Catherine Rossi, jurista francocanadiense: “En un homicidio, la víctima es la comunidad en su conjunto”

Todo asesinato provoca, inevitablemente, secuelas en los seres queridos y en el círculo más cercano a la víctima.”La pérdida de un ser querido es la experiencia más horrible e inconcebible que una persona puede sufrir”, afirma Catherine Rossi, autora del libro Homicidio: el círculo íntimo de las víctimas, cuya versión en español acaba de ser publicada por Editorial Taeda. “Todos los países deberían sentir vergüenza por perder familias, trabajadores, mujeres y niños en homicidios”, añade, al tiempo que asegura que la cuestión no puede circunscribirse al Derecho Penal, pues se trata de “un problema social y afecta a la comunidad en su conjunto”.

A juicio de esta experta, las respuestas institucionales aún son insuficientes. En las conclusiones de su obra, afirma: “En la actualidad, los recursos ofrecidos a los familiares de víctimas de homicidios, definidos en términos de intervención, reparación, reconocimiento o alivio, se centran desafortunadamente en las respuestas penales y clínicas”. Desde su punto de vista, se necesitan “mecanismos de reparación colectivos y sociales, totalmente ignorados en la actualidad”.

En diálogo con DEF, la docente e investigadora de la Universidad Laval de Quebec (Canadá) abordó los alcances de su investigación y brindó una serie de propuestas para mejorar el abordaje que se da a un tema de gran actualidad en nuestro país.

ORFANDAD PROCESAL, REVICTIMIZACIÓN E IMPACTO SOCIAL

-En el prólogo del libro, Diana Cohen Agrest habla de “orfandad procesal” para referirse a la situación de los familiares de víctimas de homicidio frente al sistema penal. ¿Por qué se produce este abandono de parte de la Justicia?

-En el Derecho Civil, cuando alguien muere, sus familiares heredan su patrimonio y pueden ejercer ciertos derechos. En el Derecho Penal, cuando se produce un crimen, en algunos países las víctimas tienen ciertos derechos, como los de participar del proceso y tener un abogado que las represente. Sin embargo, los familiares de las víctimas –las covíctimas o “víctimas indirectas”– quedan en una especie de vacío. En principio, ellas no han sido directamente afectadas por el crimen y, en algunos casos, ni siquiera estuvieron presentes en la escena del crimen. Por lo tanto, no son consideradas verdaderas víctimas, al no haber sufrido un daño directo. Si no se encontraban en la escena del crimen, tampoco pueden ser testigos ante los tribunales. En ciertos sistemas judiciales, se los convoca para colaborar en las pruebas y para reunir información sobre las víctimas. En líneas generales, estas personas tienen muy pocos derechos y ese es un problema realmente grave.

-En su libro se utiliza el término “revictimización” y se menciona el sentimiento de soledad de los familiares de las víctimas de homicidios frente al abandono de la Justicia. ¿Cuál debería ser el lugar de las familias en el proceso penal?

-La experiencia es muy diferente dependiendo del país. En Francia, por ejemplo, las víctimas y las covíctimas son parte civil en el proceso y tienen derecho a recibir una compensación económica. En Québec (Canadá), al contrario, no tienen derecho a ser escuchadas en el proceso y, muchas veces, solo se limitan a participar en el público en el debate oral del proceso. Luego del proceso, tienen derecho a pedir medidas de seguridad, a solicitar protección y a presentarse en nombre de la víctima invocando sus derechos, cuando se trata de la rehabilitación de quien perpetró el crimen o de solicitar que el asesino sea mantenido en prisión. Sin embargo, lo realmente importante para los familiares de víctimas es ser considerados y ser tratados realmente como “víctimas”. Ellos sufren un doble impacto: por un lado, sufren la pérdida de un ser querido, que es el peor duelo que un ser humano debe transitar; y, al mismo tiempo, tienen la responsabilidad de representarlo y ser garantes de su memoria y de su honor.

