La ayuda secreta de Perú durante la guerra de Malvinas

La participación peruana durante el conflicto por las islas Malvinas en 1982 entre la Argentina y el Reino Unido merece ser analizada desde una perspectiva histórica.

Son tres los ejes indispensables para analizar y desbrozar la postura y los lineamientos asumidos por el gobierno del Perú de aquel momento, ante la existencia de una imprevista guerra geográficamente cercana. Anotamos que el país estaba conducido entonces por el gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, perteneciente al tradicional partido centrista Acción Popular.

En los años 70, primaban en la Región las dictaduras militares donde existían complejas herencias de conflictos territoriales irresueltos. Evidentes eran los cabos sueltos en la poco clara definición jurídica de algunas de las fronteras. Un ejemplo de ello fue la guerra entre Ecuador y Perú de 1941, tras la cual ambos tuvieron la posibilidad de elegir un país garante en la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942 que puso fin al conflicto, además de los garantes principales: EE. UU. y Brasil, por sus posiciones de hegemón hemisférico y subcontinental, respectivamente. Ecuador mostró simpatía y propensión por Chile, en tanto que Perú hizo lo propio con Argentina.

La década del 70 estuvo plagada de situaciones de tensión, como la crisis del canal de Beagle en 1978; la inminente efemérides del centenario de la guerra del Pacífico que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile (1879-1881); los reclamos bolivianos de salida al mar por el océano Pacífico y el desconocimiento ecuatoriano de un tramo de la frontera con Perú.

Esa fue la moneda corriente de las relaciones internacionales intrarregionales, con el agravante de que la expansión de gobiernos militares produjo un fuerte aumento del gasto militar sudamericano.
En los inicios de la crisis del Beagle, en 1978, hubo una intensa interacción y contacto entre los cancilleres del Perú, José de la Puente y Rabdill, y de la Argentina, César Guzzetti, quienes habrían analizando la posibilidad de su "trilateralización" en el contexto de una escalada con consecuencias bélicas bilaterales argentino-chilenas.

Eran tiempos en los que los gobiernos militares abundaban en el vecindario: Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Bánzer en Bolivia, Morales Bermúdez en Perú y Alfredo Poveda presidiendo la Junta Militar en Ecuador. Todo ello, en pleno auge de las doctrinas de seguridad nacional. Hubo al respecto mucha "diplomacia militar" en la trama, con ministros de Relaciones Exteriores procedentes de las FF. AA., como en Chile y Argentina, y una creciente actividad de espionaje recíproco e intercambios de información, agravada por las notorias y masivas compras de armas, además de una figura como la del entonces embajador argentino en Lima, el almirante Luis Sánchez Moreno.

La diplomacia de Belaúnde

En 1982, ejercía en la Secretaría General de las Naciones Unidas un diplomático peruano de carrera: el embajador Javier Pérez de Cuellar, quien en todo momento guardó los obvios equilibrios inherentes a su cargo sin dejar de custodiar el patrimonio que significaba la defensa de los intereses latinoamericanos y coadyuvó a una salida mutuamente satisfactoria para las partes en conflicto.

En abril de 1982, el mandatario peruano Fernando Belaúnde Terry asumió un papel protagónico, dada su cercanía con EE. UU., y articuló una diplomacia presidencial que incluyó una interlocución válida con Washington para esos tiempos de guerra. Belaúnde había hecho su carrera en la Universidad de Texas y se exilió en Argentina y EE. UU. luego de haberse producido el golpe de Estado de 1968, que puso fin a su primer gobierno (1963-1968).

Fue un demócrata típico de la era de la Alianza para el Progreso de Kennedy, un "liberal", según el léxico norteamericano, que pretendía estrechar relaciones con EE. UU. Pese a su distancia de los halcones hard line republicanos de la era Reagan y del neoliberalismo conservador de Margaret Thatcher, Belaúnde se convertiría en una "bisagra" respecto de los actores involucrados en 1982.

Sus esfuerzos durante las conversaciones con el secretario de Estado, Alexander Haig, deben ser entendidos en el contexto de la búsqueda de una salida que fuera lo más realista y lo menos costosa posible para la Argentina.

Lo paradójico fue que Belaúnde, un político civil neto, conversara con militares de línea dura, como Haig y Galtieri, ubicados en sus antípodas. Lo cierto es que Perú habría seguido jugando un rol activo muy importante en un hipotético escenario de posconflicto, con separación de ambas fuerzas militares en Malvinas y un régimen de administración temporal. También fue importante e intensa la labor desplegada por la Cancillería peruana ante la OEA en Washington para apuntalar las gestiones multilaterales llevadas a cabo por el canciller argentino Nicanor Costa Méndez.

