A la espera de la vacuna: preocupación en el mundo ante una segunda ola de COVID-19

A modo de repaso: a principios de año, un virus proveniente de China arrasó con la salud, la economía y, en una palabra, la normalidad del planeta. Hubo quienes consideraron que se trataba de una “simple gripecita”, como el presidente brasileño Jair Bolsonaro, y hubo quienes, desde el primer momento, supieron que se enfrentaban a un problema realmente difícil de resolver. En ausencia de medicamentos y vacunas efectivas, las medidas más importantes para controlar la infección fueron la prevención a través del distanciamiento social –lo que incluyó estrictas medidas cuarentena y el uso de tapabocas por parte de la población– y la mitigación, es decir, el testeo y aislamiento de los casos positivos y de sus contactos estrechos. La tarea fue titánica, tanto para los gobiernos como para los ciudadanos de a pie: unos y otros necesitaron adaptar un conjunto de hábitos y prácticas a un esquema cuyo éxito, a fin de cuentas, nadie podía asegurar y que tendría, además, un fortísimo impacto en sus economías.

Pasada la primera mitad del año, muchos países concluyeron con éxito las medidas de prevención y mitigación. Algunos ejemplos: China, Corea del Sur, España, Italia, Alemania y Nueva Zelanda. Otros, todavía en pleno proceso de reapertura, creyeron ver la luz al final del túnel. El problema es que, una vez controlado el brote original y reabiertas las persianas del contacto social para una esperada vuelta a la normalidad, reportes internacionales advierten sobre nuevos brotes en algunas partes del mundo. Este fenómeno, que algunos llaman “segunda oleada”, eventualmente podría ser tan grande como el primero, o incluso mayor.

Tal es el caso de Singapur, país que fue considerado modelo de éxito en el control de la pandemia. Después de haberla controlado y haber reabierto las persianas de su economía, se produjo un rebrote severo que obligó a las autoridades a tomar enérgicas medidas de contención. Algo similar ocurrió en los estados de Texas, Florida y California, que vieron un resurgir del número de casos y hospitalizaciones cuando se empezaron a relajar las medidas de contención.

De hecho, según un estudio del Imperial College de Londres, no parece haber alternativa: una vez levantadas las medidas de aislamiento, una segunda ola en octubre (cuando los días comienzan a ser más fríos en el hemisferio norte) es inevitable. Además, los investigadores advierten que, cuanto mayores hayan sido las medidas de distanciamiento social, mayor puede ser el impacto de esta segunda oleada, pues habrá más gente que no estuvo expuesta al virus.

“Si me engañas una vez, es tu culpa; si me engañas dos veces, la culpa es mía”, escribió Stephen King. Si bien la ecuación no es tan sencilla en materia de salud, la experiencia previa brinda un mayor margen de maniobra a los Estados para prevenir un rebrote. Uno de los casos más rutilantes es el de Israel. Desde los primeros contagios, el Estado procuró producir el equipamiento médico esencial en el país, incluidos respiradores, máscaras y equipo de protección. El objetivo era minimizar la dependencia de la importación de equipos y también prepararse para rebrotes eventuales.

Una vez superada la primera ola, y con la misma idea de maximizar la autonomía, Israel adquirió de China varias máquinas de equipos preventivos en asociación con la firma Sion Medical, pero, al mismo tiempo, inauguró una línea de producción para máscaras N95 al más alto nivel de detección bacteriana. Esta es la primera línea de producción de este tipo en Israel, y una de las pocas que existen en todo el mundo. Según comunicó el Ministerio de Defensa, las máscaras tienen una capacidad de filtrado del 95 por ciento y son esenciales para los equipos médicos que entran en contacto directo con pacientes y portadores del virus. La línea de producción, ubicada en la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, tiene la capacidad de elaborar hasta dos millones de máscaras por mes. En julio, debieron enfrentar la segunda ola de contagios, y el país tuvo que dar marcha atrás con la reapertura de las escuelas.

El caso de los EE. UU. es distinto. Impulsados por la negación inicial del presidente, Donald Trump, los casos de contagio crecieron hasta superar los seis millones y medio, y las muertes superaron los seis dígitos, acercándose peligrosamente a las 200.000 víctimas fatales. Por otra parte, es difícil trazar una serie de estrategias de alcance federal, pues el gigante norteamericano decidió dejar las políticas de cierre y apertura a criterio de cada estado, bajo la premisa de que, en cada región, prevalecen realidades diferentes. Y en efecto, así es. No solo en términos legales, sino también por las costumbres: a diferencia de grandes urbes, como Nueva York y Los Ángeles, muchas poblaciones rurales estadounidenses se niegan al uso de tapabocas, porque consideran que tal obligación es un atropello a los derechos individuales. Por ejemplo, el gobernador Mike DeWine, de Ohio, rescindió una orden de usar tapabocas después de que los residentes del estado “se sintieran ofendidos”. Funcionarios de Stillwater, Oklahoma, retiraron una orden municipal después de que los empleados de una tienda fueron amenazados por pedir a los clientes sin tapabocas que se quedaran afuera.

El tema no quedó ahí: Donald Trump se negó a usar tapabocas durante varios meses, luego lo hizo a regañadientes y, durante la reciente convención republicana, que lo ungió como candidato a la reelección, ese elemento de protección fue el gran ausente, y el público mostró poco respeto por las normas de distanciamiento social. Si a este desorden le sumamos las protestas que desató el asesinato de George Floyd en Minneapolis y que volvieron a aflorar, más recientemente, en Wisconsin, se hace difícil ver preparados a los EE. UU. para afrontar una eventual segunda ola de COVID-19.E

China, en toda su grandeza y con el hermetismo característico de los gobiernos autoritarios comunistas, dejó una cosa en claro: la unidad de mando es absoluta, y en un escenario de pandemia, eso es un atributo invaluable, tanto por el control de la primera ola como por las medidas preventivas de un segundo rebrote. Según indicaron medios estadounidenses, el Partido Comunista chino está pidiendo gran cantidad de equipamiento a fabricantes nacionales. El empresario Moshe Malamud declaró, en el New York Post, que proveedores chinos fueron contratados para vender unos 250 millones de trajes protectores. Asimismo, empresas estadounidenses con sede en China declararon a la Casa Blanca que el país asiático les impedía exportar mascarillas faciales, kits de prueba y otros equipos de protección.

El primer rebrote en Pekín, en el mes de julio, ocurrió tras dos meses en los que se hablaba de una erradicación total del virus. En vista del nuevo peligro, se tomaron medidas “de guerra”: se aisló el mercado en el que se detectó el virus –que acaba de ser reabierto luego de permanecer un mes cerrado–, se reforzaron las pruebas de ácido nucleico en masa y se establecieron 193 cabinas de muestreo en toda la ciudad. Las pruebas de ácido nucleico funcionan detectando el código genético del virus y pueden ser más efectivas para advertir la presencia del virus en las primeras etapas que las pruebas que examinan la respuesta inmune de un cuerpo, aunque estas últimas son más fáciles de realizar. China, como el resto de los países que superaron el COVID-19, tiene muy presentes dos cosas: que el virus se desplaza muy rápido y que, con los tests tradicionales, se cuenta con 10 días de retraso para diagnosticar una población. A su vez, el distanciamiento social absoluto no parece una opción viable para ningún país que quiera cuidar su economía y la salud mental de sus ciudadanos. En todo caso, si de algo podemos estar seguros, es de que un rebrote no nos tomará con la guardia baja.

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