-En las entrevistas que realizó para su investigación, surge el sentimiento de culpa y, en algunos casos, la necesidad de revancha de las familias de los deudos. ¿Cuáles son las consecuencias que generan los homicidios en ellas?

-Toda covíctima sufre consecuencias. Algunas padecen enfermedades, problemas físicos y de salud como consecuencia de la pérdida de su ser querido. Otros familiares sufren enormes consecuencias psicológicas: culpa, enojo e impotencia. Muchos entran en depresión o sufren estrés postraumático. Los homicidios tienen también consecuencias financieras por los enormes gastos que generan. En algunos casos, los miembros de esas familias dejan de trabajar o pierden sus trabajos. También se producen consecuencias sociales, que repercuten en las comunidades donde vivían las víctimas. Muchos vecinos deciden abandonar los barrios porque no se sienten seguros. Las soluciones, a nivel estatal, suelen concentrarse en la asistencia psicológica o en el aspecto procesal. Sin embargo, lo más importante es el aspecto social y cómo se ven afectadas las comunidades. En un homicidio, la víctima es la comunidad en su conjunto. En muchos países, se cree que una vez que se condena al homicida ya no queda nada más por hacer. Por el contrario, hay que seguir trabajando con las comunidades.

LA COMPENSACIÓN POR EL DAÑO SUFRIDO Y LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

-En Quebec, tal como señala usted en su libro, hubo 1996 un proceso conocido como “caso Gosset” que sentó jurisprudencia respecto del daño moral sufrido por los familiares de víctimas de homicidios. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento?

-La cuestión por resolver era la compensación financiera en casos de homicidios. La compensación del sufrimiento de las covíctimas, conocido como solatium doloris, era un tabú. Hasta ese momento, las familias no recibían ninguna compensación y para ellas era muy difícil hacer el reclamo ante los Tribunales. Ningún padre y ninguna madre está en condiciones de ponerle un precio a la vida de un hijo asesinado. En ocasiones, el hijo muere en su propio hogar y los padres ya no pueden seguir viviendo allí y deben mudarse a otra ciudad y dejar su trabajo. El caso Gosset sentó jurisprudencia en Quebec, aunque debo aclarar que se tramitó en el fuero civil y no fue un caso ante la Justicia Penal. Aún hoy, las personas tienen que seguir accionando ante un tribunal civil. Todavía es insuficiente.

-¿Cómo se define quién debe pagar la compensación a los familiares de las víctimas?

-Muchas veces, el homicida no está en condiciones porque su situación económica hace imposible que pueda hacerse cargo de la compensación. Por lo tanto, la compensación debe venir necesariamente del Estado. Y, en general, el Estado no siempre está en condiciones de hacerlo. Yo creo que no es justificación porque siempre que hay un homicidio, hay muchos gastos en términos de salud y otro tipo de gastos que impactan en la familia y en las covíctimas, en los empleadores o en las escuelas y los compañeros de curso en el caso de niños y jóvenes estudiantes. Yo creo que deberíamos crear un mecanismo similar a lo que existe en Francia: un fondo de compensación. No es perfecto, pero es un avance. Debería ser una prioridad nacional, en particular en países como Argentina, donde el número de homicidios es mayor. No sé si el dinero es la solución, pero es necesario algún tipo de ayuda comunitaria.

-¿Qué podría decirnos de la experiencia de Quebec con la Indemnización a las Víctimas de Actos Criminales (IVAC)?

-El sistema legal canadiense es complejo porque existen normas a nivel federal y otras a nivel provincial. Por ejemplo, la legislación penal es de nivel federal. En cambio, el Derecho Civil es provincial. Las compensaciones de la IVAC son de nivel provincial en Quebec. Cuando yo inicié mi investigación, la ley era la misma que la que teníamos desde 1972. Había sido creada para compensar las pérdidas inmediatas de las familias que habían perdido al sostén del hogar y hacían referencia a su salario. Sin embargo, no contemplaba el solarium doloris, el dolor y el costo del sufrimiento de los familiares, del que ya hablamos. Cuando inicié mi investigación, lo único que podía obtener una familia eran 600 dólares canadienses para los gastos de los funerales y, a veces, compensaciones por pérdidas materiales. Eso implicaba una revictimización de las familias. Fue muy difícil modificarla, pero entre 2021 y 2022 la ley –la LIVAC– fue totalmente modificada y mejorada. Ha habido progresos, pero todavía no es perfecta.

