Hace 17 años, el diplomático guatemalteco Gabriel Aguilera Peralta publicó un artículo en la revista Nueva Sociedad, titulado “De espaldas al dragón. Las relaciones de Centroamérica con Taiwán”. En ese momento, un bloque mayoritario de países del istmo centroamericano mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán y el ascenso de la República Popular China no parecía hacer mella en esos históricos vínculos. En junio de 2006, tal como señalaba este avezado embajador, 11 de los 22 países que reconocían a Taiwán en el mundo estaban ubicados en América Central y el Caribe.
La situación cambió drásticamente durante las siguientes dos décadas. Uno tras otro, los países centroamericanos comenzaron a dar la espalda a Taipéi. El primero fue Costa Rica, cuando en junio de 2007, su entonces presidente Oscar Arias comunicó la decisión y dijo que, de esa forma, se reajustaban “sus relaciones diplomáticas a la realidad contemporánea”. En agosto de 2011, durante la presidencia de su sucesora Laura Chinchilla, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. El intercambio bilateral se incrementó en la siguiente década a un ritmo del 9 % anual, al pasar de 1483 millones de dólares en 2012 a 3246 millones en 2021.
INVERSIONES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS
La situación se mantuvo relativamente estable durante diez años, hasta que, en junio de 2017, Panamá rompió sus vínculos con Taiwán y se abrazó al gigante asiático. Le siguieron, en cascada, otros cuatro vecinos de la región: República Dominicana (2018), El Salvador (2018), Nicaragua (2021) y Honduras (2023). Hoy, los únicos dos países del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) que mantienen el reconocimiento diplomático a Taiwán son Guatemala y Belice. A ellos se suman, en el contexto regional, Haití y los archipiélagos caribeños de San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, además de Paraguay como único socio de Taipéi en Sudamérica.
Consultado por DEF, Gabriel Aguilera Peralta explicó este cambio de época en “la percepción del atractivo de la República Popular de China como inversor y el atractivo de su mercado para las exportaciones de los países centroamericanos”. Además, añadió, todo esto se da en el marco de “la desaparición de los condicionantes de la Guerra Fría”. Recordó que, durante esa etapa de la historia, “un factor que contribuyó a mantener la relación de Centroamérica con Taiwán fue la influencia de EE. UU. en las agendas de política exterior de los países del istmo”.
“El debilitamiento de la ideología anticomunista redujo la resistencia al reconocimiento de la República Popular China y generó que la relación se analizara en términos de beneficios económico-comerciales en la mayoría de los países centroamericanos”, destaca Aguilera Peralta, quien señala la única salvedad de Nicaragua, cuya “cercanía ideológica” con Pekín también pesó en la decisión final.
“Aunque la relación con Washington sigue siendo la principal para todos los países de la región, con excepción de Nicaragua, la mayor autonomía que han tomado en materia de política exterior, en el marco de los cambios que están sucediendo en el sistema internacional, permitió que pequeños actores como los países del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) decidieran en base a sus intereses nacionales”, destacó el diplomático.
PANAMÁ, UN CASO TESTIGO
En concreto, ¿cuáles fueron los beneficios que obtuvo un país clave de la región, Panamá, ubicado estratégicamente y apetito de las ambiciones de Pekín, en el marco de su “Ruta de la Seda Marítima”? En octubre de 2017, poco después del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, el país inició la construcción de su primer puerto de cruceros en el Pacífico. La obra, ubicada en la isla Perico y próxima a la vía interoceánica, está a cargo del consorcio Cruceros del Pacífico, integrado por la belga Jan de Nul y la China Harbour Engineering Company (CHEC).
En julio de 2018, un consorcio enteramente chino, conformado por la propia CHEC y la China Communications Construction Company (CCCC), se adjudicó la realización de la obra del cuarto puente sobre el canal de Panamá. La obra estuvo detenida desde 2020 por problemas de financiamiento y cambios en el diseño. Finalmente, en marzo de este año, se firmó una adenda al contrato para retomar la megaobra de infraestructura. Se estima que el nuevo puente aliviará el congestionado tráfico de la capital panameña agilizando, según los cálculos gubernamentales, el movimiento diario de 70.000 vehículos y beneficiando a 1,7 millones de personas.
También está en curso la negociación de un tratado de libre comercio entre la República Popular China y el gobierno panameño. En mayo pasado, en declaraciones a BBC Mundo, el vicepresidente del Council of the Americas, Eric Farnsworth, transmitía la preocupación de Washington por el avance del gigante asiático en este país centroamericano: “El canal es un activo estratégico que China quiere aprovechar para construir su propio perfil en la región. El cambio de reconocimiento de Panamá hacia Taipéi aceleró estos esfuerzos”.
EE. UU. Y EL AVANCE DE PEKÍN
La intranquilidad de EE. UU. ante el avance de Pekín en su patio trasero es evidente. El respaldo de Washington a Taiwán, que se expresó en visitas de Estado, como la de Nancy Pelosi a Taipéi en 2022, no impide que nada haya cambiado en cuanto a la “ambigüedad estratégica” de EE. UU. respecto de la cuestión de la soberanía sobre esa isla desde el acercamiento a Pekín iniciado por Richard Nixon en 1972 y el reconocimiento diplomático de la República Popular China por parte de Jimmy Carter en 1979. Sin embargo, la acentuación de la disputa geopolítica con el gigante asiático, particularmente a partir del gobierno de Donald Trump, ha llevado la tensión a niveles inéditos en las últimas cuatro décadas, y ningún rincón del mundo es ajeno a esa puja geopolítica.
De todos modos, tal como subrayó el embajador Gabriel Aguilera Peralta al ser consultado por DEF: “Las rupturas de los países centroamericanos con Taiwán no han provocado, hasta ahora, cambios sustanciales en las agendas bilaterales con Washington”. Recordó que en los primeros casos, el gobierno estadounidense expresó su desacuerdo con el llamado a consultas de sus embajadores y jefes de misión, como ocurrió con Panamá, República Dominicana y El Salvador en 2018. “Sin embargo, posteriormente, solo ha habido expresiones diplomáticas de desacuerdo”, concluyó el diplomático.
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