De origen estadounidense, Douglas Farah comenzó su carrera como periodista especializado en defensa y seguridad, y actualmente se dedica a la consultoría e investigación. En esta entrevista con DEF, el autor analiza la expansión de las organizaciones criminales internacionales que operan en la región, y la dinámica ideológica estatal.
-¿Qué aspectos son los más relevantes en cuanto a seguridad a nivel regional?
-La región está en un punto de inflexión muy grave en este momento, en el que las fuerzas democráticas, sean de izquierda o de derecha, están en un retroceso muy fuerte y el estado de derecho está vulnerable en casi todo el continente. Entre las amenazas que vemos a corto o mediano plazo está el crecimiento del cartel Jalisco Nueva Generación, en México, porque ya se han extendido a América del Sur y ha ampliado su accionar más allá del narcotráfico a nuevas esferas, como el contrabando de productos farmacéuticos y de otro tipo de bienes. Además, apoyan directamente a ciertos grupos armados en Venezuela, Colombia, Ecuador. El crecimiento de grupos de delito organizado extrarregionales en el continente, especialmente en Ecuador –dónde hay grupos de Turquía, de Kosovo, de Europa Oriental y de la ex Unión Soviética–, es muy peligroso. Traen no solo sus nuevos mercados, sino nuevas tecnologías, nuevas formas de violencia y nuevas formas de lavar dinero.
-¿Cómo se dio este cambio?
-Hay un aprendizaje de los grupos locales, colombianos, mexicanos, entre otros, que, con nuevos sistemas, se han expandido y logrado evadir su detección. Crecieron de una manera muy rápida, como nunca se vio en el hemisferio. La mara Salvatrucha MS-13, en Centroamérica, y el PCC, en Brasil, son solo algunos de los ejemplos de grupos de crimen transnacional que han sido subestimados. Especialmente el PCC, que, además de en su país, actúa en Paraguay, Argentina, Europa y África, donde controlan puertos muy importantes. De la misma manera, el grupo Salvatrucha MS-13 controla muchas rutas en Centroamérica. Ya no se puede hablar de maras y pandillas, son verdaderamente un grupo de crimen transnacional. Uno no puede atacar a estas organizaciones sin atacar sectores muy amplios de la sociedad, especialmente de ingresos bajos, porque estos se instalan dentro de las comunidades y se convierten en grupos legítimos.
-¿Qué es lo que facilita esta transformación?
-Creo que hay varios factores. Primero, que es parte de la cultura de la globalización, un proceso que se lanzó hace 30 años y que también impacta en el mundo ilegal. Además, China llegó con fuerza a la región, con prácticas que fomentan la corrupción. Eso debilita las frágiles instituciones que ya existían en estos países sin que haya tampoco una opción de parte de Estados Unidos, ni de la Unión Europea y demás. Vemos que los chinos han entrado a Argentina para el uso de estaciones satelitales en la Patagonia y con una propuesta para puertos en Ushuaia, pero no hay ninguna transferencia. Nadie sabe cuánto se pagó, ni cuánto adquirieron, ni quién pagó, ni cuáles son los términos, porque todo está reservado y oculto. Estamos en una situación en donde hay millones de dólares circulando sin conocimiento y esto mismo se ve en toda la región.
-¿Cuáles son los grandes problemas que se avecinan en los próximos años?
-Yo diría que, tal vez, lo más peligroso a largo plazo es lo que yo describo como el “autoritarismo ideológicamente agnóstico” en toda la región. Hay grupos que ya no son ni de derecha ni de izquierda. Un ejemplo es el de Nayib Bukele, en El Salvador, que no se reduce nada más al “bukelismo”, sino que presenta alianzas estratégicas muy fuertes entre el estado salvadoreño y grupos criminales. Lo mismo pasa con Ortega y algunos gobernadores provinciales en Argentina. Obviamente, el ejemplo más grande es Venezuela, que es un estado totalmente criminalizado, con cierta ideología. Pero preocupa el crecimiento de los grupos que ya no tienen ideología –como en Bolivia, Nicaragua y ahora con el nuevo fenómeno de grupos en El Salvador– y que simplemente son autoritarios. Quieren ser dictadores, quieren seguir el camino de Ortega, pero solo por el dinero y las alianzas estratégicas. Yo creo que en el hemisferio eso es sumamente grave.
-¿Qué rol deberían asumir las instituciones gubernamentales?
-Primero, yo creo que los estados deben adquirir legitimidad otra vez. Por dar un ejemplo, la Mara Salvatrucha tiene un sistema de justicia en cada barrio que controla: el jefe de la pandilla va el lunes y viernes y, si hay casos de robo o cualquier otro inconveniente, lo resuelve. Ellos definen la justicia y la condena en ese mismo momento. Esto les da mucha legitimidad, porque, aunque no sea una justicia perfecta, es más efectiva que la del Estado.
-¿Sabe de otras acciones en las comunidades para construir legitimidad?
-Sí, también brindan servicios sociales a las comunidades, por ejemplo, dan almuerzos a los niños en edad escolar, crean puestos de empleo. Son muchas cosas que el gobierno jamás ha hecho. Entonces, si bien son muy oscuros y violentos, están haciendo muchas cosas por las comunidades. El Estado tiene que entrar sin corrupción, con una justicia que sea competente, para que la gente vea que el Estado puede actuar de una manera eficiente. Aun así, es una solución muy compleja, a largo plazo y con recursos. Esos son los aspectos que los gobiernos no quieren o no pueden aportar para combatir o revertir estas circunstancias.
-¿Cómo se podría empezar a pensar en una solución?
-Yo creo que, por ejemplo, las drogas ganaron la guerra. Entonces, hay que reconocer que, después de cincuenta años, es un fracaso la campaña que se hizo para combatirla. Hay que repensar todo eso. Es muy difícil cuando en muchos países hay corrupción, porque si uno ataca la corrupción, ataca al narcotráfico. También ataca la ineficiencia de los sistemas judiciales y la falta de legitimidad de los gobiernos. La única solución es encontrar una agenda en común con la que los países puedan trabajar en conjunto con Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Porque el modelo a seguir para los estados tampoco es el de Bukele, que arresta a 65.000 personas sin proceso, las tira en una cárcel y listo. Aunque sea muy atractivo, porque la gente está muy frustrada con la ineficiencia del Estado, no es una solución.
-¿Cómo podrían aplicarse más marcos regulatorios?
-Eso depende de cada estado. Algunos aceptan estas corrupciones de otros actores cuando se dan esas circunstancias. El litio en Argentina está bajo el control de gobernadores en las provincias del Norte y no hay ninguna transparencia de dónde entran y salen los chinos. Es un caso contrario al de Chile, donde declararon al litio como mineral estratégico y cuenta con muchas reglas sobre quién puede entrar al negocio, cumpliendo ciertos requisitos. Es mucho más accesible y transparente. Se pueden hacer las cosas de otra manera. No es necesario ocultar toda la información pública o dejar que los chinos o cualquier competencia entre de manera desleal y oscura. Ese es el problema, no es por la participación de China per se, sino que no hay ningún control sobre lo qué está pasando ni por qué.