Radiografía de Honduras, un país clave del Triángulo Norte que define su futuro en las urnas

Enclavada en el Triángulo Norte de Centroamérica, una región que supo tener las tasas de homicidios más altas del planeta, la República de Honduras intenta dejar atrás años de violencia y desigualdad. Las graves dificultades socioeconómicas y la falta de oportunidades, que han sumido en la pobreza a más de dos tercios de la población, llevaron a más de un millón de hondureños a elegir la vía de la emigración, principalmente hacia EE. UU. Además de sufrir el impacto de la pandemia, la situación del país centroamericano se agravó por el embate de dos huracanes tropicales que lo azotaron a fines de 2020.

En el plano político, las elecciones del próximo 28 de noviembre marcan un punto de inflexión, después de ocho años de gobierno de Juan Orlando Hernández, cuya figura ha polarizado la política hondureña. El candidato del Partido Nacional (oficialista) es el actual alcalde municipal de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura, conocido popularmente como “Papi a la Orden”. Los otros dos principales postulantes, en unos comicios que se definen por simple mayoría en una sola vuelta, son Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya y candidata de la Alianza con el Pueblo; y el empresario Yani Rosenthal, del Partido Liberal, quien regresó al país en 2020 luego de cumplir una condena de tres años por lavado de dinero en EE.UU.

UNA ECONOMÍA QUE BUSCA SALIR A FLOTE

La pandemia del COVID-19 y el impacto de los huracanes Eta e Iota, que azotaron el país en noviembre de 2020, significaron un mazazo para la economía hondureña. El PBI se retrajo un 9% durante el último año; en tanto que el índice de pobreza, que estaba en el orden del 70% en 2020, podría llegar al 75% este año. Según el último informe de la Comisión Económica de América Latina (Cepal) sobre el panorama social de la región, Honduras es el país que presenta la segunda mayor tasa de pobreza extrema, con el 26,1%, solo superado por Haití. Y, de acuerdo con los indicadores del Banco Mundial, el tamaño de la clase media de Honduras (18%) se encuentra entre los más pequeños de la región.

La economía informal sigue siendo la mayor generadora de empleo del país, al dar sustento al 58% de la población económicamente activa. Se trata de un mercado “de bajos ingresos, concentrado en unidades económicas de pequeño tamaño y, especialmente, en los sectores donde más fuerte golpea la crisis”, sostiene la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un reciente informe sobre el impacto del COVID-19 en Honduras.

En su informe “Resiliencia empresarial: factor clave para la recuperación económica”, publicado en mayo pasado, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advierte que, en el sector formal de la economía, “las empresas hondureñas son extremadamente vulnerables a una amplia gama de conmociones y factores de estrés, desde el crimen y la extorsión hasta los eventos climáticos y meteorológicos extremos”. Para encarar la etapa de recuperación, señala la UNAH, es necesario que las autoridades diseñen, en conjunto con el sector privado, un “plan integral de rescate” que contemple “incentivos fiscales, crediticios, acceso a mercados, innovación tecnológica y acompañamiento gerencial, de tal forma que se puedan alcanzar de manera sostenible los niveles de producción y empleo anteriores a la crisis del COVID-19″.

Por lo pronto, el Banco Central estima que el producto bruto interno (PBI) hondureño crecerá entre un 8% y un 9% en 2021 y un 4% en 2022. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) es menos optimista y proyecta un crecimiento de entre el 4,2 y el 4,5% para este año y de entre el 3,8% y el 4% para 2022. ¿Qué es lo que más preocupa al sector privado? En respuesta a DEF, el titular de la COHEP, Juan Carlos Sikaffi, se refirió al tardío inicio del proceso de vacunación, que recién se puso en marcha en junio de 2021 y que involucró al sector privado en un acuerdo con el Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS). Instó, además, a las autoridades a “superar los atrasos en el proceso de rehabilitación de infraestructuras básicas en el valle de Sula, que se vieron afectadas por huracanes”, y apuntó al “clima de incertidumbre que genera el período electoral” actual.

LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA DELICTIVA

La violencia delictiva ha sido otro de los grandes males con el que ha convivido la sociedad hondureña en las últimas décadas. En 2011, el país registró una tasa de homicidios que superó los 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más alta del planeta. A partir de 2015, se inició un progresivo descenso hasta alcanzar, a nivel país, 37 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2020. Siguen siendo números altos, pero muestran una franca mejoría en el último lustro.

