sigla en inglés).
Con un presupuesto de 60.000 millones de dólares para otorgar en forma de préstamos y garantías a privados dispuestos a hacer negocios en países en vías de desarrollo, la USIDFC se perfila como la herramienta elegida por el gobierno norteamericano para hacer frente al avance de China como el gran financista de África, Asia y Europa del Este.
El objetivo de la nueva agencia es facilitar la participación de capital y las habilidades del sector privado en el desarrollo económico de países de ingresos bajos y medios, y de países en transición hacia economías de mercado a fin de complementar los objetivos de la política exterior de los EE. UU.
La USIDFC, que se estima que entrará en funcionamiento en el plazo de un año –y que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2038 con posibilidad de ser renovada–, podrá realizar préstamos o préstamos garantizados, actuar como inversora minoritaria adquiriendo acciones o intereses financieros en entidades, proveer seguro o reaseguro a entidades del sector privado y a entidades soberanas, proveer asistencia técnica, administrar proyectos especiales, establecer fondos empresariales, emitir obligaciones y cobrar tasas por servicios.
Ted Yoho, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y uno de los congresistas que impulsaron el proyecto de ley, sostuvo, durante la presentación de la iniciativa en febrero pasado, que su objetivo era "consolidar los múltiples programas y agencias federales para el desarrollo en una sola completa y autosuficiente Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos".
La USIDFC buscará afianzar la labor de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por su sigla en inglés) –creada en 1971–, que dejará de funcionar luego de unos meses de transición. La flamante agencia se plantea como una institución superadora de este esquema existente. Cuenta con el doble de fondos que la OPIC y con un mayor abanico de instrumentos financieros disponibles para impulsar a las empresas estadounidenses a invertir en economías emergentes.
El presidente y CEO de OPIC, Ray Washburne, sostuvo que, con la nueva ley, "el presidente Donald Trump lanza una nueva era de financiamiento al desarrollo, con más herramientas, más flexibilidad y más margen de maniobra".
Washburne destacó, además, que el hecho de que el proyecto se convirtiera en ley en solo ocho meses implica el reconocimiento del creciente rol que juega el financiamiento al desarrollo en el avance del interés nacional de EE. UU. "Espero con ansias poder continuar con la colaboración durante la transición hacia la nueva Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos", concluyó el funcionario.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), adjunta al Departamento de Estado, aseguró, en un comunicado, que la USIDFC está destinada a alinear las herramientas del gobierno norteamericano en materia de financiamiento al desarrollo con los objetivos más amplios de política exterior y, a la vez, a reducir la duplicación de esfuerzos de los distintos programas que hoy están en marcha.
Se espera que la USIDFC centralice los esfuerzos de una variedad de organizaciones, como la Agencia para el Desarrollo y el Comercio, y otras que actualmente integran la USAID, como la Autoridad del Desarrollo del Crédito y el Departamento de Capital Privado y Microempresas.
Interés nacional
La creación de la agencia fue precedida por el compromiso asumido por Trump en noviembre pasado en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en Vietnam. "Nos comprometemos a reformar nuestras instituciones financieras de desarrollo para incentivar aún más las inversiones del sector privado en sus economías", expresó el primer mandatario norteamericano a sus homólogos de los países miembros del Foro. "La seguridad económica no está simplemente relacionada con la seguridad nacional. La seguridad económica es seguridad nacional. Es vital para nuestra fortaleza nacional", añadió.
En el mismo sentido, Yoho sostuvo que "el dinero de EE. UU. para la ayuda y el desarrollo, si está bien implementado, es una sólida herramienta diplomática". El legislador norteamericano añadió: "Si estos fondos se usan de manera efectiva, ayudan al avance de nuestros intereses diplomáticos, económicos y de seguridad nacional en todo el mundo".
Witney Schneidman, investigador de Brookings Global, aseguró que "la nueva agencia es un instrumento muy necesario para la diplomacia comercial que a EE.UU. le ha hecho mucha falta". En un artículo publicado después de la aprobación de la BUILD Act, el especialista celebró la iniciativa, en particular por lo que significa para el desarrollo de negocios estadounidenses en África.
Para Aubrey Hruby, investigadora senior del Centro para África del think tank Atlantic Council, la USIDFC, una vez que esté operativa, será "como la OPIC, pero con esteroides", ya que superará las "rígidas restricciones" con las que funcionaba la Corporación. "Con un presupuesto adicional, les dará a las firmas de EE.UU. acceso a más fondos de los que están disponibles actualmente en el marco de las instituciones financieras de desarrollo europeas", aseguró en un artículo de opinión.
Por su parte, tras la sanción de la norma, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que hizo una clara referencia a la necesidad de contrarrestar el avance de la influencia de China en el mundo mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura. "El Congreso ha dado un importante paso para cumplir con el compromiso del presidente Trump de reformar las instituciones de financiamiento al desarrollo de los Estados Unidos a fin de incentivar aún más la inversión del sector privado en economías emergentes y de proveer alternativas sólidas a iniciativas dirigidas por los estados, que vienen con condicionamientos escondidos", se lee en el documento.
En 2013, el presidente chino Xi Jinping anunció la puesta en marcha de una estrategia que privilegia el desarrollo de mercados compradores de productos de exportación mediante el multilateralismo. Con la iniciativa "Una franja, una ruta" (OBOR, por su sigla en inglés), Pekín impulsa el financiamiento de proyectos de infraestructura en países de Europa del Este, Asia, África, y se extiende también a América Latina.
El proyecto busca reconstruir la antigua ruta de la seda –China, Mongolia, Rusia, Asia Central y la Península Indochina– y sumar un corredor marítimo que garantice rutas seguras y eficientes entre los principales puertos de las regiones mencionadas. El objetivo de Pekín es realmente ambicioso: conectar 71 países, que representan un tercio del comercio mundial y concentran alrededor del 60 % del PBI global y el 75 % de las reservas energéticas.
Según el China Global Investment Tracker del American Enterprise Institute, Pekín lleva invertidos más de 420.000 millones de dólares en OBOR. Solo en 2018, el total invertido fue de 38.100 millones de dólares. Egipto, Irán, Los Emiratos Árabes Unidos, Camboya, Laos e India fueron los países destinatarios del mayor porcentaje de esos fondos en el último año.
A estos montos, se les suman los más de 40.000 millones de dólares aportados por Pekín al capital inicial del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), del cual China es socio mayoritario, y que ya lleva 31 proyectos aprobados –casi un tercio, en 2018 –, en áreas clave, como transporte, agua potable, energía y telecomunicaciones.
"El fortalecimiento de la posición de EE.UU. frente a China no es solo por una cuestión de rivalidad, las compañías estadounidenses necesitan cada vez más acceso a oportunidades comerciales en países en desarrollo", sostuvo Hruby, quien destacó que, desde la crisis financiera de 2008, las economías emergentes fueron las responsables del 80 % del crecimiento de la economía global.
Aún es pronto, pero se espera que la nueva agencia cumpla con el objetivo de otorgarle al gobierno de EE. UU. una mayor gama de alternativas para un esquema de ayudas al desarrollo que esté al servicio de la política exterior y de la seguridad nacional. En palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, "que ayude a que EE. UU. compita de manera más efectiva en esta nueva era de competencia estratégica".
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