Ariel Goldstein pone el foco en Elon Musk y otros magnates en su libro sobre la élite digital del poder

¿Quién gobierna realmente el mundo? Para Ariel Goldstein, una parte creciente de las decisiones que afectan la vida de millones de personas ya no pasa exclusivamente por parlamentos, gobiernos o instituciones democráticas, sino por una reducida élite de multimillonarios tecnológicos que concentra riqueza, información, infraestructura y capacidad de intervención global. Figuras como Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Jensen Huang o Alex Karp no solo lideran algunas de las empresas más poderosas del planeta: también influyen sobre la política, la economía, la circulación de información y el desarrollo de tecnologías que redefinen la vida contemporánea.En La nueva oligarquía tecnológica, publicado por Marea, Goldstein analiza el ascenso de este nuevo régimen de poder que se expande más allá de las fronteras nacionales y de los mecanismos tradicionales de representación democrática.

A partir de una tipología original, el autor identifica a los distintos actores que lo integran —arquitectos, administradores, operadores y traductores— y explica cómo se articulan para consolidar una forma de dominación que combina capital, tecnología e influencia política a escala global. Pero el libro no se limita al diagnóstico: también indaga si existen alternativas posibles frente a esta deriva posdemocrática y qué espacios de acción permanecen abiertos para quienes buscan imaginar un futuro diferente.

Aquí, anticipamos un fragmento del libro.

La izquierda desarmada ante el siglo XXI

Durante gran parte del siglo XX, las infraestructuras fundamentales de la vida social –energía, transporte, comunicaciones o defensa– estuvieron principalmente organizadas bajo la órbita del Estado. En el siglo XXI se observa un desplazamiento significativo: infraestructuras críticas como las plataformas digitales, la IA, las redes de datos o los sistemas de comunicación global pasan crecientemente a manos de corporaciones tecnológicas. Este cambio altera la naturaleza misma de la dominación. A diferencia de las instituciones estatales, estas infraestructuras privadas no son electas, rinden cuentas de forma limitada y operan a escala global, muchas veces por fuera de las capacidades regulatorias de los Estados nacionales. En este escenario, la democracia puede seguir existiendo formalmente, pero el centro efectivo de poder tiende a desplazarse hacia espacios que quedan parcialmente fuera de su control.

La derecha tecnopolítica no busca destruir el Estado ni restaurar el pasado. Su objetivo es reconfigurar la soberanía desplazando el centro efectivo de decisión desde la ciudadanía hacia infraestructuras tecnológicas controladas por una oligarquía empresarial. No se trata de abolir la democracia formal, sino de vaciarla trasladando el poder hacia capas técnicas que no se someten al voto ni a la deliberación pública.

Este desplazamiento implica un cambio de escala del poder: mientras que en el siglo XX la soberanía se organizaba en torno al Estado-nación como espacio privilegiado de regulación, redistribución y conflicto social –en el cual el capitalismo podía ser confrontado a través de parlamentos, partidos, sindicatos o sistemas fiscales–, en el presente esa capacidad se ve erosionada por la centralidad de infraestructuras tecnológicas transnacionales que reconfiguran las condiciones mismas de la acción política.

En la globalización digital, el poder se desplazó hacia actores no estatales que operan en una escala transnacional e infraestructural: plataformas, redes de datos, sistemas de cómputo, finanzas algorítmicas, criptomonedas, think tanks tecnológicos y alianzas geopolíticas articuladas por capital digital. La soberanía ya no reside principalmente en la capacidad de dictar leyes dentro de un territorio, sino en el control de las arquitecturas técnicas que organizan flujos de información, dinero y afectos.

Buena parte de las izquierdas de inicios del siglo XXI construyeron su identidad política en torno al Estado como instrumento de emancipación: desarrollo, redistribución, justicia social, ampliación de derechos. Esa estrategia fue eficaz en un mundo en el cual la centralidad institucional todavía coincidía con la escala del poder económico dominante. Hoy esa coincidencia se ha roto. Mientras el poder se reconfiguraba en torno a infraestructuras globales privadas, muchas fuerzas progresistas continuaron operando con categorías, herramientas y horizontes diseñados para un capitalismo territorial.

El resultado no es solo una derrota política, sino un desajuste estructural. La crítica moral al neoliberalismo o al autoritarismo resulta insuficiente cuando el núcleo del poder se encuentra en arquitecturas técnicas que no dependen directamente del consenso ciudadano. La disputa ya no es únicamente por el control del gobierno, sino por la capacidad de intervenir en sistemas que median la comunicación social, la producción de conocimiento, la organización del trabajo y la circulación del capital.

La derecha radical comprendió antes que nadie este desplazamiento. Supo articular malestar social con ecosistemas digitales, movilización afectiva y redes infraestructurales que amplifican conflicto y polarización. No se limitó a competir dentro de las reglas institucionales existentes: operó sobre las condiciones mismas de visibilidad, reputación y circulación del discurso. En ese sentido, su eficacia no proviene solo de su narrativa, sino de su inserción funcional dentro del régimen tecnopolítico.

La izquierda, en cambio, enfrenta una tarea más compleja: reconstruir límites democráticos en un entorno en el cual el poder excede las fronteras estatales y se ejerce mediante dispositivos técnicos opacos. No basta con regular desde un solo país ni con apelar a principios normativos abstractos. La escala del poder exige una escala equivalente de coordinación democrática.

La crisis actual no es únicamente una crisis de representación, sino una crisis de soberanía cognitiva y tecnológica. Cuando la inteligencia colectiva depende de infraestructuras privadas, la ciudadanía deja de ser plenamente autónoma. La democracia liberal fue concebida para individuos que deliberaban en espacios relativamente públicos; el régimen tecnopolítico organiza deliberación y pensamiento a través de plataformas cuyo diseño responde a lógicas corporativas.

