La sorpresiva renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, se confirmó este martes tras publicarse el decreto presidencial que ordena el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.
Esta decisión, inscrita formalmente en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, coloca una de las reliquias más icónicas de la independencia argentina en el corazón de un debate institucional y político que trasciende el ámbito museístico.
El decreto 81/2026, publicado este martes, estipula que el histórico sable dejará de estar expuesto en el Museo Histórico Nacional para ser ubicado en el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, localizado en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad de Buenos Aires. La normativa enfatiza que el regimiento, fundado por el propio Libertador, será responsable de la preservación, seguridad e integridad de la pieza, según lo dispuesto por los protocolos vigentes.
Rodríguez Aguilar había asumido el cargo en agosto de 2025, cuando se le comunicó al entonces director Gabriel Di Meglio.
La medida supone la derogación del Decreto 843/2015, que había trasladado el sable al museo para su exhibición permanente, aunque formalmente la custodia siguió bajo responsabilidad militar.
Así, el Gobierno justifica este retorno a la unidad militar como una acción que “restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional”.
La controversia cobró fuerza en los últimos días, especialmente desde que se confirmó que la entrega oficial se realizará este sábado en el parque histórico Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, lugar emblemático en la historia de la independencia argentina. La normativa resalta que el sable fue cedido al Estado Nacional en 1897, integrando desde entonces el patrimonio público argentino para asegurar su conservación y custodia.
El Ejecutivo recordó en el decreto que la pieza fue objeto de robos en los años 1963 y 1965 durante su permanencia en el museo, circunstancia que, a juicio de las autoridades, justificó la adopción de medidas más estrictas de protección. En 1967, el Decreto 8756 dispuso que su guarda y custodia definitiva correspondiera a los Granaderos.
La más reciente disposición oficial sostiene que la medida se enmarca en la obligación estatal de fortalecer el resguardo de símbolos fundacionales. En palabras del Gobierno, “la presente medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”.
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