Malvinas, a 187 años de la usurpación británica

“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, según el texto aprobado en 1994, hace mención al reclamo irrenunciable de nuestro país sobre las islas del Atlántico Sur. Se trata de una política de Estado, que las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso plasmaron en la denominada “Declaración de Ushuaia”, aprobada en febrero de 2012, en la que se deja constancia que la disputa entre la Argentina y el Reino Unido sobre esos territorios debe resolverse “pacíficamente”, conforme a las recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

Tal como señaló el diplomático argentino José María Ruda ante el Subcomité III de Naciones Unidas, en su célebre alegato del 9 de septiembre de 1964, “los ingleses jamás habían poseído efectivamente la totalidad del Archipiélago de Malvinas antes de 1833”. El Reino Unido solo había fundado en 1765 el fuerte de Puerto Egmont, en un islote llamado Saunders. Luego de un incidente con la Corona española, las fuerzas británicas abandonaron definitivamente el islote el 22 de mayo de 1774. Si bien al retirarse quedó una placa de plomo –luego removida por los españoles– que dejaba sentado el supuesto reclamo soberano británico, el mismo se limitaría a ese punto y no a todo el archipiélago. Así lo explicó Ruda: “La Falkland’s Island, o sea, el posesivo singular, unido a la aceptación británica de la posesión española de Puerto Soledad, demuestra que las pretensiones inglesas estuvieron limitadas, en la época en que estuvieron en Puerto Egmont, a este establecimiento exclusivamente y no a todo el archipiélago”.

Mientras tanto, una Real Cédula de la Corona Española del 2 de octubre 1766 había creado la Gobernación de las Islas Malvinas, dependiente de la Capitanía General de Buenos Aires. Entre 1767 y 1811 se sucedieron en el cargo 32 gobernadores. Por lo tanto, siguiendo siempre lo argumentado por el embajador Ruda, “después del abandono voluntario de Puerto Egmont en 1774, España quedó señora indiscutible e indiscutida de las islas Malvinas, ejerció la soberanía absoluta en ellas, las ocupó y designó autoridades, sin la menor protesta por parte de Gran Bretaña”. Esta soberanía española se transmitiría, luego de la declaración de independencia, la actual República Argentina tomó posesión formal de las islas en 1820 con la expedición de la fragata “La Heroína”.

“En ningún momento –detallaba Ruda en su alegato– Inglaterra objetó el establecimiento argentino en las islas Malvinas, a pesar de que se habían realizado actos jurídicos sumamente importantes entre las dos partes, como la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en febrero de 1825”. Recién en noviembre de 1829 se produciría la protesta de Londres por la creación de la comandancia política y militar con sede en Puerto Soledad, decisión que había sido adoptada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, en ejercicio del manejo de las relaciones exteriores que le habían delegado las demás provincias argentinas –ante la ausencia de un gobierno central–.

El 3 de enero de 1833 se produjo la usurpación del Reino Unido, la ocupación por la fuerza de Puerto Soledad y la expulsión de los habitantes argentinos de las islas. Este último es un punto clave para entender el por qué de la inaplicabilidad del principio de libre determinación o “autodeterminación” en el caso de la población isleña, compuesta mayoritariamente por colonos británicos instalados allí luego de la ocupación. En ese sentido, Ruda sentó jurisprudencia respecto de la posición argentina: “La aplicación indiscriminada del principio de libre determinación a territorios tan escasamente poblados por nacionales de la potencia colonial pondría el destino de dicho territorio en manos de la potencia que se ha instalado por la fuerza, en violación de las más elementales normas del derecho y de la moral internacional”. Es por ello que la diplomacia argentina ha venido sosteniendo históricamente la incompatibilidad entre los principios de libre determinación y de descolonización del territorio de Malvinas e islas del Atlántico Sur.

En diciembre de 1965, con 87 votos a favor, ninguno negativo y 13 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, “tomando nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido” y los invitaba a proseguir las negociaciones “a fin de encontrar una solución pacífica al problema”. Desde entonces y hasta abril de 1982, las autoridades de Buenos Aires y Londres prosiguieron las conversaciones, bajo el denominado “paraguas de soberanía” para avanzar en cuestiones prácticas de comunicación entre las islas y el continente sin renunciar a la reivindicación soberana. En ese marco, entre 1971 y 1982, Líneas Aéreas del Estado (LADE) mantuvo vuelos regulares desde Comodoro Rivadavia hasta Puerto Argentino.

En cuanto al fondo de la controversia, fuentes que participaron de las negociaciones aseguraron que se llegó a analizar la fórmula del denominado “retroarriendo” o leaseback, consistente en la continuidad de la ocupación británica reconociendo la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago y dejando establecido que el traspaso de las islas a la Argentina se haría efectivo luego de un determinado lapso de tiempo, que podría haber sido de 99 años. Fue la solución que se implementó en el caso de Hong Kong, territorio finalmente restituido por el Reino Unido a la República Popular China en julio de 1997 luego de 156 años ocupación.

El diálogo entre los gobiernos argentino y británico se interrumpió en abril de 1982, cuando nuestro país recuperó militarmente las islas, lo que dio paso al posterior conflicto bélico que concluyó en mayo de ese año. Las relaciones diplomáticas y consulares con el Reino Unido se restablecieron recién en 1990, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Con distintas estrategias diplomáticas, los sucesivos gobiernos de la democracia han mantenido la reivindicación soberana sobre Malvinas e islas del Atlántico Sur, que son parte integrante de la provincia de Tierra del Fuego desde mayo de 1990, de acuerdo con la Ley 23.775 sancionada por el Congreso Nacional.

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