Biocombustibles, un plan nacional para incentivar la producción de las pymes locales

En el contexto de la fuerte crisis del sector pyme en las provincias productoras, que reclaman una mejora sustancial del precio interno del biodiésel y del etanol, el actual régimen de regulación y promoción del uso de biocombustibles vence en mayo de 2021, tras 15 años de vigencia. El Senado ya ha dado media sanción a su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024 y su tratamiento está, actualmente, en la órbita de la Cámara de Diputados.

Con una visión superadora y el objetivo de dar previsibilidad a esta industria, el senador Roberto Mirabella ha propuesto un nuevo plan con miras a incrementar gradualmente el corte mínimo de los combustibles hasta alcanzar, en 2035, el 30 por ciento de bioetanol en la mezcla obligatoria de naftas y un 27 por ciento de biodiésel en la mezcla con gasoil. Actualmente, el corte obligatorio es del 12 por ciento en el caso del bioetanol y del 10 por ciento en el biodiésel, aunque la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) asegura que hace más de ocho meses que no se está cumpliendo con esos porcentajes previstos por la ley.

En diálogo con DEF, el senador nacional, que representa a la provincia de Santa Fe en la Cámara alta, señaló que el objetivo de su propuesta legislativa es “ampliar el concepto de biocombustibles y de las materias primas en origen; fijar un corte de naftas y gasoil con biocombustibles que sea previsible en el tiempo, con una progresión mínima de uno por ciento por año; e incorporar un parámetro para el cálculo de sus precios”. La iniciativa, que establece la creación de un Plan Nacional de Biocombustibles para Regulación de su Producción y Uso Sustentables, entiende por “biocombustibles” el “bioetanol, biodiésel, biogás y todos los combustibles gaseosos, líquidos y sólidos de origen orgánico y renovable que pudieran surgir”. En el caso del biogás, se hace especial hincapié en los desechos de actividades agropecuarias, agroindustriales, de producción de alimentos, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y residuos cloacales.

Consultado sobre la situación que viven actualmente los productores, el autor de la iniciativa detalló: “El sector tiene una capacidad ociosa muy grande, de cerca del 60 o el 65 por ciento. En segundo lugar, hay una gran discusión por el tema del precio, que es fijado por una reglamentación que establece la Secretaría de Energía, lo que hace que los productores de biocombustibles pierdan poder de negociación. Hoy están trabajando a pérdida, en déficit”.

A diferencia de las provincias petroleras, a las cuales se garantizó un “precio sostén” del barril de crudo –el denominado “barril criollo”–, los productores de biocombustibles no han recibido ningún tipo de estímulo. Mirabella ilustró, a modo de ejemplo, el impacto de la industria del biodiésel, considerado como “sustituto de los combustibles fósiles”. Al respecto, señaló: “Medida en términos petroleros, la capacidad de producción que tiene actualmente Santa Fe es de 3,5 millones de toneladas, equivalentes a 58.000 barriles por día. Seríamos la cuarta ‘provincia petrolera’ de la Argentina, detrás de Neuquén, Chubut y Mendoza. Y, sin embargo, estamos importando gasoil, en lugar de fomentar la producción de biodiésel, que significa generar empleo y sustituir importaciones”.

Para la fijación del precio, el proyecto de ley de Mirabella contempla, además de los costos de producción y la competitividad económica respecto de los combustibles tradicionales, la “valorización económica de las externalidades de la producción de biocombustibles, incluido el ahorro de emisiones de CO2, el tratamiento de residuos, la diversidad de fuentes de materia orgánica y su impacto ecosistémico”.

El régimen promocional, que tendría una vigencia de 15 años, incluye una serie de beneficios fiscales, entre ellos: la amortización acelerada del impuesto a las ganancias para la ejecución de obras de infraestructura y la adquisición de bienes de capital; la devolución anticipada del IVA; así como la exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades y de la tasa de infraestructura hídrica.

Otro de los puntos del proyecto prevé la creación de la Cámara de Compensación de los Biocombustibles, que llevará el registro de la oferta y la demanda, de manera de permitir la transacciones en cada segmento y aquellas que se dan por fuera del mercado del corte obligatorio. “Tiene que ver con la logística y la obligatoriedad del corte en cada lugar. Si un productor tiene un costo logístico, la idea es que lo pueda compensar con otro productor de la zona”, indicó el senador Mirabella.

Para los distintos organismos de la administración del Estado nacional y entes descentralizados, el proyecto contempla la utilización de “biocombustibles en estado puro o en la mayor proporción de corte que determine la autoridad de aplicación”. En el mismo sentido, los nuevos vehículos de pasajeros y cargas que esos organismos adquieren deberán contar con la posibilidad de un “consumo exclusivo de biocombustibles en estado puro, salvo excepciones expresas y puntuales”.

* Esta nota fue producida y escrita por un miembro del equipo de redacción de DEF.

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