Avance del yihadismo en América Latina: terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron un shock a nivel planetario. Sin embargo, pocos años antes, la Argentina ya había vivido en carne propia los embates del yihadismo internacional en dos ocasiones. Los atentados a la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y a la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994, fueron la primera manifestación de la violencia integrista en nuestra región. Las investigaciones judiciales posteriores apuntaron al grupo libanés Hezbollah como responsable directo de ambos ataques y al involucramiento de altas autoridades de la República Islámica de Irán en la planificación del segundo de esos ataques criminales, con un rol protagónico del clérigo Mohsen Rabbani, entonces agregado cultural de Teherán en la Argentina.

YIHADISMO Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

“En la última década, las actividades de financiamiento de Hezbollah evolucionaron y pasaron de pequeñas operaciones de recolección de fondos a través del lavado de dinero y el uso de donaciones para presuntas obras de caridad, a convertirse en un emporio global criminal multimillonario”, advierte, en diálogo con DEF, Emanuele Ottolenghi, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), con sede en Washington. Ottolenghi participará el próximo 4 de noviembre del ciclo de conferencias “El combate de la financiación del terrorismo en el Cono Sur”, organizado por la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT), el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad (CESH) de la Universidad de Buenos Aires.

Existen, además, evidencias de la presencia cada vez mayor del régimen de Teherán en América Latina, a partir de sus lazos con Venezuela y otros gobiernos de la Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

¿Cuáles son las actividades en las que Hezbollah aparece involucrado? “En toda América Latina, el tamaño de la economía informal facilita una tipología muy variada de operaciones, acciones y manejo de dinero no declarado. Eso contribuye al lavado de activos y parte de ese lavado, inevitablemente, va a beneficiar la financiación del terrorismo”, explica Ottolenghi, quien sostiene que ese resquicio es aprovechado por Hezbollah, cuyas operaciones en la región incluyen desde el contrabando de cigarrillos hasta el tráfico de armas y drogas.

El experto de la FDD detalla cuál fue la evolución de ese grupo en las últimas dos décadas: “Hezbollah empezó, en la primera década de este siglo, a cooperar con Cárteles de la droga ayudándolos a blanquear sus ganancias. Como sucede frecuentemente en este tipo de comercio, se dieron cuenta de que la ventaja estaba no solo en ofrecer servicios, sino en involucrarse directamente en el tráfico de droga”. Se estima, en ese sentido, que alrededor del 40% del presupuesto operacional de la organización libanesa provendría del tráfico de la cocaína sudamericana. “Como el 90% de la producción de cocaína mundial proviene de la zona andina, por supuesto, que esa es la fuente principal de ingresos de Hezbollah”, sintetiza.

La llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y la radicalización de su gobierno, con un discurso antiimperialista frente a EE. UU., favoreció su alianza con Irán, que aprovechó la oportunidad para expandirse en América Latina. “Irán ya estaba presente anteriormente en Argentina, Brasil y Chile, lugares a los que llegó temprano con sus actividades religiosas”, plantea el investigador, quien subraya que “esa influencia se fortaleció mucho por el apoyo a nivel soberano, primero de Venezuela, luego de Bolivia y de otros países que permitieron a Teherán establecer una red verdaderamente continental”.

Para Ottolenghi, esas alianzas políticas son fundamentales para entender la proyección del régimen de los ayatolás a nivel regional: “Los iraníes se dieron cuenta de que podían disfrutar de la cercanía ideológica con grupos de la izquierda antiimperialista para fortalecer su presencia”. Mientras tanto, en el plano religioso, cita la presencia de centros culturales y mezquitas en Venezuela, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Brasil, Paraguay, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay, entre otros países. “Teherán financia el adoctrinamiento de nuevos clérigos, que viajan a Irán, donde son adoctrinados por el régimen y, a su regreso, se ponen al servicio de la causa de la República Islámica”, completa.

LA ALIANZA CON GRUPOS DELICTIVOS LOCALES

“Hezbollah ha logado formar alianzas con una serie de organizaciones criminales regionales, como los Zetas en México, las FARC en Colombia y el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil”, afirmaba Ottolenghi en su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., en noviembre de 2017. Consultado por DEF sobre el vínculo con el cada vez más potente PCC brasileño, indicó: “Hezbollah controla un importante centro de blanqueo de dinero en la Triple Frontera. Por eso, es natural una sinergia entre los dos grupos: el PCC tiene acceso a los productores y controla las rutas y puntos de salida de la droga; mientras que Hezbollah domina el tráfico comercial que permite repatriar el dinero de esas operaciones”. Y agregó, respecto de las actividades de lavado de activos que maneja este tipo de grupos criminales: “Las redes de blanqueo son globales, pero se basan en la presencia de personas con raíces en cada uno de los países en los que se efectúan estas operaciones. Muchas veces, las actividades comerciales permiten a estas personas tener influencia y sellar pactos con autoridades locales. Miembros de estas comunidades participan de la vida política local y construyen una red de contactos con oficiales de la Aduana, jueces y políticos, con el objetivo de proteger sus negocios ilícitos”.

Frente a esta situación, Emanuele Ottolenghi reflexiona: “Los gobiernos deben darse cuenta de que el problema que plantea este grupo terrorista no es remoto, como algunos quieren creer. Es un problema local, ya que, además de la cooperación estrecha entre Hezbollah e Irán, se han incrementado los vínculos entre Hezbollah y grupos criminales de la zona, cuyas actividades ilícitas distorsionan el funcionamiento de la economía local y corrompen actores públicos, como políticos, policías y jueces locales. El daño que se hace afecta al estado de derecho, la transparencia de la justicia y la recaudación impositiva del Estado”.

HEZBOLLAH: YIHADISMO, TERRORISMO Y FINANCIACIÓN ILÍCITA

Ottolenghi entiende que el reconocimiento de Hezbollah como “organización terrorista y criminal” brinda a las autoridades una herramienta para hacer frente a su accionar criminal. En ese sentido, el investigador de la FDD valora la decisión que adoptó en julio de 2019 el gobierno de Mauricio Macri de calificar a Hezbollah como “organización terrorista”, que se mantuvo durante la actual gestión de Alberto Fernández. Otra medida que destaca como positiva ha sido la creación en nuestro país del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en la órbita del Ministerio de Justicia. “Ese registro público permite al Ejecutivo y al Poder Judicial inscribir nuevos nombres de individuos y de empresas. Es una herramienta que sobrevive y puede funcionar y ser utilizada, más allá del color político del gobierno”, opinó.

También el gobierno paraguayo de Mario Abdo Benítez designó en agosto de 2019, a través de un decreto presidencial, a Hezbollah como “organización terrorista internacional”. En Paraguay, un personaje clave de la red de protección y financiamiento del terrorismo es el ciudadano libanés Assad Barakat. Considerado un operador financiero de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera, este comerciante con actividades en Ciudad del Este ya había estado seis años preso en Paraguay –condenado por evasión impositiva– y en abril de este año fue expulsado y entregado a las autoridades de Brasil.

Por su parte, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Argentina congeló en 2019 los bienes del llamado “clan Barakat” por su participación en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas. Por su parte, el juez federal de Eldorado (Misiones), Miguel Ángel Guerrero detectó maniobras de lavado de dinero de ese grupo en el casino de Puerto Iguazú y, en julio del año pasado, prorrogó por un año el congelamiento de activos de la organización liderada por Barakat.

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