El próximo 21 de octubre se celebrará el “Día Mundial del Ahorro de Energía” y los mecanismos, y medidas, que garantizan la eficiencia en esta materia son cada vez más valorados a la hora de plantear como contribuir a lograr un planeta más sostenible. “El kilowatt/hora más barato es el que no se consume”, suelen afirmar los expertos. Tal como enfatiza el reciente informe del Banco Mundial, “la eficiencia energética permite obtener tres beneficios básicos: financieros y económicos, tanto para países como para consumidores y proveedores de servicios eléctricos; climáticos y de contaminación local; además de mejorar la competitividad y generar empleo”.
“Existen ya tecnologías de eficiencia energética comercialmente viables para la generación y el consumo eficaces. El desafío consiste en difundir estas tecnologías y detectar el potencial técnico que no se desarrolla en el ámbito de negocios habitual, dadas las deficiencias que presenta el mercado, y las barreras normativas”, apunta el propio Banco Mundial. Para vencer esos obstáculos, el organismo multilateral recomienda “la fijación racional de los precios de la energía, la certeza de contar con incentivos públicos –incentivos impositivos– y la fiabilidad de las políticas” como medios para “atraer capital del sector privado hacia el sector de la eficiencia energética”. La falta de información a los consumidores residenciales e industriales sobre la eficiencia de los equipos que utilizan es el otro factor que atenta contra este tipo de políticas.
La inversión en eficiencia energética otorga tres beneficios clave: financieros y económicos, reducción del impacto climático y menor contaminación local.
EDIFICIOS PÚBLICOS, PYMES Y VIVIENDAS PARTICULARES
Dado el impacto negativo que tienen los subsidios al consumo energético en la concreción proyectos de eficiencia y uso racional de la energía, una condición necesaria ha sido el sinceramiento de los precios de los servicios públicos iniciado en 2016 por el Gobierno nacional, a partir de la revisión tarifaria integral del servicio de distribución eléctrica y de gas, que impactó fuertemente en el bolsillo de los usuarios residenciales y afectó también a las pequeñas y medianas empresas. Si bien desde 2007 existe el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree), la profundización de este tipo de medidas se dio en el último quinquenio.
Para ayudar a la reconversión del equipamiento de estas pequeñas y medianas empresas, el Fondo Argentino de Eficiencia Energética (FAEE) ofrece a las pymes una línea de créditos para la implementación de tecnologías más eficientes, la introducción de cambios en los procesos productivos y otras acciones que impulsen el ahorro de energía. Hubo cuatro llamados a concurso público de proyectos entre 2014 y 2016, que incluyeron financiamientos de entre 31,5 y 40 millones de pesos a las empresas participantes.
Otro de los ejes de la actual política de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética es el Programa Nacional de Eficiencia Energética en Edificios Públicos. Esta iniciativa prevé el empadronamiento de los llamados “administradores energéticos”, designados por los distintos Ministerios y organismos estatales. Ellos son los encargados de realizar el relevamiento de las instalaciones de agua, electricidad y gas de sus respectivas reparticiones. Desde la Subsecretaría se brinda asistencia técnica para identificar en cada edificio las oportunidades de mejora en términos de consumo y se ayuda a cada organismo a elaborar su propio plan de ahorro y eficiencia energética.
Un eje actual en estas políticas nacionales es el empadronamiento de los “administradores energéticos”, que son los encargados de relevar las instalaciones de electricidad, agua y gas en sus reparticiones.
También existe un Plan de Alumbrado Eficiente (PLAE), lanzado en 2017 y dirigido a provincias y municipios para el recambio de luminarias e infraestructura asociada a la iluminación de espacios públicos. Otros dos programas nacionales son: el Programa de Etiquetado Obligatorio de electrodomésticos, calefones, aire acondicionados, termotanques y artefactos de cocción a gas, entre otros productos; y el más reciente Etiquetado de Eficiencia Energética en Inmuebles destinados a Vivienda (ver recuadro), que ya cuenta con una experiencia piloto realizada en 2017 en 500 hogares de la ciudad de Rosario gracias al asesoramiento del ingeniero alemán Richard Frenkel, experto en planificación urbana con más de 30 años de experiencia en su país en este tipo de políticas. Este año se sumó la provincia de Mendoza, a través de un convenio con el gobierno de Santa Fe y el Estado Nacional para realizar el “etiquetado energético” de 200 viviendas en la capital mendocina y la vecina localidad de Godoy Cruz.