Nunca fue secreta la existencia de estrechas relaciones institucionales en el nivel militar entre las tres ramas castrenses del Perú y la Argentina, especialmente en las décadas del 60 y del 70. Ambos países coincidieron y estandarizaron sus proveedores militares y sus políticas de adquisición de armas.

También influyó la coincidencia de los intensos contactos interpersonales, producto, entre otros aspectos, de la existencia de muchos oficiales peruanos graduados en centros de formación militar de Argentina. Con anterioridad, a fines de los años 70, hubo contactos permanentes entre los jefes de ambos ejércitos, particularmente entre Pedro Richter Prada y Leopoldo Galtieri.

Más intensa aún fue la cercanía entre los máximos jerarcas de la Fuerza Aérea: el general Dante Poggi visitó Buenos Aires en 1977 y, con posterioridad, el general Hernán Boluarte visitó Buenos Aires y labró una óptima relación con su par Omar Rubens Graffigna.

En setiembre de 1981, luego del breve incidente militar peruano-ecuatoriano en la frontera bilateral, aviones A-37B Dragonfly del Grupo 7 de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) que participaron en ese conflicto se desplazaron a la IV Brigada Aérea de Mendoza para realizar ejercicios de recarga aérea con aviones KC-130 y ejercicios de combate disimilares con A-4 Skyhawk. Podemos hacer una doble lectura de este acontecimiento, pues la Fuerza Aéra Chilena disponía, como la FAP, de una cantidad apreciable de A-37 y había interés argentino en conocer detalles de tal aeronave.

El aporte peruano

Iniciado el conflicto de Malvinas en abril de 1982, hubo solicitudes y requerimientos específicos desde Buenos Aires para atender las demandas logísticas de Argentina. Figuras centrales de estos aprestos serían por la parte peruana el ministro de Aeronáutica, general José Gagliardi, y el Jefe de la FAP, Hernán Boluarte.

El apoyo y adhesión del Presidente Belaúnde a tales necesidades fue total y sin titubeos. Los mandos aéreos peruanos analizarían la situación al detalle y solo establecerían dos cortapisas para su apoyo: no transferir el abundante material soviético, en concreto los aviones de combate Sukhoi, para no hacer visible y en extremo evidente la participación peruana en las operaciones militares.

Se decidió, como más realista y discreta, la opción de enviar los Mirage 5 y sus sistemas de armas, como misiles Nord AS-30 aire-superficie. Todo indica que habrían sido diez aviones de la flota de 32 existentes en el Grupo 6 de Chiclayo, al norte de Lima.

La figura fundamental en la etapa de transferencia de los aviones fue el mayor Aurelio Crovetto Yáñez, quien lideró el recibimiento del silente vuelo de los aviones en la ruta La Joya-Jujuy-Tandil por espacio aéreo de Bolivia. Crovetto se quedaría en Argentina hasta finalizado el conflicto, como una suerte de apoyo técnico a sus pares de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, el apoyo peruano no se circunscribió solo a lo apenas descripto. Los aviones de transporte peruanos DC-8 realizarían vuelos Lima-Tel Aviv-Lima-Buenos Aires para trasladar material necesario ante la urgencia que ameritaba la situación, en tanto que otros equipos fueron trasladados de forma directa desde Perú por aviones Hércules, en un contexto en que este país también sufriría algunos efectos militares de su toma de posición.

De hecho, en 1982, un embarque de misiles Exocet MM-38, destinado a las corbetas peruanas PR-72, fue extraña e inusualmente "retenido", pero no embargado, en puertos franceses, debido a la suspicacia subyacente de que podría ser "tercerizado" a la Armada Argentina.

Resumir la participación del Perú en el conflicto de 1982 significa adentrarnos en aspectos y lazos históricos que existen desde la independencia entre ambas naciones. Un dato basta para ilustrarlo: el Libertador José de San Martín fue el creador, el 8 de octubre de 1821, de la Marina de Guerra del Perú. Un noble y patricio ciudadano de nacionalidad argentina, Roque Sáenz Peña, peleó del lado del Ejército del Perú en la Guerra del Pacífico contra Chile (1879-1883).

Sin embargo, la lógica que rodea la posición peruana en la guerra de 1982 no solamente está impregnada de esa condición histórica y emotiva de solidaridad latinoamericana, pues tiene otras características y aristas colaterales, no menos importantes y desdeñables, entre ellas la especial situación geopolítica, estratégica, política y militar existente por esos tiempos en el área subregional andina, y de sus conflictos de poder a partir de la competencia entre gobiernos militares. Es decir, todo ello se dio en el contexto de la disputa por el equilibrio de fuerzas y la supremacía en nuestro subcontinente.

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*El autor es investigador peruano, especialista en Seguridad, Defensa e Inteligencia. La versión original de esta nota fue publicada en la revista DEF N.° 120