El uso de energía fósil y los cambios en el uso de la tierra producen emisiones de gases de efecto invernadero que incrementan las temperaturas del planeta. Estos incrementos generan cambios en los regímenes pluviales, frecuencia de fenómenos climáticos extremos y desastres naturales, como sequías, inundaciones, olas de calor y frío, tal como vemos cada vez con mayor frecuencia.
América Latina no escapa de esta realidad, y es por ello que los actuales sistemas alimentarios de la región se encuentran frente a la necesidad de transicionar hacia modelos de producción basados en estrategias de adaptación y mitigación, que permitan frenar los trastornos generados por los efectos del cambio climático.
Si bien los actuales patrones de producción han alcanzado importantes logros en referencia a sus niveles de producción y calidad, es claro que la sustentabilidad ambiental y económica de los mismos es baja. Observamos también que las restricciones y limitaciones producto de los actuales modelos de producción poseen también gran influencia sobre los aspectos sociales.
Así podemos mencionar dos de alta influencia en la población rural: la migración rural y los cambios en el mercado de trabajo, en particular, en el sector agrícola, donde la tasa de informalidad es muy importante, sobre todo en las poblaciones de mayor vulnerabilidad y con bajos ingresos.
Es muy probable que los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático generen cambios en la manera que producimos y consumimos alimentos. Es debido a su importancia que deben considerarse prioritarios en cuanto a los recursos que los tomadores de decisiones destinarán a ellos. Paulatinamente, los sistemas alimentarios deberán transformarse en más tecnológicos e inclusivos y así aprovechar los amplios avances que hoy ofrece la digitalización, el uso de big data, la inteligencia artificial, etc., y la mejora que estas herramientas ofrecen en referencia a la producción y comercialización de la producción.
El camino a la sustentabilidad generará también cambios importantes en el mercado ocupacional en general y en el sector agropecuario en particular. En América Latina y Caribe (ALC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las pérdidas de empleo por cuestiones climáticas serán de 2,5 millones de personas hasta el año 2030, lo que afectará particularmente a las personas que trabajan al aire libre, lo cual es común en la agricultura y ganadería.
La posibilidad de dar solución a esta problemática es compleja y dependerá de políticas de empleo y protección social que puedan estimular nuevos puestos de trabajo, adaptados a la necesidad de transición hacia un sector agropecuario más tecnológico, complejo y sustentable.
Es por esto que se hace imprescindible implementar programas de capacitación laboral que permitan a los trabajadores la reconversión laboral e, incluso, a parte de ello, la reinserción en el sector. La creación de puestos de trabajo no será efectiva si estos trabajadores no están capacitados para ocuparlos.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), solo el 15% de los trabajadores en ALC reciben algún tipo de capacitación, en comparación con el 56% promedio en la OECD. Es claro que sectores como el energético y la construcción serán quizás aquellos que se verán más afectados como resultado de la transición hacia economías más “verdes”. Es decir, son los que experimentarán mayores pérdidas de puestos de trabajo.
Sin embargo, el cambio que se generará debido a los cambios en los hábitos de consumo podrá tener importantes efectos negativos en los índices de ocupación del sector ganadero y la cadena productiva de los alimentos de origen animal.
Los cambios en los hábitos del consumidor, especialmente en referencia a las dietas, será uno de los motores de mayor importancia para la generación de empleos del sector agroalimentario.
Por un lado, encontramos pérdidas de millones de puestos de trabajo en la ganadería de carne y leche, avicultura y pesca. Sin embargo, el crecimiento de la agricultura vegetal, la industria de las proteínas alternativas, etc., pueden, según estimaciones de la OIT, generar más de 19,5 millones de nuevos puestos de trabajo en los sistemas agroalimentario.
Del mismo modo, tanto el incremento de la tecnificación rural como el aumento de los sistemas de producción intensivos y sustentables ambientalmente deberían generar empleos de calidad con mayor nivel de sustentabilidad. Estos nuevos puestos de trabajo creados deberán dar respuesta a cuestiones de alta importancia, como son la igualdad de género y la ocupación de poblaciones indígenas, y la mencionada necesidad de capacitación.
El otro aspecto que debemos relacionar con los efectos del cambio climático es la migración rural. Esta, como consecuencia del cambio climático, puede ser analizada desde diferentes puntos de vista, todos ellos dependientes de la vulnerabilidad de la población. El primero es aquel que se relaciona con la baja capacidad de recuperación de los agricultores luego de desastres climáticos y, con ello, la discontinua intervención de gobiernos para dar soluciones. No menos importantes son los procesos de degradación ambiental crecientes y el impacto en los recursos, suelo y agua principalmente, así como la pérdida en la productividad de las fincas, que conlleva menores ingresos y menor importancia de la agricultura en los ingresos familiares.
En esta situación, los jóvenes abandonan la agricultura de baja productividad y pasan principalmente a actividades informales en servicios que, por lo general, se desarrollan en zonas urbanas. Esta migración de jóvenes a las ciudades genera procesos de discontinuidad en la renovación generacional de las fincas y conduce al “envejecimiento” de la población en las áreas rurales-agrícolas, lo que genera fuertes impactos en la fuerza laboral disponible.
La transición hacia un sector agropecuario descarbonizado deberá combinar modelos de producción capaces de integrar sustentabilidad climática y económica. Desde el punto de vista productivo, será necesario la adopción de sistemas de manejo intensivo sustentable que incluyan procesos de modernización de la agricultura e incorporen nuevas tecnologías.
La posible introducción de nuevas tecnologías requiere especialización y, en general, reducida cantidad de puestos de trabajo. En esta situación, los programas de desarrollo rural deberán incluir capacitación y, paralelamente, alternativas laborales para aquellos trabajadores que sean desplazados del sector. El desarrollo de procesos de industrialización creciente de la producción primaria, como de la mejora en los canales logísticos, pueden ser una alternativa virtuosa para evitar la traumática migración obligada por falta de alternativas laborales y de desarrollo personal, y debería ser una meta buscada para la sustentabilidad de los programas.
Todo plan de desarrollo rural bajo los efectos del cambio climático deberá interconectar soluciones a nivel de agricultura, seguridad alimentaria, ocupación y migración. Los gobiernos no deben permanecer expectantes en relación al futuro, sino que deben comprometerse acordando metas ideales y llevando a cabo las politicas que posibiliten su efectivo cumplimiento.
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