Delito y pandemia: el crimen organizado no descansa y sigue causando estragos en la región

La operación de Interpol bautizada como “Trigger VI”, que se saldó en marzo pasado con 4000 arrestos, es una muestra del poderío del crimen organizado en América Latina. Con acciones simultáneas en 13 países, estos procedimientos incluyeron el secuestro de 200.000 armas de fuego y la destrucción de 27 laboratorios de cocaína. Con estas cifras a la vista, el COVID-19 no parece haber hecho mella en las organizaciones delictivas. “La experiencia pasada ha demostrado la capacidad de esos grupos para adaptar rápidamente su modus operandi o cambiar de mercado en respuesta a las conmociones o a las nuevas oportunidades”, alerta una investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, titulada COVID-19 y la cadena de suministro de la droga: de la producción y el tráfico al consumo.

“Durante la pandemia, ha quedado muy clara la flexibilidad de estos grupos y su gran capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias”, reconoce, en diálogo con DEF, Carolina Sampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CECOT), dependiente del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “En cuanto al narcotráfico, que en nuestra región es la actividad más significativa del crimen organizado, su accionar no se interrumpió y se refleja en las incautaciones enormes de droga durante todo 2020 y los primeros meses de 2021”, añade la investigadora.

EL PCC BRASILEÑO, CADA VEZ MÁS FUERTE

Con respecto al derrotero de la droga sudamericana hacia Europa, el Primeiro Comando da Capital (PCC) brasileño está penetrando en los países vecinos y usa el territorio paraguayo como una de sus mayores bases de operaciones. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (INECIP) sostiene que el país está en el centro de “la ruta que siguen la cocaína, la pasta base y las armas que ingresan al territorio brasileño”. “El PCC lo usa principalmente para el ingreso a territorio brasileño ya sea por vía terrestre o por área, llevándolo al interior de San Pablo o hasta el nordeste, en estados como Fortaleza [capital de Ceará]; y desde sus puertos, a Europa, Oriente Medio, Rusia, entre otros destinos transcontinentales”, añade.

El PCC cuenta con más de 30.000 miembros efectivos y una amplia red de contactos y colaboradores. En un estudio sobre el origen y evolución del PCC, escrito por Carolina Sampó y el investigador brasileño Marcos Alan Ferreira, se señala que esta organización “podría constituir una nueva generación de carteles o una (proto)mafia, ya no dedicada exclusivamente al tráfico de drogas”. Los autores sostienen que “el desembarco del PCC en Paraguay le ha permitido crear un hub desde el que se maneja no solo el tráfico de marihuana, sino también el acopio y tráfico de cocaína proveniente de Bolivia y Perú, principalmente”.

A la hora de hablar de los canales de salida de los estupefacientes hacia esos mercados europeos, Sampó y Ferreira apuntan al control por parte del PCC de una de las dos rutas de exportación de productos ilegales más importantes de Brasil: “La ruta caipira, que viene de Bolivia, pasa por Paraguay y deja el continente americano a través del puerto de Santos”. En cambio, matiza Sampó, “la ruta del norte de Brasil no es controlada en un 100 % por el PCC”. Eso explicaría los sangrientos enfrentamientos registrados en los últimos años en distintas cárceles de los estados de Amazonas, Pará y Roraima. Al contextualizar el estallido de la violencia en la zona, Sampó detalla: “Cuando el PCC logró llegar a la zona e intentaba ganar la ruta del río Solimões, que transporta la droga desde la frontera con Colombia, otras dos organizaciones criminales, el Comando Vermelho y la Família do Norte, establecieron una alianza defensiva. Sin embargo, a principios de 2020, esa alianza se rompió y esta fragmentación podría ahora redundar en un beneficio para el PCC”.

