Informe: cómo combate la Prefectura a la pesca ilegal en el espacio marítimo argentino

En el marco del Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PAN-INDNR), que se encuentra bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero, la Prefectura Naval Argentina (PNA) cumple un rol clave en la protección de los espacios marítimos nacionales. “Se planifica estratégicamente, antes del inicio de cada temporada de pesca, y se trabaja desde la interoperabilidad, con la participación de los distintos servicios de la PNA: las unidades guardacostas, los sectores de Aviación y Tráfico Marítimo, el sistema de monitoreo en tiempo real y el Departamento de Policía Auxiliar Pesquera”, detalló a DEF el prefecto mayor Sergio Villarreal, quien conduce este departamento y es jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura.

“Uno de los escenarios operativos en los que actuamos es el límite exterior de la zona económica exclusiva (ZEE), y nuestro accionar sigue un protocolo riguroso de actuación para unidades de superficie, que está en plena concordancia con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)”, explicó, por su parte, el prefecto mayor Sergio Almada, uno de los coordinadores del equipo interdisciplinario para el control de los espacios marítimos de esta fuerza federal. “Nosotros tenemos que probar, en el caso de los barcos extranjeros, que la infracción se haya producido dentro de las 200 millas de la ZEE, porque no puede quedar ninguna duda en el momento de llevar el caso a la Justicia Federal”, precisó, al tiempo que recordó que la mayoría de las persecuciones y capturas se da en zonas muy próximas a ese límite.

En ese sentido, Almada señaló: “Las embarcaciones que pescan en los caladeros del Atlántico sur siguen el derrotero de las especies. Cualquier error de navegación las puede llevar a entrar en la ZEE argentina, aunque no haya habido una intención manifiesta de penetrar en nuestro espacio soberano. Esperan al borde y es ahí donde tenemos que estar preparados para capturarlas y ponerlas a disposición de la Justicia”. Una particularidad de la flota extranjera que opera, por ejemplo, durante la zafra del calamar –entre diciembre y junio– es que se reabastece de combustible y descarga el producto de sus operaciones en altamar utilizando “barcos-nodriza”, o bien recurriendo a operaciones ship-to-ship (“nave a nave”).

El protocolo que regula la actuación de unidades de superficie que detectan la presencia de buques extranjeros infractores establece los “criterios y estándares unificados para ejercer una vigilancia dinámica del mar Argentino”. Allí se detallan los pasos por seguir, que se inician con la orden de zarpada que se da a la unidad involucrada en el patrullaje y continúan con el arribo a la zona de operaciones y la adopción del procedimiento de exploración y monitoreo, a fin de obtener pruebas del accionar del presunto buque infractor. El siguiente escalón es el “procedimiento de interrogación, aproximación y detención”, que busca establecer un contacto radioeléctrico con la nave en cuestión. En caso de que no acate la orden de detención o de efectuar actos hostiles o maniobras de evasión, se da inicio a la denominada “persecución en caliente”. En esta etapa, se contempla el “uso estrictamente necesario de la fuerza” para lograr la aprehensión del buque mediante “disparos intimidatorios de advertencia” o, en última instancia, “disparos de invalidación” tendientes a causar un daño limitado, de los que queda siempre un registro fílmico para acreditar el correcto accionar de la PNA. “El uso de la fuerza es progresivo, escalado y proporcional, sabiendo que el responsable del barco es el capitán y que, muchas veces, los tripulantes no tienen idea de lo que ocurre, ya que nuestra intención no es ponerlos en riesgo”, aclaró Almada.

Desde Prefectura, precisan que la complejidad de las actividades de navegación en áreas jurisdiccionales requiere de un seguimiento casi instantáneo de los movimientos de los barcos. Para ello, la institución cuenta con el sistema Guardacostas, una plataforma que procesa más de 1000 reportes de buques por segundo y se nutre de distintas fuentes para localizar naves en tiempo real. Sus principales insumos son: el Sistema de Identificación Automática de Buques (AIS) satelital y costero; el Sistema Satelital de Control Pesquero (SSCP) de la flota argentina; el Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance (LRIT); el Sistema de Movimiento de Buques de Pasajeros y Cargas (MBPC); y el programa de Monitoreo e Identificación por Radar/AIS (MIRA); así como imágenes satelitales e información de sensores ubicados en estaciones costeras o buques propios de la fuerza. Con el fin de reforzar todos estos datos, se ha instrumentado, además, el Sistema de Vigilancia Electrónica del Mar Argentino (Sivemar), que integra la información de posicionamiento de los buques con las imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y permite el acceso a radares de tres constelaciones de satélites: los SAOCOM argentinos, el Cosmo SkyMed italiano y el Sentinel de la Unión Europea (UE).

Tal como señaló el prefecto mayor Villarreal, el cruce de todos estos sistemas permite detectar los llamados “blancos virtuales”, que buscan confundir a la autoridad de aplicación induciéndola a identificar la posición errónea de una embarcación, de manera de evitar que se acceda a su real posición. Un concepto clave, en ese sentido, es el de “inteligencia marítima”, que consiste en aprovechar las nuevas tecnologías disponibles y herramientas del Big Data para el procesamiento de este cuantioso material procedente de distintas fuentes. “La información recolectada se replica en una gran base de datos, lo que nos permite afirmar, con orgullo, que estamos ante el único desarrollo de este tipo en toda América, fuera de EE. UU. y Canadá”, se encargó de subrayar Villarreal, quien se refirió al sistema Guardacostas como un “modelo de referencia regional”.

Un antecedente que marcó un antes y un después en la historia reciente de combate a la pesca ilegal ocurrió a comienzos de 2016. Luego de evadir un operativo de “persecución en caliente” de Prefectura a la altura del golfo de San Jorge, la embarcación china Hua Li 8 logró escapar hacia aguas internacionales. En realidad, el derrotero del pesquero siguió siendo monitoreado en todo momento a través del sistema Guardacostas y se dio aviso a la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, quien dictó, por primera vez, una orden de captura internacional contra la nave. A fines de abril de ese año, gracias a la intervención de Interpol, el barco fue detenido en Indonesia y, para evitar su interdicción, la empresa propietaria se allanó al pago de la multa que le impuso la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Este “cambio de paradigma”, tal como lo califica el prefecto mayor Villarreal, hizo que en un caso similar en 2018, la empresa armadora constituyera domicilio en la Argentina y se presentara voluntariamente ante las autoridades, al tomar conocimiento de la orden de captura internacional librada en contra de la embarcación, para pagar la multa correspondiente. Lo mismo sucedió en 2019, con una tercera nave china a la que se logró ejecutar la multa y cobrar incluso un porcentaje de la carga como reparación por los gastos generados a nuestro país.

Los resultados de este trabajo coordinado entre las fuerzas federales, la Justicia, el Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Pesca de la Nación se reflejan en la captura de tres barcos extranjeros, que operaban dentro de las 200 millas argentinas. Se trata del portugués Calvão, detectado a la altura de San Antonio Oeste, en la costa de la provincia de Río Negro; y de los chinos Lu Rong Yuan Yu 668 y Hong Pu 16, que operaban ilegalmente en la ZEE a la altura de la localidad chubutense de Puerto Madryn.

*Esta nota fue producida y escrita por un miembro del equipo de redacción de DEF

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