Inteligencia artificial, industria 4.0 y Big Data: los desafíos de regular la tecnología 5G

No caben dudas de que las redes de acceso inalámbrico fijas y móviles con tecnología 5G producirán una transformación sustancial en la conectividad, y serán una herramienta fundamental para la consolidación definitiva de la nueva economía de datos. A partir de su articulación con la internet de las cosas (IoT), la Inteligencia Artificial, el Big Data y el soporte de tecnologías como la conducción autónoma, la impresión 3D, la industria 4.0, la telemedicina y la realidad virtual, estas redes resultan un factor decisivo en la transformación digital de la sociedad y la economía.

Por su carácter estratégico, la agenda regulatoria será amplia y en ella confluyen las cuestiones referidas al despliegue de redes y la gestión del espectro radioeléctrico, junto a las problemáticas de la privacidad, la protección de datos personales y la seguridad de la información. La tecnología 5G cristaliza, en este sentido, la nueva agenda de regulación de la segunda convergencia, con eje en la conectividad y en los datos.

En primer término, las redes inalámbricas 5G demandan recursos del espectro radioeléctrico que aún no se han definido en nuestro país. La primera decisión, indispensable para comenzar a transitar un camino que nos lleve a la adopción y despliegue de la 5G, será la atribución de bandas de frecuencias bajas, medias y altas que utilizarán sus redes y servicios. Por una obvia cuestión de escala y de interoperabilidad, la Argentina no debería alejarse de las decisiones adoptadas por la UIT y, fundamentalmente, de aquellas tendencias que se observan en la región, donde distintos países han definido las bandas de 3.5 GHz y 26 GHz como frecuencias medias y altas.

Un desafío particular, en materia de espectro, es la definición de modelos de asignación que atiendan a las disímiles características técnicas de las bandas de frecuencias que utilizan, las que podrían ser tenidas en cuenta para evaluar diferentes mecanismos, adoptando otros criterios en cuanto a coberturas geográficas y cantidad de segmentos a asignar, distinguiendo entre frecuencias bajas y medias, y las frecuencias altas o milimétricas. En este último caso, podría evaluarse, además, la posibilidad de su asignación a usuarios privados para el desarrollo de redes corporativas de alta densidad, tendientes a promover la adopción tecnológica en el entorno productivo para el desarrollo de la industria 4.0, la IoT y otras tecnologías.

Es necesario, entonces, revisar el criterio recaudatorio que ha predominado en la asignación de espectro hasta la fecha, para privilegiar, en cambio, criterios asociados a la cobertura de servicios y velocidad de despliegue de las redes. Podrían fijarse incentivos adicionales para el despliegue de redes, reintegrando todo o parte del precio de las frecuencias a aquellos operadores que cumplan con determinados parámetros de despliegue y cobertura.

Además, la asignación de frecuencias debería prever normas claras y responsabilidades precisas respecto de la migración de usuarios que actualmente las ocupan. La experiencia de nuestro país con las frecuencias de 4G, en la asignación de bandas sin haber migrado los servicios que las ocupaban ni definido reglas claras en la materia, fue conflictiva y generó enormes dificultades.

Para facilitar la adopción de la tecnología 5G, podrían considerarse también nuevas modalidades de acceso al espectro, siguiendo experiencias exitosas de la región, como el refarming de espectro y el uso compartido de frecuencias. Estas modalidades permitirían acelerar los procesos de acceso al espectro por parte de los operadores,y evitar los tiempos y dificultades que presentan los referidos procesos de migración.

Si bien las redes y servicios 5G inicialmente se concentrarán en áreas geográficas de alta densidad poblacional, con mercados de mayor poder adquisitivo, para capitalizar la nueva tecnología en todo el territorio y maximizar el impacto y las transformaciones económicas y sociales, se deberá contar con herramientas regulatorias que faciliten el despliegue y la cobertura de las redes.

Las importantes inversiones que demandará imponen revisar los marcos conceptuales actuales con incentivos claros para posibilitar la compartición de recursos de red entre los diversos operadores que faciliten el despliegue de redes, como la compartición de infraestructura pasiva, el RAN sharing, open RAN e incluso evaluar la posibilidad de la asignación de frecuencias compartidas entre operadores.

Si bien los principios de libertad y evolución tecnológica rigieron en las licitaciones de espectro para las redes 2G, 3G y 4G de los actuales operadores del servicio de comunicaciones móviles, a efectos de otorgar certeza, deberían armonizarse los plazos y obligaciones de cobertura, despliegue y calidad, así como el de las autorizaciones de uso de espectro, y considerar las opciones de compartición de redes y facilidades imperantes en la industria.

Otro aspecto que resulta imprescindible para facilitar el desarrollo de redes es la revisión de las normas locales sobre despliegue de redes e instalación de antenas, de manera de eliminar barreras y disminuir los costos. Por otra parte, el tráfico de las redes 5G requerirá de fibra óptica para su gestión y transporte, por lo que resulta esencial facilitar los tendidos de fibra hoy imposibilitados o dificultades por normativas locales.

La instalación de antenas y los tendidos de fibra deben dejar de ser vistos como oportunidades de recaudación por parte de los gobiernos locales y transformarse en agentes de promoción y facilitación del despliegue de la infraestructura digital, para lo que se requiere la eliminación de barreras normativas y costos que los dificulten. El fallo de la Corte Suprema en la causa “Telefónica c/Municipalidad de San Martín” fija algunos criterios que podrían ser la base de las modificaciones normativas por parte de las administraciones locales.

Como puede verse, las sustanciales inversiones que demanda el despliegue de redes de tecnología 5G requieren de entornos regulatorios que promuevan la inversión, la innovación y la competencia, en los que el regulador asuma un rol de promotor y facilitador de las inversiones privadas, eliminando todo atisbo de incertidumbre, para lograr que su materialización constituya un aporte fundamental a la transformación digital de la sociedad y la economía.

*Esta nota fue publicada en la edición impresa 134 de DEF.

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