Pesca ilegal: el juicio por la explotación de la merluza negra entra en su recta final

La demanda colectiva por el caso de la pesca ilegal de 175 toneladas de merluza negra en el Mar Argentino sigue avanzando. El juez Alejandro Jorge Nobili, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 11, donde recayó la causa, convocó a una audiencia conciliatoria para el próximo martes 3 de diciembre.

Además de convocar a las partes, la citación también llama al fiscal federal; al defensor público oficial; a la Prefectura Naval Argentina y al Ministerio de Economía de la Nación, mediante la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Además, requiere la presencia de representantes del Consejo Federal Pesquero y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Si no hay acuerdo, el juez determinará si considera que hay suficientes pruebas presentadas y dictará sentencia dentro de los 15 días.

En abril de 2024, los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi presentaron una demanda colectiva en el Juzgado Civil y Comercial Federal N.° 11 contra la empresa Prodesur S.A., propietaria del buque pesquero argentino Tai An. La acción legal surge tras la captura ilegal de 175 toneladas de merluza negra en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024, lo que causó un daño significativo al ecosistema marino argentino.

Tanto el Tai An como Prodesur son propiedad de Liu Zhijiang, un empresario chino radicado en Ushuaia, que amasó una fortuna como cambista y es dueño de numerosas propiedades en la isla.

Los demandantes buscan una compensación económica que refleje el valor de la merluza negra extraída en el mercado internacional, además de una suma adicional por daño moral ambiental y una indemnización punitiva destinada a desalentar futuras conductas ilícitas. Proponen que estas indemnizaciones se asignen a un Fondo de Compensación Ambiental administrado por la Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de mejorar el control de la pesca ilegal en aguas territoriales argentinas, incluidas las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.

La particularidad de este caso es que se trata de una demanda colectiva en la que se representa a toda la comunidad argentina en defensa del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado. En Argentina, no hay muchos casos similares y se suma a esfuerzos previos, como la causa por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo (hoy cerrada por la Corte Suprema de Justicia), que también buscó la recomposición ambiental y la compensación por daños.

Consultado por DEF, Daniel Sallaberry, uno de los abogados demandantes, señaló que, “de acuerdo a los términos en que ha sido contestada la demanda y declaraciones públicas de parte de la Empresa Prodesur SA y su propietario, el señor Liu Zhijiang, no vemos que haya voluntad de arribar a acuerdo alguno que ponga fin al conflicto, a pesar de que ello sería lo más sensato”.

El abogado subrayó que “el daño ambiental ya se encuentra acreditado con los informes de la autoridad de aplicación –la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INIDEP, el Consejo Federal Pesquero y Prefectura Naval Argentina–, cuyos estudios tienen la fuerza de la prueba pericial de oficio por emanar de organismos del Estado”.

Sallaberry también destacó el “buen criterio” del Tribunal al citar a esta audiencia a los organismos públicos antes detallados y aseguró: “Están dadas las condiciones para que se declare la causa como de puro derecho y se dicte sentencia, que esperamos sea condenatoria y dictada a la brevedad, pues no olvidemos que los demandados ya reconocieron y asumieron expresamente por escrito ante el Consejo Federal Pesquero su responsabilidad en el hecho y renunciaron a todo planteo recursivo, sea administrativo o judicial, al respecto”.

El incidente del Tai An, detectado pescando ilegalmente en la ZEEA con el sistema de identificación automática apagado, resalta la problemática de la pesca ilegal en el mar argentino y la necesidad de acciones legales para proteger los recursos marinos y el ecosistema. En ese sentido, la presencia de representantes de diferentes entidades gubernamentales en la audiencia programada para el 3 de diciembre cobra valor.

Confirmaron su asistencia: el Dr. Carlos María Gelly y Obes, quien representará a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca; el Dr. Otto Cristian Wöhler, director nacional de Investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); la licenciada Patricia Martínez, integrante del Programa Pesquería de Peces Demersales Australes y Subantárticos del INIDEP; el Dr. Sergio Bernardo Iribarren Pugach, director de Asuntos Jurídicos de Agricultura, Ganadería y Pesca y apoderado letrado del Estado Nacional; la Dra. Carla Gisele Mesquiatti, de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Agricultura, Ganadería y Pesca, en calidad de apoderada letrada del Estado Nacional; y la Dra. María Victoria Santangelo, también integrante de la Coordinación de Asuntos Contenciosos y apoderada letrada del Estado Nacional.

Al momento del cierre de esta nota, restaba que el Consejo Federal Pesquero comunicara quiénes serán sus representantes en esta importante audiencia relacionada con la pesca ilegal y la protección de los recursos marinos.