Talleres clandestinos: entre la moda y la ilegalidad, una de las formas de esclavitud en el siglo XXI

La historia de los talleres clandestinos tiene episodios marcadamente crueles. Podemos citar, entre ellos, a las mujeres costureras neoyorquinas reprimidas brutalmente por la policía el 8 de marzo de 1857; a las casi 150 trabajadoras que murieron en el incendio de la fábrica de camisas Triangle Waist Co., también de Nueva York, en marzo de 1911; y a las 1130 personas aplastadas en el derrumbe de un edificio de Bangladesh en abril de 2013, donde funcionaban cinco talleres que abastecían a alrededor de 30 marcas internacionales, hechos dramáticos de una actividad delictiva que se replica en todo el mundo.

En la Argentina, no estamos exentos de este flagelo. En la Ciudad de Buenos Aires, a fines de 2002, el problema comenzó a vislumbrarse cuando los vecinos nucleados en la asamblea “20 de diciembre” del barrio de Floresta notaron que, los domingos, el Parque Avellaneda se llenaba de personas, en su mayoría de nacionalidad boliviana, y de camionetas blancas, mientras que en la semana las calles estaban desiertas. “¿Dónde está la gente?” fue la pregunta que se hicieron quienes se convertirían en los fundadores de la cooperativa La Alameda. Cuando los miembros de esa organización se dieron cuenta de que no se trataba de casos aislados, empezaron a descubrir la verdad. A través del relato de quienes se acercaban a charlar con ellos, supieron que el mismo dueño del taller de costura clandestino los llevaba a todos a un momento de recreación y hasta les compraba alguna cerveza. Era el único referente que tenían esas personas explotadas. No conocían a nadie más. A partir de entonces, comenzaron una investigación, que concluyó con que detrás de la fachada de las tranquilas casas de barrio se ocultaban talleres ilegales.

Una situación impensada

Sin embargo, el drama había comenzado mucho antes. “En la década del 90, la mayoría de las empresas del rubro habían cerrado, las fábricas se encontraban desmanteladas y, ante la urgencia de comenzar la producción, surgió esta modalidad de utilizar intermediarios, personas que trabajaban desde sus hogares o lugares que carecían de habilitación. Al no haber mano de obra argentina, empezaron a traerla de los países limítrofes, mayormente de Bolivia y, en menor medida, de Paraguay y Perú”, relata Tamara Rosenberg, integrante del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Aunque comenzaron a surgir en 2000, su masivo crecimiento se dio entre 2004 y 2006, cuando las mismas marcas de ropa armaban talleres en lugares alquilados y operaban con costureros inmigrantes, traídos por sus mismos compatriotas. Para la gente de la cooperativa, esta situación se hizo evidente con solo observar la presencia masiva de trabajadores en el comedor comunitario. “Fue muy duro constatar que, a cuadras de nuestras casas, había personas que padecían esta realidad”, dice Rosenberg, quien también es una de las fundadoras de la cooperativa La Alameda. Y, aunque ya nadie dudaba de lo que estaba ocurriendo, obtener alguna información seguía siendo complejo, ya que “nadie quería hablar”.

En la cooperativa, que está ubicada en avenida Directorio 3998, en el barrio porteño de Parque Avellaneda, siempre había guardias para recibir a quien lo necesitara. Era usual que llegara una mamá golpeada con sus hijos y no dijera qué le había ocurrido. “Darles albergue por unos días era lo único que podíamos hacer. Nos fuimos familiarizando a lo largo de 2005 con la magnitud del problema, después de lograr construir una comunidad afectiva que permitió romper el silencio”.

Un hito en esta historia lamentable fue el incendio ocurrido en 2006, en un taller de la calle Luis Viale, Caballito, donde vivían 65 personas y murieron dos adultos y seis menores, prisioneros de las rejas y candados que les impidieron salir. Ya en 2007, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) lanzó un programa de responsabilidad social compartida, que permitía realizar una auditoría a toda la cadena de producción textil. “Era voluntaria y ninguna marca se adhirió, por lo cual no sirvió de nada”, reconoce Rosenberg.

La técnica del engaño

“La trata tiene diferentes etapas: ofrecimiento, captación, traslado, recepción y, por último, explotación”, detalla la entrevistada. Y explica que, en el caso de los talleres textiles, ante la ausencia de costureros nacionales –ya que durante el menemismo la industria murió, y se perdió el oficio como tantos otros–, los trabajadores eran buscados en los países limítrofes”. Sobre cómo lograban captarlos, relata que los convocaban mediante agencias de empleo, convocatorias por radio, con promesas de buenos salarios, casa, educación, salud y posibilidad de ayudar a la familia. La mayoría ingresaba ilegalmente al país, dinámica que sin dudas exigía una cadena de complicidades.

Esta metodología funcionó hasta que el uso masivo de internet facilitó las cosas. “Ya no fue necesaria la presencia de un reclutador que fuera en busca de los más vulnerables, los acompañara, los instalara en un lugar (sobre todo en la zona de Liniers, Floresta, o Bajo Flores) para dejarlos a merced de quienes los recibían, muchos de los cuales eran miembros de su misma familia. Hoy, es todo más virtual, se ofrece el trabajo, se envía el pasaje, etc.”.

