La polémica matanza de conejos silvestres en Chubut y su impacto en la biodiversidad

Una nueva denuncia por daño ambiental –que se suma al inminente juicio oral por la masacre de pingüinos de Punta Tombo ocurrida en 2021– preocupa a los habitantes de la provincia de Chubut.

Se trata de un programa para eliminar conejos silvestres en las islas Valdés, Tova y Tovita del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), un área protegida que está ubicada al norte del golfo San Jorge.

La demanda penal realizada por un poblador rural de la zona ante la Fiscalía de Rawson y derivada posteriormente a Comodoro Rivadavia se origina en la utilización de veneno tóxico para la erradicación de especies exóticas en las islas que pertenecen al parque.

Esta denuncia pone en la lupa el plan llevado adelante por la Fundación Rewilding Argentina que dio como resultado la matanza de 790 conejos silvestres, para la cual se utilizaron 10 toneladas de “un veneno altamente tóxico y bioacumulativo, el brodifacoum, sin una evaluación previa esencial del impacto real de la especie exótica realizada por expertos y de los riesgos para el ambiente y las especies autóctonas”, según especifica la demanda.

Pese a que este programa se llevó a cabo con la autorización de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas de Chubut en 2021, el fiscal Juan C. Caperochipi, a cargo del caso, ya ordenó las primeras medidas de prueba para determinar la gravedad de los hechos.

El parque, ubicado en la costa este de la provincia, al norte del golfo San Jorge, entre el cabo Dos Bahías y la isla Quintano, y cuya superficie es de 104.812 hectáreas, de las cuales 31.052 pertenecen al área costera y 73.760 a la marina e islas, está destinado a la protección de la biodiversidad patagónica gestionada por la Administración de Parques Nacionales y la provincia de Chubut.

Cuenta desde 2018 con un Programa de Manejo concertado entre actores privados y estatales. Según los conocedores del tema, este cogobierno suele generar conflictos de manejo y, “aunque Parques tiene presencia en la zona, en general es la provincia la que termina tomando las decisiones”.

Consultados por DEF, desde la Fundación Rewilding manifestaron “no estar contestando preguntas referidas al tema en cuestión”.

Introducidos en la isla de Tierra del Fuego en los siglos XIX y XX, los conejos silvestres se encuentran en la actualidad en diversas provincias como Chubut, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

Sobre los motivos de su presencia en las islas patagónicas, las versiones son variadas, pero quizás la más verosímil sea la que afirma que fueron llevados por lugareños para ser utilizados como alimento en caso de naufragio, por tratarse de una zona difícil de navegar. Probablemente, para regular la presencia de esta especie exótica, más adelante se introdujeron gatos domésticos.

Tras su declaración como especie dañina para la biodiversidad a través de una resolución del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en diciembre de 2020, se autorizó a los organismos de gobierno a coordinar acciones para su control o erradicación, a fin de evitar su expansión.

En este contexto, la Fundación Rewilding Argentina presentó a las autoridades un plan de exterminio en el que destacó los impactos negativos de las especies exóticas sobre las nativas y dio ejemplos de los daños causados por conejos invasores en diferentes partes del mundo.

Los especialistas consultados por DEF cuestionan los argumentos de Rewilding porque, afirman, se asientan en hechos que no están avalados por ningún estudio con rigor científico. Entre otras irregularidades, destacan que no está comprobado que los conejos roben espacios de nidificación a los pingüinos y que no se llevó adelante ninguna investigación para comprobar cómo percola el veneno en el suelo, ya que, aunque las pastillas desaparezcan, hay químicos que persisten en el sustrato y generan daño.

El Plan de Manejo señala que es necesario ejecutar un programa para erradicar especies invasoras en general y, según los expertos, de las varias que existen en la región –por ejemplo, cangrejos y algas–, los conejos resultan los menos problemáticos, ya que están en las islas mar adentro y es imposible que salten al continente.

El problema, dicen, no es solo la falta de certezas sobre la necesidad de implementar acciones de exterminio, sino, en el caso de ser imperioso, quiénes están autorizados a realizarlas. “Los organismos calificados para aplicar cualquier método de control, de ser necesario, pueden ser el Conicet, las agencias gubernamentales o autorizadas por el gobierno. Dicho de otro modo, no puede quedar en manos de un privado o una ONG, salvo que sea determinado por el Estado y bajo su supervisión”, afirman. E insisten en que “una ONG no es una institución académica reconocida, es fundamental someter el proyecto a una consulta externa, y con más razón si el método empleado es el veneno”.

Además del accionar de la Fundación, un tema no menor por analizar es el rol del Estado a la hora de otorgar los permisos.

El rodenticida que fue esparcido por la isla en una cantidad desproporcionada es altamente letal y tiene un efecto residual de alrededor de seis meses en los órganos y tejidos de los animales muertos, hecho que representa un alto riesgo para otras especies de aves nativas y carroñeras.

Según los especialistas, hay registros de mortalidad en especies que no fueron blanco del veneno. Y cuentan que, en 2022, una estudiante de la facultad y una becaria del Conicet que analizaban el impacto de las especies exóticas visitaron la isla Tova y vieron pastillas de veneno junto a animales muertos: aves, pájaros y pingüinos.

De hecho, en el informe de la Fundación, se reconoce que hay otras especies muertas, como caranchos, chingolos, torcazas, entre otras. “Como no hay un control real de parte del Estado, es imposible saber la gravedad”, se quejan los vecinos. Y lo cierto es que este veneno, por su potencia y duración, está restringido o prohibido en áreas naturales y rurales de varios países, entre ellos los Estados Unidos, pese a lo cual fue utilizado indiscriminadamente en el parque, incluso en nidos de pingüinos.

Según pudo saber DEF, mientras cientos de kilos de veneno se han vertido en las islas a la espera de una resolución, queda en consideración de la Fiscalía la investigación sobre este accionar que pone en duda la ecuación costo-beneficio.