¿Cuál es el papel de los militares en la seguridad de Río?

Desde hace más de dos meses, la seguridad del estado de Río de Janeiro está intervenida por el gobierno federal. El presidente Michel Temer decidió que el Ejército brasileño quedara a cargo y desplegara sus tropas en determinados puntos críticos, una decisión inédita desde la sanción de la actual Constitución en 1988.

En diálogo con DEF, el general Sérgio Etchegoyen, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de Brasil, analizó el rol de los militares en la seguridad pública de Brasil y la posibilidad de replicar en otros estados el modelo de intervención federal implementado en Río. Además, habló de la cooperación con Argentina de cara a la próxima cumbre del G20.

-¿Cuáles son las principales acciones del gobierno nacional de Brasil para enfrentar al crimen organizado?
-El gobierno de Michel Temer, desde su inicio en mayo de 2016, tuvo muy clara la percepción de la creciente amenaza del crimen organizado a la sociedad, a nuestras instituciones y a la propia democracia. Después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, mantuvimos las estructuras creadas para ese gran evento con la misión de recoger los datos necesarios para combatir la criminalidad. En enero del año siguiente (2017), el gobierno lanzó el Plan Nacional de Seguridad Pública, que tuvo como ejes de actuación la reducción de homicidios, el combate integral al crimen organizado transnacional, y la racionalización y modernización del sistema penitenciario. En el cumplimiento del plan, establecimos una conexión con los países vecinos e invertimos en Inteligencia en busca de mejorar la integración de los órganos y agencias de seguridad pública en Brasil. El Congreso Nacional emprendió cambios en la legislación, y el tema pasó a ser prioridad en la agenda legislativa. Hoy, con un fuerte apoyo de la sociedad brasileña, existe un esfuerzo común para el combate al crimen organizado.

-Usted ha dicho recientemente que "las FF. AA. no son fuerzas policiales, sino instrumentos de emergencia".¿Cuál debería ser el papel de las FF. AA. en la situación de excepcionalidad que vive el país en términos de violencia?
-Esta pregunta, sumamente relevante, por desgracia ha sido analizada particularmente en Brasil con el foco puesto exclusivamente en el resultado, con un incomprensible desconocimiento de la raíz del problema, que está en la incapacidad de los sistemas estatales de seguridad pública de responder a los desafíos. Ahora, las FF. AA. son empleadas (¡el resultado!) en operaciones de garantía de la ley y el orden (conocidas como GLO) cuando los cuerpos de seguridad de los estados fallan (¡la causa!), que son quienes tienen la competencia constitucional de la seguridad pública. Lamentablemente, estos "instrumentos de emergencia" han sido empleados en los últimos años con una frecuencia no deseable. Las FF. AA. poseen cuadros calificados, con amplia experiencia adquirida principalmente en las misiones de paz, como la de Haití. Gozan de prestigio y credibilidad ante la población brasileña. Las operaciones son bien recibidas por la sociedad. Sin embargo, con las operaciones de GLO únicamente no se soluciona la cuestión de la seguridad pública. Las ocupaciones ocurridas en comunidades en Río de Janeiro son ejemplo de que la acción militar puede suspender las actividades del crimen organizado, sofocando y disminuyendo drásticamente la violencia para que el poder público pueda entonces hacer su parte, llevando ciudadanía y oportunidades a la población tiranizada por el crimen. Cuando esto no ocurre, la salida de los militares de la región rápidamente permite el retorno al statu quo anterior con las estructuras criminales fortalecidas.

-¿Las FF. AA. tienen alguna potestad extra con el nuevo decreto de intervención?
-Las FF. AA. no recibieron ninguna competencia más allá de las que tienen actualmente con la garantía de la ley y de la orden, que fue continua desde julio del año pasado. El interventor nombrado por el presidente de la República pasó a tener las mismas competencias en el área de seguridad que eran del gobernador del estado antes del decreto. Se trata, ahora, de realizar la gestión de la seguridad pública en Río de Janeiro.

-¿Puede replicarse la intervención en el área de seguridad de Río de Janeiro en otros estados?
-No hay perspectiva de que el gobierno federal decrete intervención en otros estados de la Federación.