EL GOBIERNO PORTEÑO DICE PRESENTE
En la ciudad de Buenos Aires se comienzan a observar los primeros resultados en materia de ahorro energético. La normativa no es nueva: la Ley 3246, sancionada en noviembre de 2009 por la Legislatura porteña, constituyó el puntapié inicial para “reducir y optimizar el consumo de energía” en dependencias del Gobierno, alumbrado público, semáforos y construcciones proyectadas por la administración local. Desde APRA señalaron que para avanzar con la reglamentación de esa legislación, se está diseñando un programa para la designación y formación de administradores energéticos en todos edificios públicos de la ciudad y se está avanzando en distintos proyectos para avanzar en el ahorro energético.
Entre las medidas concretas ya adoptadas, se encuentra la automatización de la gestión de los sistemas de alumbrado público y la sustitución del 100 % de las luminarias públicas a tecnología LED; el recambio de 112.743 luminarias en 360 edificios públicos; y el desarrollo conjunto con la Fundación Bariloche y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un plan piloto de etiquetado de eficiencia energética de 200 viviendas de la Ciudad, aplicando las normas IRAM 11.900 en la materia. Además, en el primer semestre de 2019 la agencia ambiental porteña implementó, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Sistema de Información de Energía y Agua (SIEGBA), que permitirá –según indicaron– “alinear y concientizar a todas las dependencias públicas de la ciudad sobre su consumo energético”. En este sentido, se ordenarán en una primera etapa los datos correspondientes a la facturación de cada dependencia, lo que permitirá realizar un análisis pormenorizado para luego, en un segundo momento, integrar la información referida a la medición del consumo y avanzar en la optimización de la eficiencia energética en cada repartición porteña.
Mediante la Ley 3246, sancionada en 2009, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio el puntapié inicial en materia de reducción y optimización del consumo.
LOS PROGRAMAS “ECOSELLOS” Y “PASATE A LED”
Siempre en la órbita del Gobierno porteño, se lanzó este año “Ecosellos”, un plan que tiene como objetivo asistir al sector privado en la implementación de mejores relacionadas con la sustentabilidad, con cinco ejes de intervención: energía, agua, residuos, insumos y gestión ambiental. “Las empresas que se adhieren atraviesan una serie de capacitaciones y encuentros, que les permiten desarrollar sus planes de acciones dentro de los ejes de trabajo, además de brindarles contenidos y asistencia técnica”, precisaron desde la APRA. Esta iniciativa tiene como fuentes de inspiración dos programas similares desarrollados por el gobierno estadounidense y británico. En el caso de EE. UU., existe una certificación para edificios sustentables conocida como LEED (Leadership in Energy & Environmental Design); mientras que en el Reino Unido existe el certificado BREEAM (Building Research Establishment Assessment Methodology).
Por otra parte, a partir de junio del año pasado, se puso en marcha el programa de recambio de luminarias “Pasate a Led”. ¿En qué consiste? Los vecinos pueden acercarse a cincuenta Puntos Verdes fijos y cuatro móviles ubicados en diferentes barrios porteños. El recambio de lámparas se realiza contra entrega de la factura de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) o de la distribuidoras eléctricas Edenor o Edesur. Tal como detallaron desde la APRA, hasta la fecha se ha efectivizado el recambio de 750.000 lámparas, lo que ha permitido un ahorro energético de 39 gigavatios/hora, equivalentes al consumo anual de aproximadamente 12.900 hogares.
¿EN QUÉ CONSISTE EL ETIQUETADO DE VIVIENDAS?
La Etiqueta de Eficiencia Energética es un documento en el que figura una escala de letras de la A a la G, que indican en orden decreciente el nivel de eficiencia energética de una vivienda, siendo A el más eficiente y G el menos eficiente. Esta etiqueta se encuentra asociada a un rango de valores del índice de prestaciones energéticas (IPE), que se determina de acuerdo a la norma IRAM 11.900/2017.
El IPE es un valor característico de la vivienda, que informa acerca del requerimiento teórico de energía primaria para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, refrigeración en verano, calentamiento de agua sanitaria e iluminación, durante un año y expresado por metro cuadrado de superficie (kWh/m2 año).
Este indicador permite cuantificar las prestaciones energéticas de las viviendas. En ese desempeño influyen el diseño arquitectónico, la orientación, las protecciones solares, los sistemas constructivos utilizados, la calidad y el estado de las aberturas, las infiltraciones de aires y los sistemas de calefacción, refrigeración e iluminación instalados.
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