-¿Cómo funcionan los Centros de Asistencia a las Víctimas de Actos Criminales (CAVAC) en Québec?

-Los CAVAC son un buen sistema y mejoraron mucho desde que comencé mi investigación. Son centros de ayuda y asistencia a las víctimas y covíctimas, que pueden mantener su anonimato. Les explican a las víctimas cuáles son sus derechos y cómo recurrir a los tribunales para obtener una compensación. Sin embargo, no son parte del sistema del sistema judicial y funcionan solo como un soporte para las víctimas y sus allegados. Ayudan mucho, pero no son perfectos. Pueden servir para apoyar a las víctimas, pero no son suficientes.

EL LUGAR DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA

-¿Cómo funcionan en Quebec las organizaciones de la sociedad civil en este tipo de casos?

-Existen distintas organizaciones de familiares. La más importante es la Asociación de Familias de Personas Asesinadas o Desaparecidas (AFPAD), que cumple una función similar a la Usina de Justicia en la Argentina. Contactan y ayudan a familiares de víctimas, proponen cambios en la legislación y trabajan con personalidades políticas, legisladores e investigadores académicos. Muchas veces, el sufrimiento que viven las familias hace que no tengan las fuerzas suficientes para seguir adelante después del homicidio. No siempre los medios prestan una atención cotidiana a estos casos. Tampoco son una prioridad para los gobiernos. Una de las personas que entrevisté me dijo que nadie entendía realmente lo que les pasaba a las familias y que ellas no podían esperar que alguien importante perdiera a un miembro de su familia para que la opinión pública tomara conciencia. Es mucho más importante hacerse cargo de la situación de las víctimas y sus familias que penalizar al asesino. Por supuesto que hay que penalizar al culpable, pero también la situación de los supervivientes y de las familias de las víctimas debería ser prioritaria.

-¿Usted tiene una posición tomada sobre la edad de imputabilidad de los menores, un tema muy debatido en la Argentina y sobre el que no existe consenso en la sociedad?

-No puedo opinar sobre la situación en la Argentina porque no la conozco en profundidad. Lo que sí puedo decir es que nadie nace “asesino” y, muchas veces, los jóvenes de entre 10 y 18 años que cometen estos crímenes tratan de defenderse de anteriores victimizaciones que sufrieron en su vida. En mi experiencia visitando las cárceles, nunca conocí una persona violenta que no hubiera sido una víctima ella misma. Muchas veces, tienen tanto odio encima que el Estado llega muy tarde. La mayor prevención es hacernos cargo de estas personas antes de que entren en el mundo del crimen.

-Usted ha reflexionado también sobre la justicia restaurativa. ¿Podría explicarnos de qué se trata y en qué casos podría ser aplicable?

-Hay muchas maneras de encarar sistemas de justicia restaurativa. Muchas veces, la gente piensa que se trata de un perdón o de reconciliación, algo que sería imposible en casos de homicidios. Son modelos que deben nacer de las sociedad y de las comunidades. Hemos trabajando en modelos de justicia restaurativa que no implican que víctimas y victimarios deban reunirse. Se trata de que las víctimas obtengan respuestas a sus preguntas y, muchas veces, la única persona que puede brindar esas respuestas es el asesino o el criminal. El objetivo de la justicia restaurativa es instaurar un diálogo y escuchar a las comunidades. Ahora bien, en casos de homicidios y crímenes violentos, el Estado tiene una enorme responsabilidad y no puede esconderse detrás de la justicia restaurativa. En algunos países, sin embargo, el sistema judicial es corrupto o está totalmente colapsado y este es el único camino para lograr algún tipo de justicia. No es la solución, sino tan solo un camino adicional que no reemplaza ni sustituye al sistema judicial.

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