-Usted pidió a la sociedad brasileña "la valorización de los policías" que arriesgan la propia vida en la lucha contra el crimen. ¿Percibe que los brasileños aún no han tomado conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad de soluciones extraordinarias?
-Los policías estatales, civiles y militares, son los verdaderos héroes en la batalla que se libra todos los días. La solución a la crisis ciertamente pasa por la valorización del trabajo de estos profesionales y de sus familias. Valorar al policía significa, necesariamente, castigar a los que se desvían de la legalidad. El eco que los medios han dado a las desviaciones de conducta en los enfoques policiales, que sí deben ser reprimidos, no puede ser mayor que la indignación de ver que fusilan a nuestros únicos defensores, a los policías, día tras día. La intervención federal en Río de Janeiro es una medida inédita en la vigencia de la Constitución Federal de 1988. La sociedad, los medios y los demás entes del poder público, ante la gravedad del momento, se están involucrando gradualmente en la solución del problema. Responsabilizar a las fuerzas de seguridad por la crisis de seguridad es reduccionismo irresponsable y parte de un análisis superficial de la situación. Es necesario un esfuerzo colectivo.

Trabajo regional

-¿Percibe que los gobiernos vecinos se comprometen a hacer frente al tráfico transfronterizo de drogas y armas?
-El crimen organizado se ha internacionalizado rápidamente. Ciertamente, no podemos enfrentarlo con ojos volcados solamente hacia dentro de Brasil. Buscamos cooperación con los países vecinos definiendo protocolos de actuación y metas para cohibir los crímenes transnacionales. Visitamos a todos los países que limitan con Brasil, algunos de ellos en más de una ocasión, para tratar el tema. Tenemos muy buena relación en el área de Inteligencia. Buscamos compartir la responsabilidad del monitoreo de las fronteras y tenemos un excelente diálogo e intercambio de información con nuestros vecinos.

-¿Cuál es el grado de colaboración entre los gobiernos de Argentina y Brasil para enfrentar el tráfico transfronterizo de drogas y armas?
-Argentina es un socio imprescindible. Nuestros países, por lo que representan en América del Sur, comparten la importante tarea de promover esta unión de esfuerzos en la Región. Brasil y Argentina son afectados de forma similar por la dinámica del crimen en la Región, y la pauta de seguridad en las fronteras ocupa un lugar protagónico en la agenda política, prioridad que ha sido renovada por los actuales gobiernos. Mi empeño personal en la cuestión se refleja en las frecuentes conversaciones que he mantenido con la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, con quien me encontré en diciembre del año pasado y en marzo de este año.

¿Cómo se trabaja en concreto?
-El diálogo bilateral está institucionalizado en el trabajo de órganos de los dos países, en mecanismos, tales como la Comisión Mixta Brasil-Argentina sobre Drogas y Delitos Conexos, con foco en acciones para controlar la oferta de precursores químicos, la reducción de la demanda de drogas y el combate a actividades, como el tráfico de armas y el lavado de dinero. El trabajo se realiza a través del intercambio de información en tiempo real, para que los gobiernos puedan actuar más rápido que las organizaciones criminales.
El carácter internacional de la cuestión implica, igualmente, el trabajo conjunto con otros países. En el marco regional, Brasil promovió la Reunión Ministerial del Cono Sur sobre Seguridad en las Fronteras, en noviembre de 2016, con la participación de Ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de Defensa, de Justicia, de Seguridad y de Control de Drogas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Es importante mencionar, además, que Brasil está expandiendo el Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (SISFRON), un importante instrumento de apoyo para el combate al crimen organizado, e invitó a Argentina a conocerlo, con miras a analizar soluciones tecnológicas capaces de integrar los esfuerzos desarrollados por los dos gobiernos para la protección de nuestras fronteras.

-En noviembre y diciembre de 2018, Argentina será sede de la Cumbre del G20. ¿Habrá colaboración logística de Brasil para garantizar la seguridad del evento?
-En el marco de los Juegos Panamericanos, los Juegos Mundiales Militares, la Jornada Mundial de la Juventud, la Copa de las Confederaciones, la Copa del Mundo y, finalmente, los Juegos Olímpicos, adquirimos muchísima experiencia. Nos enorgullecemos de haber realizado esos eventos con absoluta tranquilidad. Brasil se puso a disposición de Argentina para intercambiar experiencias relacionadas con la seguridad de grandes eventos. En este contexto, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) y el recién creado Ministerio Extraordinario de la Seguridad Pública deberán recibir, a finales de abril, a una delegación del Ministerio de Seguridad de la República Argentina. Se prevén visitas al Centro Integrado de Comando y Control Nacional, en Brasilia, y al Centro Integrado de Comando y Control Regional de Río de Janeiro, además de presentaciones sobre la arquitectura de mando, control y planificación de las acciones de seguridad, actividades de inteligencia, y aspectos logísticos y de tecnologías de la información.

-La grave situación humanitaria de Venezuela tiene consecuencias en los países vecinos, con el flujo de migrantes en el estado brasileño de Roraima, que declaró el estado de emergencia social. ¿Qué está haciendo el gobierno de Brasil para atender la crisis humanitaria? ¿Existe algún mecanismo de diálogo con las autoridades de Venezuela?
-La inmigración masiva de venezolanos a Colombia y, en menor escala, a Brasil es un fenómeno inédito en la historia brasileña. Nunca hemos experimentado el desplazamiento de multitudes hambrientas hacia nuestro territorio, un verdadero éxodo social, con aspectos tan trágicos y que se agravan aún más con las características del estado de Roraima en la frontera con Venezuela. El Gabinete de Seguridad Institucional viene siguiendo con atención la crisis en el país vecino desde su inicio y proyecta los posibles desdoblamientos para Brasil, en especial, en lo que se refiere al flujo migratorio. Bajo la coordinación de la Casa Civil de la Presidencia de la República, se creó el Comité Federal de Asistencia en la Emergencia, por decreto presidencial, con el objetivo de operacionalizar las medidas para la acogida de esas personas en situación de vulnerabilidad. Se involucra la participación de 12 ministerios del gobierno federal.
Las FF. AA. están prestando la estructura logística en Pacaraima y Boa Vista, ciudades del estado de Roraima que reciben la mayor parte de los inmigrantes. Los centros de acogida son capaces de recibir hasta 1500 personas en cada una de las localidades. Se realizan los trabajos de identificación, clasificación y apoyo de salud, con atención médica e inmunización. Es una crisis humanitaria sin precedentes. Lamentablemente, no hemos logrado ninguna interlocución con las autoridades venezolanas para tratar el tema.

Amenaza en la red

-El Gabinete que usted lidera es también responsable de la Política Nacional de Inteligencia (PNI). En diciembre de 2017, el Presidente Temer aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia (ENINT). ¿Cuáles son las mayores amenazas y prioridades del Sistema Brasileño de Inteligencia en el actual contexto de inestabilidad internacional?
-La seguridad cibernética y el enfrentamiento con el crimen organizado están entre las principales prioridades del Sistema Brasileño de Inteligencia (SISBIN). Las amenazas cibernéticas pueden perjudicar la capacidad operativa del Estado y afectar a sectores esenciales, como la salud, la energía o el transporte. Hay una preocupación constante sobre la posible utilización de ataques cibernéticos para comprometer infraestructuras críticas y para realizar interferencias en el proceso democrático brasileño. La PNI y la ENINT determinan, como prioridades para el SISBIN, el fortalecimiento de la capacidad del Estado de combatir las amenazas virtuales y proteger los intereses brasileños en el espacio cibernético. Las organizaciones criminales brasileñas dejaron de ser un conjunto de problemas localizados para convertirse en un flagelo que actúa coordinadamente en todo el territorio nacional. De esta forma, acumularon poder y capacidades suficientes para confrontar a las instituciones nacionales, además de contribuir fundamentalmente al deterioro generalizado de la sensación de seguridad de la sociedad.
De manera concomitante, las organizaciones criminales brasileñas se transnacionalizaron y pasaron a afectar áreas que se extienden más allá de nuestras fronteras. En ese sentido, además de la violencia generada en países vecinos, se percibe un aumento de la violencia en Brasil como consecuencia del aumento de los flujos de drogas y de armas.

-¿Cómo evalúa la preparación de Brasil para enfrentar ataques o sabotajes en el ciberespacio?
-El ambiente cibernético y las redes de computadoras son espacios de ejercicio de ciudadanía, y así deben ser preservados. Para ello, el gobierno entiende que su responsabilidad se limita a garantizar el acceso de todos sus ciudadanos a un ambiente seguro y que les asegure la libertad de elección. Necesitamos mantener las condiciones adecuadas para resistir los ataques cibernéticos y permanecer resilientes, sin que haya daños de mayor importancia a la población brasileña y a sus activos de información. El Gabinete de Seguridad Institucional busca fortalecer la seguridad cibernética de las instituciones en el país y, a nivel internacional, establecer asociaciones estratégicas. Elaboramos un vasto marco normativo, que tuvo como resultado un mayor nivel de madurez en seguridad cibernética en instituciones de los sectores público y privado, de la academia, de la defensa, de organizaciones de la sociedad civil, de representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de las infraestructuras críticas nacionales. Estamos en este momento en la fase de elaboración y discusión de la Política Nacional de Seguridad de la Información, que contemplará el área cibernética y orientará todas las acciones en ese campo.

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*La versión original de esta nota fue publicada en la revista DEF N.° 120