El “Acuerdo Regional sobre acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como Acuerdo Escazú (por la ciudad de Costa Rica donde se firmó), fue adoptado el 4 de marzo de 2018. Como explican desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es el primero que aborda los derechos ambientales en su intersección con los derechos humanos. Para poder entrar en vigencia, el tratado requiere de 11 ratificaciones. ¿Estamos cerca de alcanzar este objetivo?
Este instrumento retoma los temas más preocupantes de la región, desde la explotación de recursos naturales hasta la conflictividad socioambiental, problemáticas que tienen un fuerte impacto en sectores en situación de vulnerabilidad. Además, hace hincapié en los defensores del medioambiente. Por otro lado, y respecto al acceso a la información, se regulan las condiciones para la transparencia pasiva, según la cual cualquier persona puede acceder a información pública. Asimismo, se establece la transparencia activa, de acuerdo con la que el Estado deberá generar, sistematizar y permitir la disponibilidad de la información sobre distintos aspectos vinculados al ambiente.
DEF pudo dialogar con Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN, sobre el valor de este instrumento: “Es un acuerdo que deviene de lo que es la declaración de Río de Janeiro de 1992 que, en su principio número 10, refiere al acceso a la información, a la participación y a la justicia. Los tres principios son fundamentales para construir lo que nosotros denominamos modelos de gobernanza para el desarrollo sostenible”.
Para Nápoli, no solamente basta con tomar decisiones de carácter publico e iniciativas de carácter privado, sino que es necesario incorporar a la sociedad en cada proceso productivo o de desarrollo. Eso, explica, se realiza a través de los instrumentos de la información y de la participación, así como también permitiendo el acceso de las comunidades a acciones judiciales como manera de controlar las decisiones que tomen las autoridades. “Ese es el objetivo del Acuerdo de Escazú: que los países de América Latina y del Caribe complementen de manera plena esos tres derechos al acceso”, concluye.
El Acuerdo es el único que surgió de la reunión conocida como Río+20 (Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas). Es un instrumento multilateral de carácter vinculante. Una vez que los países lo ratifican y lo incorporan a su normativa, es de supuesto obligatorio. Cabe señalar que, además, es el único a nivel mundial, ya que tiene una cláusula de protección para las personas de derechos humanos en temas ambientales.
A dos países de lograrlo
“El grave deterioro que se verifica en el planeta no se detiene. Por eso, no debemos dejar que se muevan del tope de la agenda los problemas medioambientales”, alertaba el director ejecutivo de Fundación Criteria, Mauricio Fernández Funes, meses atrás durante un seminario web organizado por dicha fundación y la Universidad del CEMA. Afortunadamente el cuidado del planeta está cada vez más presente en las agendas, gracias al aporte de científicos, activistas y académicos, entre otros tantos actores que buscan construir un futuro más saludable.
El Congreso de la Nación Argentina entendió la necesidad de llegar a este Acuerdo, y el 13 de agosto de 2020, con 70 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, el Senado dio media sanción al proyecto de ratificación.
“Cada país tiene su tiempo de ratificación. En Argentina, estamos cerca. Creo que, si en nuestro país se logra ratificar, los tiempos van a acelerarse, porque se genera un efecto cascada en otros Estados. Aunque sí reconozco que en países como Perú y Chile hay dificultades”, expresó Nápoli y agregó, también, que en América Latina el nivel de normativa y aplicación que existe es bastante disperso. Como detalló, hay países que ni siquiera cuentan con leyes de acceso a la información o de participación. Otros, como Argentina, lo hacen, pero tienen problemas a la hora de su implementación: “En lo que respecta al impacto ambiental, hay una gran conflictividad en los procesos donde la gente participa a la hora de tomar decisiones. Las intervenciones no son escuchadas”.
El Acuerdo de Escazú cuenta con mecanismos para mejorar esa participación. Si se hace efectivo, indica el experto en derecho ambiental, bajarían los niveles de conflictos ambientales, ya que muchos de ellos se generan cuando las personas son llamadas de manera obligatoria –porque lo establece la normativa— a participar, pero luego sus opiniones no se tienen en cuenta. En ese sentido, es importante señalar que el Acuerdo tiene dos dimensiones de aplicación: por un lado, busca mejorar la implementación de estos derechos hacia dentro de los países y, por otro, incorpora una instancia internacional para reclamar en caso de un incumplimiento.
El tratado, además, hace hincapié en la protección de los defensores ambientales. Como señala Nápoli, y según los informes publicados por la organización Global Witness, América Latina es la región del mundo donde más asesinatos de defensores ambientales hay.
“Esperamos que la ratificación del Acuerdo se dé dentro de este período legislativo y que, así, Argentina se convierta en el décimo país en incorporarse. Se necesita que 11 Estados lo ratifiquen para que pueda entrar en vigencia; eso representa un tercio de la totalidad de los países de América Latina y el Caribe”, finalizó Nápoli.
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