Rusia y Ucrania llevan adelante una de las guerras más duras del siglo XXI. Combates calle por calle, millones de civiles desplazados, empleo de tropas mercenarias y armas termobáricas y el riesgo de una escalada nuclear hacen de este uno de los conflictos bélicos de mayor tensión global de los últimos años.
Sin embargo, en la guerra no vale todo: mientras Ucrania acusa al gobierno de Rusia de llevar adelante un genocidio en su territorio, 39 países presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional de Roma para que investigue el accionar del ejército ruso y sus jerarcas, y determine si cometieron crímenes de guerra.
REGLAS PARA PROTEGER A CIVILES INOCENTES
Aunque en una guerra prima el caos y la destrucción, los conflictos bélicos regulares tienen reglas contempladas en el Derecho Internacional Humanitario, un conjunto de normas que tratan de limitar los efectos de los enfrentamientos armados.
Según manda el Derecho Internacional Humanitario, los civiles en zona de conflicto no pueden ser atacados deliberadamente, ni tampoco sus hogares, las instituciones educativas, los hospitales ni nada que afecte su supervivencia. Desde el inicio de esta guerra, el gobierno de Volodomir Zelenski denunció qué los rusos cometieron más de 13.000 crímenes contra civiles ucranianos. Las ciudades de Bucha y Borodianka, en las afueras de Kiev, se convirtieron en símbolos del sufrimiento de la población del país invadido.
La ONG Human Rights Watch documentó los abusos cometidos durante el mes que duró la ocupación rusa en 17 pequeñas poblaciones en las afueras de Kiev y en la región de Chernígov, cercana a la frontera con Bielorrusia.
Allí se pudo verificar que existieron ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas y confinamiento ilegal de población en condiciones degradantes.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió informes de 124 presuntos abusos sexuales ocurridos en Ucrania y que habrían sido cometidos por militares rusos. Muchos de los cuerpos habrían sido quemados para ocultar las pruebas de los crímenes.
¿UN GENOCIDIO EN EL SIGLO XXI?
A pesar del registro de las imágenes de tumbas de civiles por parte de la prensa internacional, los altos mandos del Kremlin aseguran que se trata de un montaje que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en realidad.
A finales de mayo, sin embargo, un tribunal ucraniano emitió su primera sentencia contra un sargento del Ejército ruso, de 21 años, que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un civil desarmado, de 62 años, en la ciudad de Sumy. El soldado Vadim Shishimarin se declaró culpable y confesó que obedeció la orden de un superior.
Rusia, a su vez, acusa a las autoridades de Kiev de ser responsables de la persecución de la población civil en la región del Donbass, donde se libran desde 2014 combates entre el ejército de Ucrania y las fuerzas separatistas pro-rusas.
De hecho, Putin justificó el lanzamiento de la actual operación militar en el supuesto “genocidio” del que serían víctimas los habitantes de habla rusa del este del país.
Sin embargo, el término “genocidio”, utilizado por uno y otro bando, despierta polémica. Los especialistas en la materia remarcan que para que se verifique tal situación se debe probar el asesinato deliberado de personas de un determinado grupo nacional, étnico, racial o religioso, con la intención de destruirlo parcial o totalmente.
El genocidio es un crimen de guerra tipificado y sus sanciones son mucho mayores que las de cualquier otro asesinato a civiles.
Actualmente, miembros de la Corte Penal Internacional junto a peritos de diez países europeos se encuentran en Ucrania evaluando el escenario para ver si lo que sucedió en Bucha, Kiev y Mariupol fue realmente un exterminio deliberado, o si, tal como aduce Rusia, se trata de una campaña de desprestigio instrumentada por el gobierno de Zelenski para desgastar la imagen internacional de Moscú.
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