La cuestión de las islas Malvinas es una causa que forma parte de la historia argentina y un reclamo de soberanía que se mantuvo inalterado a lo largo de los años.
Desde el acto de usurpación por parte de la Corona británica, el 3 de enero de 1833, hasta nuestros días, la Cancillería ha protestado ante el Reino Unido y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por lo que respecta una clara vulneración de los derechos soberanos.
De hecho, la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.
Allí se define la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía como “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
En el marco del derecho internacional, en la década del 60 se puso en marcha el proceso de descolonización dentro de las Naciones Unidas. En ese contexto, la resolución 1514, del 16 de diciembre de 1965, reconoció la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar una solución pacífica a la controversia. Desde el fin del conflicto del Atlántico Sur, en 1982, el gobierno británico se ha negado sistemáticamente a regresar a la mesa de negociaciones, en una clara violación de la resolución de la ONU.
La descolonización y los antecedentes históricos del reclamo argentino
Volvamos, por un momento, al principio: ¿cómo actuó la Argentina desde el momento mismo de la ocupación británica? El 16 de enero de 1833, apenas trece días después de los hechos, tuvo lugar el pedido de explicaciones al encargado de Negocios del Reino Unido por parte de Manuel Vicente Maza, ministro de Gracia y Justicia de la Provincia de Buenos Aires y quien tenía a su cargo el Departamento de Relaciones Exteriores de la Argentina. Allí, el representante de nuestro país protestaba por la ocupación de la isla Soledad y el enarbolamiento del pabellón inglés, actos que “abiertamente comprometen los derechos de la República Argentina”.
José María Ruda, el diplomático que llevó el reclamo argentino a la ONU
En su célebre alegato de 1964, el diplomático argentino José María Ruda recordó que hasta su usurpación, las islas estaban gobernadas por autoridades argentinas y ocupadas por población argentina. “Estas autoridades y pobladores fueron despojados por la violencia, no permitiéndose su permanencia en el territorio”, agregaba el delegado argentino ante el subcomité especial de la ONU encargado del tema.
Ese desalojo por la fuerza de la población argentina, que residía en el territorio en 1833, hace que no resulte aplicable a Malvinas el principio de “libre determinación de los pueblos”, pues no existe en las islas una población sojuzgada ni sometida al colonialismo. Con esa motivación, señaló Ruda, tal principio no podía ser legítimamente utilizado para “transformar una posesión ilegítima en una soberanía plena, bajo el manto de protección que le darían las Naciones Unidas”.
A la luz de estos antecedentes, Argentina rechazó de manera contundente los resultados del referéndum convocado el 10 y 11 de marzo de 2013 por las autoridades ilegítimas del archipiélago, en el que el 99,83% de los isleños manifestaron su voluntad de mantener el estatus de las islas como territorio de ultramar del Reino Unido.
El caso de las islas Chagos, un antecedente favorable para la Argentina
En el plano jurídico, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el archipiélago de Chagos, emitida el 5 de febrero de 2020, podría jugar a favor de la Argentina. ¿Por qué? En 1965, sus habitantes fueron expulsados del territorio por el Reino Unido, la entonces potencia colonial, que decidió crear una nueva administración colonial y arrendar la mayor de esas islas, Diego García, a EE.UU. para el establecimiento de una base militar en esa zona del océano Índico.
La República de Mauricio alcanzó su independencia del Reino Unido en 1968, pero sin la soberanía sobre Chagos, que se mantuvo bajo control británico. Fue su gobierno el que planteó el recurso ante la Asamblea General de la ONU, que sometió la controversia a la CIJ. A partir de esta opinión consultiva, el gobierno de Mauricio reclamó que el Reino Unido pusiera fin a su ocupación ilegal de Chagos y permitiera el regreso de la población autóctona al territorio del que fueron expulsados hace casi 40 años.
Esta opinión consultiva tiene relevancia para Malvinas por tratarse de una situación similar de desmembramiento territorial y de expulsión de la población local.
La CIJ concluyó que la persistencia de la administración colonial británica sobre el archipiélago constituye un “hecho ilícito” al que se debe poner fin.
Además, entendió que el principio de la libre determinación no era aplicable a este tipo de situaciones coloniales, pues la población original había sido desterrada, tal como sucedió con las islas Malvinas.