¿Es posible pensar en un modelo económico al servicio del planeta?

“Como toda empresa, el Grupo Advance busca generar productos y servicios rentables, solo que, a su vez, lo hace con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, creando soluciones para las problemáticas ambientales y sociales”, explica Jimena Seoane, gerente de producción y sostenibilidad de la compañía. Becada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), esta joven diseñadora industrial de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó la Diplomatura en Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible, organizada conjuntamente por la Fundación Criteria y por la Universidad del CEMA.

En ese contexto, Seoane investigó la participación de las empresas en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cara al año 2030. ¿Qué son los ODS? Se trata de 17 metas establecidas en el año 2015 que buscan terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y reparar el cambio climático. Estos objetivos son de amplio alcance, ya que abordan una serie de elementos interconectados: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

“El sector privado es un verdadero gestor de cambio, tanto desde el ámbito empresarial y desde estrategia de negocio por ser agentes claves de desarrollo y generadores de riqueza, como también por el importante papel que juegan en la vida de las personas, ya que no debemos dejar considerar que la mayoría de la población pasa un equivalente a ocho años de su vida laboral dentro de las empresas. En consecuencia, es primordial que estas adopten una estrategia de negocios sostenible”, explicaba Seoane en su investigación.

En esa línea, describe Seoane, en el año 2015, se elaboró el SDG Compass, una herramienta que sirve de guía al sector privado de modo de facilitar la aplicación de los ODS y su incorporación en el núcleo de las empresas. La plataforma, desarrollada por el Pacto Global, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y la Global Reporting Initative (GRI), fue lanzada en Argentina un año después. Desde entonces, hubo un crecimiento de la cantidad de empresas comprometidas con la Agenda 2030. “En los inicios, solo las grandes empresas, de más de 300 empleados, eran parte de este movimiento y eran capaces de reportar contribuciones respecto a los ODS; sin embargo, hoy día se han sumado empresas pequeñas y medianas, con sus respectivos reportes de Comunicaciones de Progreso (COP). En la actualidad, de un total de 750 empresas alineadas en la Red Argentina del Pacto Global, el 14% son pequeñas y el 86% son grandes”, describe Jimena, quien también se desempeña como docente de la UBA.

Recogiendo los datos de la Red Argentina del Pacto Global, esta investigadora puntualiza que el sector privado argentino está compuesto por 856.300 empresas y solo el 0,09% de las compañías han asumido el compromiso de poner en acción los ODS, mientras que las que integran Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible representan solo el 0,01%. “Las empresas relevadas a nivel nacional demandan herramientas concretas para poner en acción los ODS y ponen como requerimiento capacitaciones y espacios de alianzas entre el sector público y el privado”, concluye la docente de la UBA.

El Grupo Advance es un claro ejemplo de cómo el sector privado puede incorporar acciones sostenibles a su cadena de producción. En 2018, esta compañía fue reconocida por “Sistema B”, una organización internacional que certifica a empresas que llevan adelante acciones con impacto social y ambiental. Es importante destacar que, en el caso de Advance, los procesos productivos tienen que ver con oficios como la metalurgia y la carpintería. “El objetivo es ofrecerles a nuestros empleados un ámbito de desarrollo social y capacitación para que, en un futuro, puedan tener mejores oportunidades económicas”, explica Seoane, quien, por otro lado, señala que la empresa también lleva adelante talleres para prevenir la violencia de género.

En relación con las acciones que buscan reducir el impacto ambiental, si bien los desarrollos responden a las necesidades de los clientes, los exhibidores se desarrollan de tal manera que sus diseños sean totalmente desarmables, con lo cual han lograron reducir las emisiones de carbono a la hora de la logística. “Después, por ejemplo, compramos una materia prima que nos permite hacer plástico biodegradable. El que usan las demás industrias se descompone en entre 100 y 500 años, mientras que el nuestro lo hace en 45 días”, describe la gerente de producción y sostenibilidad. En esa línea, Advance también observó que el metal puede ser reciclado infinitamente: “Los exhibidores que fabricamos son durables. Nosotros hacemos de metal y madera que permiten incorporar gráficas intercambiables. Pensamos en que la vida útil del producto debe ser prolongada y procuramos reciclar el material para hacer otras estructuras”, concluye Seoane. Agrega que tampoco utilizan madera natural sino MDF y, además, se encuentran investigando un producto realizado con desperdicios de basura. Por otro lado, con respecto a los cortes sobrantes de MDF, estos son llevados al Penal de la zona para que allí se realicen juguetes destinados a todos los comedores del Municipio de San Martín.

Para conocer el funcionamiento del Fondo Verde para el Clima, cuyos inversores provienen de los países desarrollados, DEF también pudo dialogar con Rodolfo Tarraubella, director ejecutivo de la Secretaría de Sustentabilidad y Finanzas Climáticas de la Agencia de Naciones Unidas en Argentina (CIFAL). “El dinero está destinado a los países en desarrollo. El compromiso es que se logren reunir este año 100.000 millones de dólares para ser aplicados en proyectos de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Si bien existen otros fondos similares, como el amazónico y el noruego, el Fondo Verde para el Clima es el más importante del mundo”, describe el funcionario internacional, al tiempo que agrega que ese Fondo otorga dinero a través de entidades acreditadas. CIFAL es la única organización, dentro de la constelación de la ONU, que actualmente ofrece este servicio de acreditación a la Argentina y otros Estados.

Asimismo, el referente en ecofinanzas se refirió al impacto del calentamiento global en la economía y explicó que, en ese contexto, el dinero es un factor clave a la hora de generar cambios: “Hay proyectos y servicios que uno genera y no están pagos. Por ejemplo, si tomas la mitad de un bosque y se deforesta para hacer una plantación; cuando el producto final se venda se obtendrá una ganancia. Lo que no se tiene en cuenta es que para que esa plantación sea exitosa requiere aire que produjo el bosque, por lo cual habrá requerido el agua que conservó la cuenca del bosque vecino y habrá requerido fertilidad y biodiversidad. Por todos estos últimos servicios el productor no pagó nada, pero si a alguien se le ocurriera robar una bolsa de los cereales producidos se lo consideraría un ladrón”.

Como explica Tarraubella, la economía mundial no ha retribuido monetariamente estos servicios, como el agua y la biodiversidad, porque se consideran superabundantes y no tienen valor comercial. “Se trata de bienes y servicios que tienen que ser remunerados. Brasil se quejaba de las críticas que recibía por los incendios en el Amazonas porque, según manifestaba, después le compran lo producido en la selva quemada. Ahora, con esa selva, la población mundial recibe aire y un montón de servicios ecosistémicos y nadie paga por eso”, recordó, al tiempo que explicó que en uno de los puntos que se tendría que haber discutido en la COP25 es el relacionado con la regulación del mercado de bonos de carbono. “Al final no se llegó a ningún acuerdo. Pero, gracias a una adolescente [Greta Thunberg], se logró visibilizar lo que cientos de científicos no pudieron hacer”, concluyó.

“Lo que es importante es que las entidades de crédito pongan como requisitos una cantidad de salvaguardas ambientales y sociales para otorgar financiamiento. Por eso, es fundamental insistir en el concepto de blindar la sostenibilidad con rentabilidad. Año a año, está creciendo la demanda de bonos verdes para financiar proyectos y, sobre todo, crece también la presión de grupos de inversores. Por ejemplo, el Fondo Noruego de Inversión, que invierte las regalías del petróleo de ese país, decidió desinvertir 11.000 millones de dólares en combustibles fósiles para destinarlos a proyectos verdes”, finalizó Tarraubella.

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