Con respecto a la proliferación de actividades delictivas controladas por el PCC, Sampó y Ferreira destacan que este grupo “ya no se dedica exclusivamente al tráfico de drogas”. ¿En qué otros ámbitos criminales están incursionando? Responden: “Los grandes robos, las extorsiones, los secuestros e incluso el tráfico de armas y el lavado de dinero reportan importantes ganancias para las arcas de la organización, dando cuenta de que se trata de una empresa transnacional que tiene como bien último generar mayores ganancias”. En cuanto a su estructura interna, precisan: “Aunque no existe un solo líder fácilmente identificable, el PCC cuenta con una ‘sintonía general final’, que es el grupo de líderes que se encarga de tomar las decisiones que serán ejecutadas por eslabones inferiores que dan vida a la organización criminal en las cárceles y en las calles. La estructura sigue siendo jerárquica, aunque en cada uno de los eslabones de la pirámide parece haber una serie de miembros, entre los cuales sí existe una cierta horizontalidad”.

ARMAS DE FUEGO, OTRO NEGOCIO EN AUGE

Otra pata central en esta trama es el tráfico ilegal de las armas de fuego, “una herramienta central para los grupos del crimen organizado, quienes se valen de traders que se encargan del negocio”, observa Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). El experto encabeza el Proyecto Atenea, del que también participa la Florida International University (FIU), y se encarga de hacer un relevamiento minucioso de incidentes que involucran armas de fuego de circulación ilegal en toda la región. “Por lo general, cuando pasamos de México al sur del continente, lo que vemos es que el tipo de arma predominante depende menos del mercado civil norteamericano y más de desvíos procedentes de arsenales del Estado”, indica, como tendencia general.

Sin embargo, precisa, en las favelas de Brasil se están incrementando las incautaciones de fusiles AR-15, de procedencia estadounidense. Andrei Serbin Pont detalla cómo llegan esas armas a ensamblarse en esta parte del continente: “En EE. UU. se pueden comprar por Internet las partes de las armas, solicitar su envío a domicilio y, una vez recibidas, el usuario puede montarlas”. Serbin brinda detalles al respecto: “Si el cajón del mecanismo –que es la parte registrada y serializada– no está completo en más de un 80 %, no se lo considera legalmente un arma en EE. UU. Entonces, existen empresas que venden ese dispositivo al 80 % y el comprador, utilizando un taladro, termina de completar su AR-15. De esa forma, se logra obtener un fusil automático funcional sin partes registradas”. El ensamblaje, con componentes norteamericanos y piezas chinas, se completa en la frontera paraguayo-brasileña y el destino final son las organizaciones del crimen organizado de este último país. “La AR-15 es un arma de estatus, que todos quieren tener, y que en Brasil se cotiza, ya que su valor es entre siete y diez veces mayor del que tiene en el mercado estadounidense”, completa el especialista.

ECONOMÍA INFORMAL Y DEBILIDAD ESTATAL

Este peligroso combo de criminalidad organizada y negocios ilícitos necesita de abundante mano de obra. Ahí está, justamente, uno de los mayores dramas de la región, que se ha agudizado en los tiempos de la pandemia. “Para miles de jóvenes, la participación en grupos criminales puede convertirse en la única oportunidad de supervivencia”, advierten José Miguel Cruz y Brian Fonseca, investigadores de la Florida International University (FIU). En La mutación del crimen organizado en la era del COVID-19 en América Latina, artículo publicado por Americas Quarterly en enero pasado, estos analistas señalan que la reducción de las fuentes de ingresos de las familias hace prever “un aumento a largo plazo de los cultivos ilícitos debido al aumento de la vulnerabilidad de los hogares”. A su vez, la débil presencia del Estado en las comunidades es hábilmente explotada por los narcos, que aumentan su peso con ayuda social y presencia en las comunidades más vulnerables.

“Para hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales bajo estas circunstancias, es preciso que la capacidad de recuperación de la gobernanza democrática sea mayor que la resiliencia de los grupos criminales profundamente arraigados en la región”, concluyen Cruz y Fonseca. Para conseguirlo, sostienen, será necesario “trabajar multilateralmente para agilizar los recursos, intercambiar información y mejorar la coordinación intergubernamental” entre los distintos países de la región.

* Esta nota fue producida y escrita por un miembro del equipo de redacción de DEF.

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