Las represas de la polémica en el Río Santa Cruz

La historia de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa es una larga sucesión de marchas y contramarchas. Las obras fueron licitadas por primera vez en 2008, pero la crisis financiera internacional impidió su ejecución. Cinco años más tarde, tras la convocatoria a un segundo proceso licitatorio, el proyecto fue adjudicado al consorcio Represas Patagonia, integrado por Electroingeniería, Hidrocuyo y un socio clave, el grupo chino Gezhouba. Los contratos se firmaron en 2015 y quedaron atados al financiamiento chino por 4714 millones de dólares.

Posteriormente, en diciembre de 2016, una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras hasta tanto se diera cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Hidráulicas, que exige la presentación en audiencia pública del estudio de impacto ambiental correspondiente, que tuvo lugar en julio de 2017. Un mes más tarde, una resolución conjunta de los ministerios de Energía y de Medio Ambiente dio el visto bueno al inicio de los trabajos y, en septiembre, la jueza federal Macarena Marra Giménez levantó la medida cautelar que los frenaba.

La llegada de Mauricio Macri al gobierno y el desembarco de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía y Minería abrieron un impasse. El primer paso legal de la nueva administración fue el encuadramiento del convenio firmado por la Nación con Santa Cruz dentro de la Ley Federal de Energía Eléctrica, que deja a cargo del Estado Nacional la ejecución de las obras y los derechos de explotación de la energía.

A partir de una reevaluación del proyecto original hecha por el Ministerio de Energía y Minería, se decidió disminuir la potencia total del emprendimiento (ambas represas) de 1740 a 1290 megavatios, a partir de la reducción del número de turbinas. Además, el gobierno decidió reducir la cota del embalse de Cóndor Cliff de 178,90 a 176,50 metros, lo que, según los técnicos, garantizaría su desacople respecto del Lago Argentino y, por ende, evitaría cualquier efecto sobre la dinámica hídrica de los glaciares.

Otra modificación al proyecto original incluye la incorporación de una línea de extra alta tensión de 500 kilovatios para materializar la vinculación de las represas con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Se prevé además un Plan de Compensaciones Ambientales para los impactos negativos no mitigables, para cuya ejecución se contempla un mecanismo financiero con una inversión inicial de 107,8 millones de dólares durante los primeros seis años de la obra y un sostenimiento posterior a través de una alícuota de la producción de energía anual del complejo.

Al respecto, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, explicó: "El proyecto prevé medidas de compensación amplias, basadas en la superficie y los hábitats que se perderían por la realización de los aprovechamientos hidroeléctricos –aproximadamente 47 mil hectáreas– y en la evaluación de la valoración ecosistémica de dichos sitios, teniendo en cuenta su representatividad, rareza, remanencia y áreas de importancia para la conservación, entre otras".

El ingeniero Guillermo Malinow, miembro del Comité Argentino de Presas y del Instituto de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería, aseguró a DEF que todo aprovechamiento hidroeléctrico es, por definición, "energía renovable". ¿Por qué? "Porque utiliza la energía de un recurso renovable, como es el agua, para transformarla en energía eléctrica; y luego esa agua es restituida al río". Según él, se podría definir a la hidroeléctrica como "energía renovable convencional", a diferencia de las fuentes renovables no convencionales, como la eólica, la solar y la geotérmica, entre otras. Más aún, advierte: "Por su capacidad de almacenamiento y gran flexibilidad operativa, la energía hidroeléctrica resulta el complemento idóneo para otras energías renovables sin garantía de suministro, como la eólica y la solar".

La controversia surge porque, de acuerdo con el régimen de fomento nacional a las energías renovables (Ley 27.191), se considera como tales, al solo efecto de acceder a los beneficios de dicho programa, a los "proyectos de centrales hidroeléctricas de hasta 50 megavatios". En alusión a este dilema, Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, distingue: "Se habla de energía con fuentes renovables y esto hace que muchos lo confundan con energías renovables. Es importante remarcar que las grandes represas hidroeléctricas no lo son. Tenemos que salir de la trampa semántica de la 'renovabilidad' de las energías producidas por las hidroeléctricas".