Por eso, el desafío del siglo XXI no consiste en restaurar el pasado ni en defender mecánicamente instituciones heredadas, sino en reinsertar el poder infraestructural dentro de marcos democráticos efectivos. Si el poder se desplazó hacia sistemas globales, la democracia deberá encontrar mecanismos para operar en esa misma escala. De lo contrario, la política quedará confinada a administrar efectos locales de decisiones que se toman en otros niveles.

La izquierda no está desarmada por falta de convicción moral, sino por desajuste estructural frente a un régimen cuyo núcleo ya no es exclusivamente estatal. Reconstruir capacidad democrática implica comprender la nueva división funcional del poder, intervenir en sus infraestructuras y reestablecer límites allí donde hoy predomina la autonomía oligárquica. Sin esa actualización estratégica, la democracia corre el riesgo de convertirse en una forma vacía que sobrevive institucionalmente mientras el poder real opera en otra dimensión.

La expansión de los modelos de lenguaje automatizado introduce, sin embargo, una ambivalencia que complejiza el diagnóstico. Estas tecnologías consolidan la privatización de la infraestructura cognitiva, pero al mismo tiempo amplían la capacidad de procesamiento, análisis y producción discursiva de individuos y colectivos. Nunca antes fue tan accesible para amplios sectores sociales la posibilidad de sintetizar información compleja, generar argumentos, producir contenidos o intervenir en debates públicos con herramientas de alto nivel técnico.

La cuestión decisiva no es si la IA debilita o fortalece la democracia en abstracto, sino bajo qué condiciones institucionales y políticas opera. Cuando la infraestructura permanece concentrada, la ampliación cognitiva individual coexiste con una dependencia estructural. Pero esa misma ampliación introduce una variable disruptiva: multiplica los actores capaces de disputar narrativas, revelar asimetrías y cuestionar monopolios simbólicos.

El conflicto emergente no es entre IA y humanidad, sino entre infraestructuras privadas concentradas y usos democráticos de la ampliación cognitiva. Si el régimen tecnopolítico reorganiza el poder a través de sistemas algorítmicos, la respuesta no puede consistir en rechazarlos, sino en intervenir en su diseño, regulación y apropiación social. La autonomía ya no se define como pensamiento aislado, sino como capacidad de operar críticamente dentro de infraestructuras técnicas.

Qué hacer: reconstruir límites a la altura del poder

El rasgo definitorio del régimen tecnooligárquico no es su radicalidad ideológica, sino la ausencia de límites efectivos. Las élites digitales no operan fuera del Estado: lo atraviesan, lo capturan y lo reconfiguran desde infraestructuras que exceden toda jurisdicción territorial. Por eso, el problema central de nuestro tiempo no es moral, sino estructural: cómo reinstalar contrapesos en un sistema en el cual el poder circula a una escala que las democracias nacionales ya no pueden controlar.

La democracia liberal fue diseñada para ciudadanos que pensaban y deliberaban en espacios públicos relativamente delimitados. La IA introduce una transformación inédita: millones de personas amplían su autonomía cognitiva a través de modelos de lenguaje y sistemas automatizados que, sin embargo, pertenecen a corporaciones privadas. La soberanía cognitiva se vuelve infraestructural y, al mismo tiempo, privatizada. El conflicto emergente no es entre tecnología y humanidad, sino entre infraestructuras privadas globales y sociedades que aún intentan gobernarse democráticamente.

Si el poder se ejerce hoy a través de datos, algoritmos, plataformas financieras y redes de capital transnacional, los límites también deben operar en esa escala. Ningún Estado aislado puede disciplinar a corporaciones cuyo radio de acción es planetario. De allí la necesidad de una arquitectura democrática supranacional capaz de coordinar regulación tecnológica, supervisión financiera, control antimonopólico y redistribución fiscal a nivel global. La democracia solo sobrevivirá si escala hasta el nivel en el que opera el poder.

Esto implica algo más que regular empresas: supone disputar la orientación misma de la IA y de la infraestructura digital. Los modelos de lenguaje automatizado no son, en sí mismos, instrumentos de dominación; pueden convertirse en herramientas de ampliación cognitiva al servicio del pensamiento crítico, la fiscalización del capital, la transparencia estatal y la coordinación democrática transnacional. La cuestión decisiva no es si habrá IA, sino bajo cuál régimen de propiedad, supervisión y finalidad operará.

Frente a la tríada integrada de tecnología, finanzas y poder militar que estructura el capitalismo contemporáneo, la tarea no es vigilar más a la ciudadanía, sino vigilar al capital. Si el siglo XX construyó contrapesos a través de sindicatos de masas, partidos populares y bloques geopolíticos enfrentados, el siglo XXI exige contrapesos infraestructurales: regulación coordinada, interoperabilidad pública de datos estratégicos,139 límites antimonopólicos efectivos y mecanismos globales de control sobre los flujos financieros y tecnológicos.

El tecnolibertarismo no necesita abolir la democracia: le basta con volverla irrelevante, desplazando el centro efectivo de decisión hacia sistemas que no elegimos y que no controlamos. Cuando los algoritmos determinan qué vemos, los mercados financieros condicionan políticas en tiempo real y las plataformas privadas organizan la deliberación pública, el poder ya no reside exclusivamente en quienes ocupan cargos electivos. En este escenario, lo decisivo es recuperar la capacidad efectiva de decidir, de ordenar la información y de condicionar las opciones disponibles. La cuestión decisiva del siglo XXI no será únicamente quién gobierna, sino cuáles infraestructuras concentran el poder real.

[Fotos: prensa Marea Editorial; Europa Press; Reuters/ Kim Kyung-Hoon/ Archivo]