¿Cómo se explica este repunte? En 2011, la aprobación de la Ley de Seguridad Poblacional fue el puntapié inicial para el combate frontal del delito y la violencia. La norma incluyó la creación de una contribución especial sobre las transacciones financieras, conocida como “tasa de seguridad”, que se instrumentó a través de un fideicomiso administrado por un comisión en la que están representados el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil. La reforma de las fuerzas de seguridad, a partir de la sanción en 2012 de la Ley de Depuración Policial y de la creación en 2013 de la Policía Militar del Orden Público y de la Fuerza Nacional Antiextorsión, buscó dotar al Estado de las herramientas para enfrentar al crimen organizado. En 2014, se conformó la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y en 2018 fue el turno de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP).

En el plano de la lucha contra las drogas, el panorama también cambió drásticamente. Hasta hace pocos años, el país era considerado como una plataforma privilegiada para el paso de las drogas con destino al territorio estadounidense. Los grupos vinculados al narcotráfico se valían del territorio y del espacio aéreo y marítimo del país para sus actividades ilícitas. La situación cambió drásticamente: el gobierno de Juan Orlando Hernández se atribuye la reducción en un 83% del tráfico de cocaína a EE. UU. Citando cifras de las propias autoridades de Washington, el mandatario asegura que en 2013 pasaba por Honduras el 87% de la cocaína que transitaba por el territorio centroamericano en camino hacia el mercado estadounidense, mientras que en 2020 solo el 4% lo hizo a través de suelo hondureño.

MIGRACIONES, CARAVANAS Y REMESAS

Un capítulo aparte son los movimientos migratorios que tienen a Honduras en primera fila. Ya a partir de los convulsionados años 80, con un vecindario envuelto en guerras civiles que tocaron también a Honduras –donde encontraron refugio los “contras” nicaragüenses que se oponían a la revolución sandinista en aquel país–, la vía de la migración hacia EE. UU. ha sido la opción preferida por quienes buscan iniciar una nueva vida fuera de las fronteras del país. Las dificultades económicas en la década del 90 y el paso devastador del huracán Mitch, en 1998, aceleraron esa tendencia. Además, tal como señala un reciente estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “la posición geográfica de Honduras facilita el tránsito de los flujos migratorios provenientes de otros países, de modo que no solamente es un país de emigración, sino también de tránsito de los flujos de migración irregular transnacional”.

En el contexto de grandes contrastes sociales que caracterizan a Honduras, es clave entender la importancia que tiene el aporte que hacen estos migrantes con sus remesas. En 2020 totalizaron 5736 millones de dólares y se estima que para este año serán 8000 millones. Eso equivale alrededor del 20% del PBI hondureño. El impacto en los ingresos de las familias es clave, ya que, como apunta la OIM, “las remesas favorecen un incremento en el consumo de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas, lo que a su vez influye en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema o, en el peor de los casos, evita que se incremente la proporción de la población que vive en situación de pobreza”.

Un asunto particularmente sensible es el de los menores no acompañados que forman parte de las caravanas que buscan llegar a territorio estadounidense. Mientras la OIM solicitó al gobierno de Honduras tomar nota de la magnitud del problema y plantear soluciones, el gobierno de Joe Biden dio vuelta la página a la dura política migratoria de su antecesor Donald Trump. En ese sentido, la ampliación de los criterios de elegibilidad del Programa de Menores Centroamericanos (CAM, por su sigla en inglés) permite ahora que un padre o custodio legal con estatus migratorio regularizado en EE. UU. pueda solicitar que el menor ingrese legalmente al país para residir con él. Si bien no resuelve totalmente el problema, se trata de un gesto de buena voluntad de Washington para ayudar a paliar este drama que viven miles de niños y adolescentes de los países del Triángulo Norte.

Por lo pronto, 5,3 millones de hondureños están convocados a las urnas el próximo 28 de noviembre para elegir su nuevo gobierno, la nueva composición del Congreso, 298 alcaldes e integrantes de las corporaciones municipales de todo el país. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) estarán presentes con sendas misiones de observación electoral.

*El presente artículo es una adaptación de la nota de tapa de la edición 140 de DEF

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