¿Por qué se quedaban? Porque no tenían opción, dinero, documentos e incluso, a veces, ni sabían el idioma –muchos hablaban en lenguas nativas, como el quechua o el aymará–, no conocían las leyes ni sus derechos y, además, vivían amenazados. Eso, en cuanto a los explotadores, pero tampoco se puede obviar la ausencia de controles de parte del Estado. “En el caso de la Ciudad de Buenos Aires –que conozco bien– se veían casas con carteles de venta o alquiler, siempre cerradas, pero en cuyas puertas se amontonaban bolsas repletas de recortes de telas. Si para nosotros era una obviedad que se trataba de talleres ilegales y los denunciábamos, ¿cómo ninguna autoridad los veía?”, plantea. Otro actor que podía intervenir, pero se mantenía al margen, era el sindicato. En el otro extremo de la historia, cuando un costurero lograba escapar e iba a hacer la denuncia, “la policía lo mandaba al Consulado de Bolivia (que funcionaba como un Ministerio de Trabajo trucho), donde se organizaban reuniones entre las partes en las que el trabajador se comprometía a no denunciar y, si insistía, lo repatriaban”.

La tarea no les resultó fácil. “La comunidad boliviana es muy cerrada, y tuvimos atentados de sus organizaciones porque muchos costureros pensaban que, por nuestra culpa, se iban a quedar sin trabajo. Algunos se daban cuenta de la situación y se acercaban a denunciar lo que pasaba, y nosotros, como no existía una ley que tipificara el delito, a través de la Defensoría del Pueblo, hacíamos la denuncia y los asesorábamos”, reconoce la integrante de La Alameda.

Servidumbre por deuda

“La gente estaba como presa. Trabajaba de 7 a 23 y, a fin de mes, cuando debía cobrar su salario, se encontraba con que le descontaban el pasaje, la comida, el alojamiento, etcétera. O sea, no solo no ganaba, sino que incluso debía dinero y tenía que seguir trabajando para pagar la deuda”, detalla la entrevistada. Sin embargo, también existían los casos de trabajadores que decidían irse y, aunque no les pagaran y trataran de impedirlo reteniéndoles hasta sus escasas pertenencias, se escapaban e iban a La Alameda, que había pasado a ser el punto de referencia. “En esas ocasiones, intentábamos hablar con los dueños, en otras, íbamos con una manifestación a la puerta del taller. Hubo casos violentos en que los mismos empleados terminaron agrediendo a quienes protestaban a su favor”. Aunque parezca difícil de entender, muchas veces, pudiendo escapar, las personas elegían quedarse porque se trataba de su única forma de subsistencia. “Incluso, es usual que la víctima no se reconozca como tal porque, al ignorar sus derechos, cree que así es el trabajo”.

El engaño era recurrente y muchos trabajadores caían en él. El tallerista les decía que, en realidad, no era que no les pagaba, sino que les estaba ahorrando el dinero para que en el futuro pudieran comprarse una máquina y poner su propio taller. En otros y ante la amenaza de denuncia, les terminaban pagando con una máquina. “La mayoría de quienes lograban empezar su propia producción replicaban la situación y pasaban de víctima a victimario. Trataban con la misma crueldad a quienes ahora trabajaban para ellos. Cuando uno ve esas situaciones en las que se manifiesta la miseria humana, se plantea a quién hay que responsabilizar, si a la víctima o al sistema que genera estas situaciones”, reflexiona la integrante del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

Enfermedades y muerte

Un tema asociado a la esclavitud laboral es el de las pésimas condiciones ambientales y sanitarias. En el caso de los talleres textiles, hay consenso en cuanto a la precariedad, el hacinamiento y la falta absoluta de seguridad, que atentan contra la dignidad. Son lugares oscuros y sin ventilación, donde los costureros (muchas veces con sus hijos pequeños) trabajan y viven en habitaciones llenas de telas, bolsas con prendas y máquinas de coser, con un solo baño común.

Según una investigación del Conicet, estas condiciones provocan el aumento de casos de tuberculosis y generan otros problemas respiratorios, posturales y visuales. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por su parte, explica que, para no aspirar el polvillo que se desprende al cortar las prendas, es “necesario utilizar barbijos” y también menciona guantes o lentes de protección, entre otros elementos de seguridad que, por supuesto, son inexistentes en estos lugares.

El abuso sexual y las violaciones tampoco son ajenas a estas realidades. A modo de ejemplo, Rosenberg recuerda el caso de una costurera que logró escapar de un taller con su bebé, hijo de la violación de uno de los dueños. Ya a salvo, contó: “No solo nunca durante el embarazo me había hecho un control, sino que el parto había sido en el mismo taller y ni yo ni mi hijo de un año recibimos jamás atención médica”.

Quién es quién

Entre los integrantes de este perverso sistema, hay que diferenciar los costureros, los talleristas (encargados del lugar) y los verdaderos dueños, que responden a conocidas marcas de indumentaria. Antes, se pensaba que los talleres ilegales confeccionaban ropa falsificada a la que le ponían las etiquetas truchas y trabajaban para determinados circuitos, como la feria de La Salada o los locales de la calle Avellaneda en el barrio de Flores. Sin embargo, después se conoció que, para abaratar costos, muchas grandes marcas contrataban la confección en estos lugares clandestinos. Consultada acerca de si existe alguna manera de seguir la trazabilidad de la indumentaria, Tamara es clara: “Hay que ser consciente de que, si la ropa es muy barata, seguro que fue producida en condiciones ilegales, aunque también es cierto que la ropa cara puede provenir de los mismos lugares. Lo positivo es que, aunque sigue habiendo gente a la que no le interesa el tema, el problema se ha puesto en debate en la sociedad”.

Seguir Leyendo: