Ley del libro: las objeciones que sus defensores no pueden obviar

Hace unos días publiqué una nota en contra de la derogación de la Ley 25.542, la del precio uniforme de los libros. Al rato me llegó una carta. Una carta de verdad, larga, escrita por un amigo economista y escritor que sostiene la costumbre porque dice que escribir cartas, a diferencia de añorarlas, le da la oportunidad de dejar testimonio. Mi amigo no defiende al Gobierno. No le debe nada al ministro Sturzenegger, y tampoco está convencido de que derogar la ley sea la solución. Pero leyó mi nota con mucho detenimiento y me devolvió una lista de objeciones que no puedo esquivar, primero porque son serias y segundo porque vienen de alguien que ama los libros con la misma devoción que yo. A él le debo para siempre que me haya acercado a Alessandro Baricco. Lo que sigue es mi respuesta, escrita en público porque las objeciones de mi amigo son las mejores que va a encontrar cualquiera que defienda esta ley, y una defensa que no las atraviesa no vale el papel.

Su primera objeción es la más incómoda. En mi nota celebré que la ley tuviera el consenso unánime del sector: editoriales, cadenas, libreros. Mi amigo me señala que en esa lista falta alguien. Los lectores no tienen gremio, no emiten comunicados, no se declaran en estado de alerta. Se quejan de otra manera: compran menos libros de los que quieren. Preguntale a cualquier lector cuántos se lleva y por qué no se lleva más, me escribe, y la respuesta va a ser el precio. Tiene razón. Antes de ir a los números quiero aclarar que en mi nota anterior no nombré a los lectores en la ingenuidad de pensar que al describir el sistema virtuoso de circulación de libros y bibliodiversidad se caía de maduro que es el lector el que se beneficia más que nadie al ser el depositario de esa vastedad de oferta.

Pero volvamos a mi amigo y a los lectores que no pueden comprar todos los libros que quisieran. El precio de los libros en la Argentina es prohibitivo, y una defensa de la ley que no lo diga es una defensa de escritorio. Concedido el punto, va mi respuesta: la 25.542 no fija el nivel de los precios. Los fija el editor, que en la Argentina remarca sobre todo al ritmo de la producción, el precio del papel, la impresión, la distribución, la inflación, etc. El editor puede corregir el precio cuando quiera y, sobre todo, ninguna de las causas que enumeré desaparece con la derogación. Lo que la ley prohíbe es otra cosa: que el mismo libro cueste distinto según quién lo venda. Es más, la experiencia británica sugiere que ni siquiera el precio promedio baja de manera durable una vez que la competencia pierde espesor. Si el problema es el acceso, las herramientas son otras, y son exactamente las que el mismo anteproyecto desarma en su artículo 14: el Fondo Nacional de Fomento, las compras estatales, los descuentos del cincuenta por ciento con los que las bibliotecas populares se abastecen en la Feria. Quien sufre el precio de tapa tiene en la biblioteca de su barrio el único descuento verdaderamente universal que existe. El Gobierno propone eliminar los dos al mismo tiempo, el precio uniforme y la biblioteca subsidiada.

Segunda objeción afiladísima de mi amigo: solo 15 países tienen fijación total o parcial de precios y 175 no, de modo que la ley sería una rareza y no un estándar. El número es cierto. Sin embargo, la mayoría de esos países no tiene una industria editorial que proteger y apoyar. Según el informe más reciente de la CAL, en Argentina existen alrededor de 1500 librerías y más de 500 editoriales pequeñas y medianas. La comparación honesta se hace entre mercados editoriales, y ahí el paisaje cambia: Francia, Alemania, España, Italia, Japón, Corea del Sur, México y la Argentina regulan de una u otra forma el precio de venta de los libros, sea por precio fijo, sea por topes al descuento. Alemania lo practica desde el siglo XIX. Japón exceptúa a los libros de su propia ley antimonopolio para permitirlo. Italia lo reforzó en 2020. Entre los grandes mercados del libro, la excepción es la desregulación total, no lo contrario. El modelo anglosajón existe, funciona para Amazon y produjo las librerías comerciales que produjo. La respuesta a la objeción de mi amigo es una pregunta: ¿Le interesa a este gobierno proteger y apoyar a la industria editorial nacional? ¿Le interesa una sociedad en la que haya más libros, más librerías, más lectores, más autores?.

Mi amigo menciona a los países nórdicos, los más lectores del mundo, con posiciones muy distintas entre sí sobre el precio del libro. Es verdad, y es el mejor argumento que tiene. Suecia liberó los precios en 1970. Dinamarca fue desarmando su sistema hasta liberarlo del todo. Noruega, en cambio, mantiene un acuerdo de precio fijo para las novedades y algo más extraordinario: un régimen por el cual el Estado compra cientos de ejemplares de casi todo título noruego que se publica y los distribuye en las bibliotecas del país. ¿Qué demuestra el conjunto? Que los nórdicos leen mucho con y sin precio fijo, de acuerdo. Pero también que en todos los casos leen sobre una infraestructura pública formidable: bibliotecas densísimas, escuelas que forman lectores, Estados que consideran el libro un asunto de estado. Es decir que el ejemplo nórdico no prueba que la regulación del precio sea irrelevante. Prueba que la lectura de un país descansa sobre políticas públicas sostenidas durante décadas, que es precisamente la mitad de mi nota que el anteproyecto también quiere derogar. Si el Gobierno propusiera cambiar el precio uniforme por el sistema noruego de compras estatales, yo escucharía con interés. Propone lo contrario de las dos cosas.

Tercera objeción: el libro es un bien privado, divisible, excluible por precio, y el Estado no tiene por qué fijarle el valor. Pero acto seguido mi amigo agrega, con más honestidad que la mayoría de los economistas que conozco, que el libro es también un bien de experiencia, porque no sabés si te gusta hasta que lo leíste, y sobre todo un bien informacional: lo valioso no es el papel sino lo que el papel transporta. Y los bienes informacionales, me recuerda, tienen costos de producción altos, costos de reproducción casi nulos y una dependencia total de la propiedad intelectual. Querido amigo: acabás de escribir el argumento a favor de la ley. Un bien que cuesta mucho crear y casi nada copiar, librado a la competencia pura de precios, tiende a venderse a su costo marginal, que es cercano a cero, y entonces nadie recupera jamás el costo de creación. Por eso existe el derecho de autor, que es una intervención estatal en el mercado y que nadie llama distorsión (y cuyo porcentaje siempre hay que revisar). El precio uniforme pertenece a la misma familia: estabiliza el circuito por el que el escritor, el traductor y el editor recuperan lo que costó hacer el libro. No es un capricho contra el mercado. Es una de las condiciones para que ese mercado exista.

Cuarta: algunos países fijaron el precio solo por un período, dieciocho meses por ejemplo, para proteger la novedad de una guerra de precios, y después lo liberaron. No tiene sentido, dice mi amigo, fijar un precio por veinte años. Acá tengo que deshacer un malentendido que quizás sea culpa de los defensores de la ley, que la explicamos mal. Nadie fija un precio por veinte años. El editor argentino cambia sus precios todo el tiempo, casi siempre para arriba, como sabe cualquiera que haya dejado un libro para el mes siguiente. Lo que dura desde 2001 no es ningún precio: es la regla de que el precio, el que sea, es el mismo en todas las vidrieras. En cuanto al modelo de la ventana temporal, ya se probó. Israel lo adoptó en 2013, dieciocho meses de protección para las novedades en un mercado que ya estaba concentrado en dos cadenas, y lo derogó tres años después. La lección no es que el precio fijo fracasa. Es que llegar con un torniquete parcial a un mercado ya concentrado no sirve de mucho, y que estas leyes funcionan cuando se anticipan a la concentración. La Argentina, todavía, está antes.

Queda la objeción que no es técnica y que me dejó pensando mucho, porque mi amigo también publica libros. Con el precio inmóvil, me dice, el libro que no se vende no puede rematarse: vuelve a la editorial, y de la editorial, si nadie lo reclama, va a un destino con nombre de trámite, trituración y reciclaje. La imagen es tremenda y no voy a discutirla con estadísticas, aunque las hay: la industria del libro pica ejemplares en todos los regímenes de precios conocidos, y en ninguno tanto como en el mercado más desregulado del mundo, donde la sobreproducción es estructural. Prefiero contestar con la calle Corrientes, que está llena de mesas de saldos desde antes de que los dos naciéramos, porque el saldo de edición y el libro usado circulan por afuera del precio uniforme y van a seguir circulando. La guillotina no la trae ni se la lleva esta ley. La trae un sistema que imprime apostando, y esa apuesta, me permito recordarle a mi amigo, es más prudente y menos sangrienta cuanto más previsible es el circuito de venta. La previsibilidad, justamente, es lo que el precio uniforme aporta.

Y después está el punto donde mi amigo gana, y quiero que se note que lo escribo sin ironía. La fijación de precios no resuelve el problema, dice su carta casi al comienzo. No lo resuelve, no. La 25.542 no hace lectores, no baja el precio del papel, no abre bibliotecas, no le paga la agente de prensa al escritor que publica desde afuera del ambiente, no impide que cierre la imprenta chica que trabajaba para editoriales chicas. Es un piso, no una política. Defenderla como si fuera la salvación del libro argentino es una forma elegante de no discutir todo lo demás, y en eso los que la defendemos tenemos que aprovechar la discusión para poner los temas de fondo sobre el tapete. Si mañana alguien propusiera reformarla en serio, con los lectores adentro de la conversación por primera vez, con los datos de estos veinticinco años sobre la mesa, con el sistema noruego y el coreano y el fracaso israelí estudiados de verdad, yo iría a esa discusión con entusiasmo. Pero el anteproyecto no propone esa discusión. No reforma: demuele. Deroga la ley entera en un artículo y en el siguiente desarma el fondo de fomento, las compras estatales y las capacitaciones, sin haber consultado a nadie del sector, ni ahora ni en 2023.

Mi amigo cierra su carta diciendo que sigue sin tener una propuesta propia. Yo tampoco tengo el diseño perfecto de una política del libro, si eso existe. Tengo, después de su carta, algo mejor que una certeza simple: un libro cuesta lo mismo en Recoleta y en Tartagal porque una ley lo dispone; el día que la ley no esté, esa igualdad no va a sobrevivir ni un trimestre, y con ella se va a ir cerrando, sin ruido, la red de librerías más densa de la región. Eso es lo que se vota. Y entonces no estamos discutiendo una derogación de una ley que no mueve la macro ni la micro. Estamos discutiendo qué perfil de lectores queremos ser, y por ende qué perfil de sociedad. Y para eso hay que saber si al gobierno le interesa en algo la promoción de la lectura y la diversidad editorial.

En cuanto a nosotros dos, que nos escribimos cartas sobre leyes del libro en 2026 como si el tiempo nos debiera algo, mi amigo dice que somos dos obsoletos defendiendo con el cuerpo una cosa que quizás desaparezca. En esto también disiento. En los países que cuidan y nutren a sus ciudadanos se está volviendo cada vez más a la política del libro de papel. Y la palabra “obsoleto” la aprendimos en los libros, y mientras discutamos así, con cartas largas y bibliografía, la cosa esa no desapareció. Le contesto por acá y le debo una carta en papel. Con estampilla, para testimoniar.