“Siempre va a haber amenazas naturales, pero los niveles de vulnerabilidad, de exposición y de fragilidad de una comunidad van a determinar su capacidad de respuesta o la necesidad de contar con recursos adicionales”, sostiene Gabriela Hoberman, investigadora del Instituto de Eventos Extremos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Al momento de distinguir un desastre de una catástrofe, la especialista precisa: “Un ejemplo de desastre fueron el terremoto y el tsunami ocurridos en Chile en 2010, que no se convirtieron en una catástrofe porque estaban dadas las condiciones institucionales de respuesta. En cambio, el terremoto de Haití provocó más de 200.000 víctimas, además de la afectación de las infraestructuras y de las instituciones, lo que convirtió un evento o una amenaza natural en una catástrofe”. En el caso argentino, Hoberman destaca el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), implementado en octubre de 2016 a partir de la sanción de la Ley 27287.
-¿Cuáles son los mayores riesgos que podríamos identificar en América Latina?
-En América Latina, vemos un contexto de creciente vulnerabilidad, exposición y fragilidad, que nos obliga a prestar atención a cómo gestionar y reducir el riesgo. Por eso, en el Instituto de Eventos Extremos de la FIU nosotros trabajamos sobre cómo abordar los factores subyacentes al riesgo y cómo construir capacidades para fortalecer a las propias comunidades. Los eventos naturales van a seguir existiendo y, dado el creciente impacto del cambio climático, lo que vamos a tener es una mayor regularidad y frecuencia de estos fenómenos naturales. Por eso, hay que construir resiliencia para que las comunidades latinoamericanas y caribeñas puedan responder a estas situaciones.
-¿Cómo nos afecta el cambio climático?
-En zonas costeras, lo vemos en el aumento del nivel de los océanos. Por ejemplo, en los puntos más australes de la Argentina, los glaciares están cambiando su fisonomía. Lo mismo está pasando en zonas cercanas al Polo Norte. Estos fenómenos están produciendo un cambio en el ecosistema y un ciclo muy peligroso que afecta los medios de vida de las especies animales y del propio ser humano.
En los puntos más australes de la Argentina, los glaciares están cambiando su fisonomía. Lo mismo pasa en zonas cercanas al Polo Norte. Estos fenómenos están produciendo un cambio en el ecosistema y un ciclo muy peligroso.
-¿En qué está fallando el sector público en la atención de estos fenómenos naturales?
-A veces, lo que vemos es una desconexión entre los marcos legislativos y lo que sucede en la práctica. En nuestros países, más allá de los marcos de gestión y de reducción de riesgo de desastres, hay una falta de adecuación a nivel de las prácticas. Hay gobiernos que no incluyen en sus presupuestos una inversión suficiente para trabajar en estos temas. También vemos una desconexión entre el sector público y el privado: si bien este último no es el principal actor en materia de gestión de riesgos, el rol del sector privado es muy importante en el cumplimiento de códigos de la construcción y tiene una responsabilidad para evitar el aumento de la vulnerabilidad. También se observa una falta de coordinación entre organismos que trabajan en gestión de riesgos, que al momento del desastre llegan tarde. Los mecanismos de coordinación deben estar aceitados antes de que el evento ocurra, pues solo así se podrá actuar de manera eficaz y eficiente.
-¿Qué rol cumplen las FF. AA. frente a este tipo de fenómenos?
-Las FF. AA. cumplen un rol fundamental en los momentos de respuesta, recuperación y rehabilitación frente a estos desastres naturales. En temas de logística y organización, las FF. AA. son autosuficientes. Esto ha sido muy importante en Argentina, con la atención de las inundaciones en Comodoro Rivadavia, en Salta, en Santa Fe y, hace unos años, en Córdoba. El rol de las FF. AA. ha sido determinante, en colaboración con otros actores de la gestión de riesgo, como las universidades y las instituciones científicas. En el caso argentino, además, las FF. AA. poseen un catastro de los eventos de los últimos 70 años, lo que tengo entendido que ha permitido determinar polígonos de afectación para la posterior indemnización de los afectados por las pérdidas sufridas.
-¿Existen actualmente mecanismos de coordinación regional para atender la gestión de estos eventos naturales?
-A nivel regional, ha habido muchos avances en materia de gestión de riesgos, con la inclusión de nuevos actores, la implementación de nuevos sistemas de medición y de nuevos abordajes para la comprensión del riesgo y su reducción. Los avances y los resultados han sido desiguales. Ha habido países que han avanzado mucho en la prevención del riesgo de catástrofes, como Colombia y Chile, que es el país con mayor riesgo sísmico del mundo. Creo que estamos en el camino correcto. La capacitación es muy importante. Tenemos que educarnos para reducir los niveles de vulnerabilidad y hacer sostenibles los procesos. Hemos visto respuestas que son esporádicas, muy comprometidas al comienzo, pero que se pierden al no ser sostenidas en el tiempo.
Las FF. AA. cumplen un rol fundamental en la respuesta, la recuperación y la rehabilitación de zonas afectadas por desastres naturales.
-¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades en materia de gobernanza regional?
-Un tema central es el crecimiento de la población. Tenemos que considerar cómo se va a dar ese crecimiento, si de manera ordenada o no planificada, ubicándose esa población en lugares que son extremadamente vulnerables como la ladera de un río o de un volcán. Hemos visto casos de comunidades devastadas por la explosión de un volcán y ciudades arrasadas. Vemos también el problema de los asentamientos informales, en los cuales, dentro de la informalidad, existen mecanismos de gobernanza que entran en conflicto con los mecanismos formales de gobernanza. Tenemos que trabajar no solo en la resiliencia de los habitantes de estos asentamientos, sino también en su incorporación a los mecanismos formales. Lo vemos en la Argentina, donde las llamadas “villas miseria” van adoptando un nivel de formalidad y de estructuras formales. Observamos cómo ha trabajado el Gobierno de la ciudad, que ha sido muy activo en incorporar a estas poblaciones en unos mecanismos que permitan darles más protección y seguridad.
-¿Cuál es el rol de EE. UU. y del Comando Sur frente a las catástrofes naturales que afectan a nuestra región y qué grado de receptividad hay de parte de los países latinoamericanos?
-En temas de ayuda frente a eventos naturales, el país en el cual ocurre el fenómeno es el que tiene que requerir la ayuda extranjera. En ese sentido, EE. UU. y los países europeos son muy respetuosos de la soberanía de cada país y en la manera de responder cuando se solicita dicha ayuda. Nuestro programa en el Instituto de Eventos Extremos de la FIU es parte de un acuerdo de cooperación con la Oficina de EE. UU. de Asistencia a Desastres en el Extranjero (USAID-OFDA), que tiene sus oficinas en San José de Costa Rica. Trabajamos en conjunto para identificar cuáles son las brechas en la región, cómo podemos construir capacidades y brindar contenidos, mecanismos, seminarios, cursos e intercambios técnicos con organismos gubernamentales y no gubernamentales de la región para poder trabajar en estos aspectos.
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