Un cambio de paradigma se avecina en el sector eléctrico argentino, en sintonía con lo que ya viene ocurriendo en los países más desarrollados y en algunos de nuestros vecinos y socios de la región, como Brasil y México. Poco a poco, quedará en la historia la figura pasiva del consumidor o usuario de la red y se superará el viejo modelo unidireccional, en el cual la empresa distribuidora se limita a brindar el servicio y a cobrar la tarifa acordada por el marco regulatorio del sector y los organismos competentes.
El acceso a los beneficios del nuevo régimen promocional se limitará a aquellos hogares o industrias con excedentes de generación de origen renovable.
¿En qué consiste el régimen de fomento? La Ley 27.424, sancionada por el Congreso en noviembre de 2017, dictó el marco para "la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red". A estos usuarios-generadores de energía se los ha bautizado con un neologismo: "prosumidores". Esa misma norma determinó la obligatoriedad para los prestadores del servicio público de distribución eléctrica de "asegurar el libre acceso a la red".
La filosofía del nuevo esquema normativo, tal como explicó Maximiliano Marrone, director nacional de Promoción de Energías Renovables de la Secretaría de Energía, es acompañar la inevitable transición que se avecina en este ámbito. "De acá a dos, tres o cuatro décadas, la generación va a venir del punto del consumo y no de las grandes centrales", afirmó semanas atrás el funcionario, en el Tercer Congreso de Energías Sustentables que organizaron en Bahía Blanca la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Un claro modelo de este paradigma es el de los paneles fotovoltaicos, que forman parte del paisaje de cualquier gran urbe europea. En ese mismo evento, Marcone detalló: "Hoy un sistema domiciliario está en el orden de los 4.000 dólares, pero si una casa cuesta 100.000 dólares, es un valor que puede empezar a considerarse, más si ese costo inicial sigue bajando. Será un accesorio más al construir una vivienda".
Las distribuidoras eléctricas tienen la obligación de asegurar el libre acceso a la red a los usuarios-consumidores para que inyecten sus excedentes de generación de energía a partir de fuentes renovables
En rigor, este sistema ya existía en distintas provincias del país. Un caso pionero fue el de Santa Fe, que lanzó en 2013 su programa "Prosumidores", a través del cual el gobierno provincial financia la adquisición de equipos por parte de clientes de la Empresa Provincial de Energía (EPE) y cooperativas adheridas, y brinda incentivos que permiten recuperar la inversión inicial en un plazo máximo de seis años. El santafesino también fue un distrito precoz en la reglamentación de un protocolo de interconexión a la red eléctrica provincial, a través de una resolución dictada hace cinco años por EPE.
En la reciente presentación de la edición 2020 del mencionado programa, de la que participó el gobernador Miguel Lifschitz y su secretaria de Energía, Verónica Geese, se dio un ejemplo concreto del resultado del mismo: "Un hogar que bimestralmente consume 600 kilovatios/hora actualmente abona una factura por el servicio eléctrico de 2600 pesos por bimestre. Con la adhesión al programa Prosumidores, este hogar podrá instalar un equipo fotovoltaico de hasta 1,8 kilovatios de potencia y así generar, en promedio, 480 kilovatios/hora bimestrales. Así, se le reconocerán 2750 pesos en su factura del servicio eléctrico".
La provincia de Santa Fe fue pionera tanto en el lanzamiento del programa Prosumidores como en la generación de un programa de interconexión a la red eléctrica provincial
El objetivo del Congreso fue extender este tipo de experiencia –que se encuentra en vigencia en al menos ocho provincias– al mercado más grande: el de la ciudad de Buenos Aires y buena parte del Conurbano, área concesionada a las distribuidoras Edenor y Edesur.
El decreto reglamentario, publicado por el Ejecutivo en el Boletín Oficial en junio de este año se propone el ambicioso objetivo de "alcanzar la instalación de un total de 1.000 megavatios de potencia de generación distribuida de fuentes renovables dentro del plazo de doce años". Es decir, de aquí a 2020.
¿Cómo se hace?
El procedimiento que deberá seguir el usuario interesado en convertirse en prosumidor es el siguiente: en primer lugar, se hará un análisis de viabilidad de la conexión en función de la red y las características de los equipos que se desee instalar; luego se verificará la instalación; y, por último, se celebrará un contrato de generación con la empresa distribuidora, se instalará en el hogar un equipo de medición bidireccional y se lo conectará a la red de distribución. El esquema elegido es el denominado net metering o "balance neto de facturación", que establece la compensación en la factura de los costos de la energía demandada con el valor de la energía inyectada a la red.
Para ello, la reglamentación del Ejecutivo reconoce como "tarifa de inyección" al "precio de compra de la energía eléctrica, incluida la tarifa de transporte en el mercado mayorista eléctrico (MEM) por parte del distribuidor". Cabe precisar que el precio recibido por el prosumidor por la energía que genera es menor al que éste debe abonar a su distribuidora por su consumo, ya que en el primer caso se toma como referencia el precio estacional del mercado mayorista, y en el segundo se añade el denominado "VAD" (valor agregado de distribución).
El objetivo de la reciente reglamentación de la Ley de Energía Distribuida es alcanzar los 1000 megavatios de potencia en los próximos doce años
Si bien la energía solar fotovoltaica aparece a priori, en un contexto urbano, como la alternativa más viable, otras fuentes renovables que son más atractivas para zonas rurales o explotaciones agropecuarias son los pequeños aerogeneradores o molinos eólicos y la generación de electricidad a partir de biomasa, es decir, desechos o subproductos de procesos agrícolas o forestales.
En definitiva, de lo que se trata es de hacer más eficiente el ciclo de generación, transporte, distribución y consumo de energía, reduciendo la distancia del punto de generación al de consumo y evitando los costos de transporte y distribución en largas distancias. Si a este nuevo modelo sumamos las medidas de eficiencia en el consumo, un uso responsable de la energía y la progresiva implantación de las redes inteligentes (smart grids), estaremos en condiciones de reducir al mínimo el derroche de energía y la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático.
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