El 9 de mayo de 2015, la población de Rufino, una localidad del sudoeste santafesino, se vio conmovida por la desaparición de Chiara Páez. La joven, de 14 años, había sido vista por última vez alrededor de la una y media de la madrugada, en las inmediaciones de la escuela de Educación Técnica N.º 286, cuando iba a encontrarse con unas amigas. Poco antes de la hora acordada, ellas recibieron un mensaje desde el celular de Chiara cancelando esa reunión.
A las tres de la mañana, la madre recibió un llamado del novio, Manuel Mansilla, que según le dijo habían mantenido una discusión. En su versión, que finalmente demostró ser falsa, él se fue y Chiara quedó en una esquina. En las siguientes horas, los familiares y allegados, junto con la policía y los bomberos, buscaron infructuosamente a la adolescente por toda la zona.
EL MACABRO HALLAZGO
Mientras se realizaban rastrillajes para dar con su paradero, en la casa de novio, que tenía entonces 16 años, se realizaba un asado. Lo que todos desconocían era que, a pocos metros de allí, se encontraba el cuerpo de Chiara.
El cadáver fue localizado en el patio de esa casa, enterrado en un pozo de un metro de diámetro y 88 centímetros de profundidad. La tierra estaba rastrillada y bien apisonada. El cuerpo apareció en posición fetal y, según la autopsia, Chiara fue asesinada a golpes la noche de la supuesta discusión y habría sido forzada a ingerir Oxaprost, una droga que suele ser utilizada para abortar.
Según consta en el expediente, Manuel le aplicó un corte de seis centímetros en el lado izquierdo del cuello con un cuchillo. Luego, tal como se reconstruyó en las actas del proceso, “la tomó, con una mano, del cuello, y con otra mano, de la cabeza, y comenzó a golpearla contra el suelo y contra la mesa de trabajo del galpón. Así, hasta que la chica dejó de mover sus piernas”.
LA POLÉMICA CONDENA
En 2017, Manuel Mansilla, fue condenado a 21 años y 6 meses bajo la nueva figura legal de femicidio incorporada al Código Penal en 2012. Posteriormente, en 2021, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le rebajó la pena a 15 años.
El máximo tribunal provincial consideró que el caso debía ser tratado bajo los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil. El fallo acogió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensora de menores, Gabriela Del Castillo, quien cuestionó la confirmación de la condena a Mansilla por parte de la Cámara Penal de Rosario.
Esta polémica decisión provocó el repudio de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el caso cambió para siempre la mirada sobre la violencia de género.
“NI UNA MENOS”
El femicidio de Chiara Páez fue el detonante del movimiento “Ni una Menos”. La primera marcha fue el 3 de junio de 2015 en ochenta ciudades de Argentina. La concentración principal fue en la plaza del Congreso y reunió a unas 300.000 personas.
El movimiento “Ni una Menos” puso los femicidios en la agenda pública y logró que el estado por primera vez difundiese estadísticas públicas y ampliase mecanismos de prevención y ayuda a las víctimas de este tipo de hechos.
En 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó el registro nacional de femicidios.
El número de víctimas no ha disminuido. Según estadísticas oficiales, en 2022 se cometieron 242. Es decir, una mujer fue asesinada cada 36 horas por violencia de género.
El 83% de las víctimas de femicidio conocía al femicida y, de ellas, el 73% tenía un vínculo de pareja, expareja, noviazgo u otro tipo de relación afectiva con el femicida. Entre los rangos etarios, se descubrió que el 48% del total de las víctimas tenían entre 18 y 40 años.
“Ni una Menos” nació del hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el femicidio. Esa misma consigna se extendió a otros países de América Latina como Uruguay, Chile, Brasil, México y Perú. Y llegó incluso a España.
La sociedad tomó conciencia de la gravedad del tema, pero todavía queda mucho por hacer y los mecanismos de contención a las víctimas siguen siendo deficientes. Sus familias siguen exigiendo justicia.
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