"No existe el impacto cero. Si queremos hacer obras de desarrollo, tenemos que actuar con mucho cuidado porque todas ellas provocan algún impacto, hecho que genera una gran preocupación en todo el mundo", asegura Malinow. En cuanto a las hidroeléctricas en nuestro territorio, se encargó de aclarar que, según la Comisión Internacional de Grandes Presas, "Todos los embalses existentes y a construir en Argentina, por las latitudes en que se encuentran, entran en la clasificación de emisión baja a eventualmente algo moderada; de modo que no debería ser motivo de controversia en nuestro país y, por ende, no cabe emplear este aspecto para desmerecer proyectos de este tipo".

La principal crítica que han recibido las nuevas autoridades de parte de los grupos ambientalistas es que "el apuro del Ministerio de Energía, empecinado en sacar adelante este proceso de manera acelerada y a como diera lugar, impidió a los organismos técnicos especializados del Ministerio de Ambiente contar con el tiempo mínimo necesario para leer las 5000 fojas que integraban el estudio de impacto ambiental (EIA)", tal como ilustra el doctor Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)."El EIA es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto", completa Nápoli.

A juicio de los ambientalistas, el EIA presenta una multiplicidad de falencias. Consultado por DEF, el doctor Mariano Sironi, director científico del Instituto de Conservación de Ballenas, manifiesta que este tipo de obras tiene una larga historia de efectos negativos sobre el hábitat de los cetáceos. Explica que la característica esencial en todo río es el flujo de la energía y los nutrientes que bajan por sus aguas.

En este caso en particular, señala: "El río Santa Cruz desemboca en un estuario que genera un ambiente costero-marino con una diversidad de especies única y muy delicada. Las represas que el gobierno planea construir sobre su curso cortarán para siempre ese flujo de nutrientes hacia el ambiente marino, que también forma parte del hábitat de la ballena franca austral". "Entre las consecuencias de esta intrusión –producto de insensibles negocios multimillonarios–, cabe destacar la desaparición de hábitats, la extinción de diversas especies y la pérdida de paisajes de una belleza prístina que quedarán sumergidos bajo los gigantescos diques".

Desde el gobierno, el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, considera que "el cambio de modalidad de operación de La Barrancosa –previsto en la modificación del contrato– implica que "aguas abajo de la presa, el río mantendrá sus condiciones hidráulicas naturales, tal como se presentan aguas arriba del sistema de embalses. Esto reducirá significativamente el potencial impacto, ya que no se alterará el caudal natural del río aguas abajo".

El último río glaciario del país

"El que hoy es el último río glaciario, que corre virgen entre la cordillera y el mar, se transformará en un espacio moribundo, alterado y triste. Creo que se trata de una nueva tragedia ambiental, para nuestro país y en realidad, para el mundo", sentencia Mariano Sironi.

Otro punto de discusión es el grado de afectación que podrían producir estas obras en las aves migratorias, en especial el macá tobiano. "Se trata de un ave endémica, considerada 'monumento natural', que solo habita los ríos de Santa Cruz y se encuentra en peligro de extinción", explica Andrés Nápoli. Otro importante elemento a tener en cuenta, como lo afirma el propio estudio, es el impacto que se producirá en más de 150 sitios arqueológicos ubicados en el área de las represas que "será de carácter irreversible, al igual que los sitios sagrados de las comunidades ancestrales que quedarán sumergidos bajo el agua".

Por su parte, Manuel Jaramillo, de Vida Silvestre, sintetiza: "Esta represa va a impactar sobre 192 km de un río en una provincia que no tiene más de 600 kilómetros de ancho. Es un río libre, cuyos márgenes se van a inundar, dejando bajo el agua más de 40 mil hectáreas, aproximadamente dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, lo que provocará la pérdida de gran cantidad de vida de animales y plantas".

Más allá de todos estos planteos, en diciembre pasado comenzaron a trabajar las primeras máquinas en el desvío del río Santa Cruz. Los compromisos adquiridos, los contratos firmados, los condicionamientos financieros de China y la decisión política de los gobiernos nacional y santacruceño pesaron más que los reclamos de diversos sectores de la sociedad civil y de los grupos ambientalistas.

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*La versión original de esta nota fue publicada en la Revista DEF N.º 119.