En marzo de 2022, después de un fin de semana fatal que incluyó 87 homicidios, El Salvador dio un giro en política de seguridad. Menos derechos ciudadanos y mayores atribuciones a las fuerzas policiales fueron tan solo el inicio de un proceso que bajó las tasas de criminalidad, pero que todavía es duramente cuestionado.
En las últimas semanas, el presidente Nayib Bukele mostró al mundo una prisión para 40.000 reclusos y el debate se instaló en la sociedad salvadoreña y en el mundo. En este informe, nos preguntamos, ¿qué se esconde detrás de la megacárcel de El Salvador?
Cuatro décadas de violencia
El país vive tiempos violentos desde hace más de cuatro décadas. Una guerra civil de doce años y sucesivas crisis políticas, sumadas a una profunda desigualdad social, dieron como resultado treinta años de proliferación de pandillas.
En 2015, El Salvador fue el país más peligroso del mundo que, sin estar en guerra, registró una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, desde 2016 en adelante, la tendencia a la baja de homicidios fue una constante y, mientras desde el gobierno hablaban de una política efectiva en este tema, otros lo atribuyeron más a una decisión de las pandillas o un pacto con ellas que a la acción gubernamental.
En 2020, y con elecciones de por medio, el entonces alcalde de la capital, Nayib Bukele, llegó a la presidencia prometiendo más seguridad ciudadana. Pese a que se dictaron medidas, extraoficialmente se habló de un pacto con las maras MS13 y Barrio 18 con el objetivo de mantener la tendencia criminal a la baja y de garantizar su propia gobernabilidad.
Sin embargo, en 2022, ese pacto se rompió y, entre el 25 y el 27 de marzo de ese año, se cometieron 87 homicidios en las calles de El Salvador. Como respuesta, Bukele dictaminó un régimen de excepción en todo el territorio.
El sistema que limita los derechos de la ciudadanía y que otorga un poder excepcional a las fuerzas de seguridad de ese país. Ya lleva un año y, según cifras oficiales, en ese lapso se detuvo a más de 61.000 presuntos pandilleros.
En el marco de ese régimen que, según el gobierno, intenta llevar la tasa de delitos a cero y que los opositores denuncian como una afrenta a los derechos humanos, nació la controvertida idea del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la famosa megacárcel.
Aspectos y características de la cárcel
La prisión está ubicada unos 74 kilómetros al sureste de la capital salvadoreña, en el municipio de Tecoluca, en una zona rural aislada y, según las autoridades, sus dimensiones -116 hectáreas- la convierten en la cárcel más grande de América.
Con capacidad para 40.000 reclusos, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es custodiado por 19 torres de vigilancia, más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil.
En el terreno, se construyeron ocho pabellones rodeados por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión. Además, el predio se encuentra protegido por cercos electrificados.
Antes de ingresar a la prisión, tanto prisioneros como trabajadores del servicio penitenciario deben someterse a un escáner corporal para registrar hasta el más mínimo de los movimientos.
Los presos solo cuentan con dos comidas diarias y, según Bukele, no tendrán ningún contacto con el exterior. Para sus audiencias con los tribunales, saldrán de sus celdas para ir a un salón especial donde mantendrán una videollamada.
El pasado 24 de febrero, llegaron a la prisión los primeros 2000 pandilleros. El evento fue transmitido en vivo para todo el país y compartido para el resto de la prensa internacional.
Los puntos más polémicos
Las imágenes de la apertura del CECOT son impactantes: miles de pandilleros, con la cabeza rapada y el torso tatuado y desnudo, son custodiados y trasladados, mediante un fuerte operativo de seguridad, a la megacárcel.
Ese mismo día, en Twitter, Bukele afirmaba que los presos vivirían en esa nueva prisión por décadas, sin poder hacerle más daño a la población salvadoreña. Sin embargo, el régimen de excepción y la megacárcel cuentan con varios aspectos polémicos.
Mientras muchos afirman que la política de shock de Bukele dio resultado y que los números lo respaldan, otros mencionan las reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Con acusaciones que van desde detenciones arbitrarias hasta tortura por parte de la autoridad policial, organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron a El Salvador por sus prácticas.
A mediados de noviembre de 2022, familiares de víctimas y de personas detenidas injustamente se manifestaron en las calles y acusaron al gobierno por degradación a la salud, muerte y lesiones graves. Hasta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo un cruce vía redes sociales, en el que cuestionaba la efectividad del método Bukele.
¿El régimen de excepción y la megacárcel son la solución al clima de violencia que se vive en buena parte de América Latina? Muchos analistas se preguntan si no se trata, más bien, de una decisión efectista que no resuelve el problema de fondo de la inseguridad en el país.
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